El magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, Joaquín Delgado Martín, subrayó la importancia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (ODS/ONU), la hoja de ruta para avanzar durante el periodo 2015-2030 hacia un desarrollo que satisfaga las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades, aplicados a la Administración de Justicia.
Fue durante el debate virtual organizado por el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), titulado «Objetivos de Desarrollo Sostenible: Una justicia para todos en tiempos de pandemia». En el mismo participaron Francisco de Borja Vargues, secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia del Ministerio de Justicia, Juan Martínez Moya, magistrado y vocal del Consejo General del Poder Judicial de España, y María Fernanda Rodríguez, especialista en Género y Derechos Humanos, consultora Internacional y exviceministra de Justicia de Argentina.
«El sistema de justicia está llamado a desempeñar un papel fundamental en el cumplimiento de los ODS», afirmó Delgado, uno de los grandes expertos españoles en este campo.
«Porque, por un lado, se encuentra directamente afectado por el Objetivo 16, que se refiere a la ‘promoción de sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, la provisión de acceso a la justicia para todos y la construcción de instituciones responsables y eficaces a todos los niveles’. En concreto, cabe destacar el apartado 16.3 relativo a “promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos, así como el apartado 16.b, es decir, ‘promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible'», explicó.
«Y por otra parte, la Administración de Justicia tiene una relación estrecha con otros ODS: el Objetivo 1 (Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo); el Objetivo 5 (Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas); y el Objetivo 10 (Reducir la desigualdad dentro y entre los países)», precisó.
También tiene una importancia decisiva en relación con todos los ODS (transversal) dada la relevancia de la tutela judicial de cualquier derecho que se reconozca a las personas y grupos vulnerables, en cualquier ámbito. De esta manera, la justicia constituye el eje que ha de desplegar efectos en relación con los 17 ODS, contribuyendo a la cohesión social y a la reducción de la desigualdad mediante una justicia inclusiva.
LA SITUACIÓN DE LA PANDEMIA ESTÁ DETERMINANDO QUE AUMENTE LA INTERVENCIÓN DE LA JUSTICIA
Y que se modifique.
En opinión del magistrado, «es necesario encontrar formas innovadoras de atender a la demanda de justicia derivada de la pandemia, de tal manera que se otorgue un acceso efectivo a la justicia de los ciudadanos y empresas con problemas de deudas y de insolvencia; a las personas que pierden sus empleos y/o se ven compelidas hacia la economía sumergida o informal; a quienes tienen dificultades para atender a sus compromisos financieros o arrendaticios de la vivienda; a los ciudadanos que esperan unos servicios públicos de calidad cuyo funcionamiento se ve afectado por la pandemia; a las víctimas de los fraudes y usurpaciones de identidad online; a quienes sufren una crisis conyugal generadora de conflictos familiares; a la víctimas de violencia de género…Como vemos, los ODS devienen aún más relevantes para abordar los desafíos sociales y judiciales en época de pandemia».
Por ello, afirmó que sería necesario abrir una reflexión sobre las consecuencias del cumplimiento de los ODS en su aplicación al sistema judicial español. Y, por tanto, sobre los compromisos que han de ser asumidos para avanzar hacia una justicia para todos (inclusiva) centrada en las personas (necesidades de tutela judicial); analizando la relación de los ODS con los principales problemas de acceso a la justicia en España, especialmente en relación con las personas y grupos más vulnerables: migrantes, personas adultas mayores, determinadas categorías de víctimas (trata de personas, libertad sexual…) y minorías étnicas.
A su juicio sería necesario acometer acciones destinadas a implementar los ODS en el ámbito de la justicia mediante los siguientes elementos:
PRIMERO
Impulsar la creación de una arquitectura institucional (foro, observatorio…) que facilite la implementación y seguimiento de los ODS en el ámbito de la justicia, posibilitando la colaboración y cooperación interinstitucional, la participación de las entidades de la sociedad civil, así como el intercambio de experiencias y buenas prácticas.
SEGUNDO
Potenciar la incorporación de los ODS en la planificación y organización de actividades de las diferentes entidades del sector justicia: Administraciones prestacionales (Ministerio de Justicia y CCAA), Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía General del Estado Colegios profesionales (abogados, procuradores y graduados sociales), asociaciones profesionales y sindicatos…
TERCERO
Fortalecer las capacidades de quienes prestan servicio y colaboran con la Administración de Justica, mediante seminarios, talleres, cursos y otras actividades de formación.
CUARTO
Participar de forma activa en actividades internacionales, promoviendo la introducción de los ODS en las respectivas agendas y generando espacios para el diálogo y el intercambio de información y experiencias.
