El Ministerio de Justicia, dirigido por Juan Carlos Campo, ha anunciado hoy que convocará 300 nuevas plazas para la categoría de juez y abogado fiscal, «destinadas a la sustitución paulatina de empleo temporal y a la cobertura de las necesidades de la Administración de Justicia».
Esta oferta responde a la convocatoria aplazada en marzo debido a la declaración del estado de alarma.
Indica que el ministro ya se lo comunicó el pasado viernes a la Comisión de Selección en una carta.
Como el año pasado y el anterior, la oferta para ambas carreras será de 300 plazas, umbral máximo previsto en la Ley 6/2018, de Presupuestos Generales del Estado para 2018, prorrogados en 2020.
Estas plazas podrán convocarse mediante el preceptivo acuerdo de la Comisión de Selección, previa propuesta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Ministerio de Justicia, conforme a lo establecido en el artículo 306.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).
Las cuatro asociaciones judiciales –La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Foro Judicial Independiente (FJI)-p ublicaron ayer un comunicado pidiendo dos cosas: Que se convocaran sin demora las 300 plazas que se han tenido que suspender este año, y que las 240 previstas para el próximo año también se incrementen a 300.
Ambas peticiones también se las habían trasladado el pasado jueves APM, AJFV FJI a los principales grupos parlamentarios, salvo al PSOE, con el que tienen previsto reunirse en los próximos días.
Señalan que las 240 inicalmente previstas en ese proyecto de presupuestos son insuficientes porque ni siquiera cubrían la tasa de reposición, llegaban después de un año sin ninguna nueva plaza y, además, representaban un 20% menos que la última convocatoria (2019).
Los magistrados Manuel Almenar, presidente de la APM; Jorge Fernández Vaquero, portavoz nacional de AJFV; y Concepción Rodríguez, presidenta de FJI también les insistirles en que cambien el sistema de elección del CGPJ ya, y que los jueces puedan elegir a los 12 vocales judiciales.
También presentaron en el registro de la Cámara Baja el Manifiesto Ciudadano por la Independencia Judicial impulsado por asociaciones de jueces y de fiscales para que se modifique la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), «no como pretende la propuesta de reforma con la que siguen amagando PSOE y Podemos para politizar más aún el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), sino para todo lo contrario: para despolitizarlo de una vez y de verdad permitiendo que todos los jueces españoles puedan votar a 12 de los 20 vocales de este órgano».
La reunión con el ministro iba a tener lugar aquella tarde, pero finalmente fue aplazada por motivos de agenda y está previsto que se celebre en los próximos días.
La Unión Progresista de Fiscales también había pedido que se convocaran sin demora las oposiciones a la Carrera Judicial y Fiscal con un aumento significativo de plazas.
La Asociación de Fiscales, AF, viene reclamando un incremento de las plazas de fiscales no solo por la ausencia de convocatoria este año de oposiciones, sino porque de atribuirse la investigación al fiscal manifiesta que «será imprescindible hacer un estudio serio y ponderado del aumento de plantilla necesario para asumir las nuevas funciones en condiciones de efectividad y de agilidad».
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