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Alfonso Lamadrid, la «pica en Flandes» de Garrigues en Bruselas en Derecho de la Competencia y de la Unión Europea

Alfonso Lamadrid, socio de Garrigues en Bruselas, y Carlos Berbell, director de Confilegal y del programa de radio Foro Confilegal Santander Justicia, en la instantánea que se tomó en la sala de reuniones de Garrigues en Bruselas, desde donde se emitió el programa. Foto: Confilegal.
| | Actualizado: 14/01/2021 18:42

Alfonso Lamadrid tiene 37 años, nació en Reinosa, Santander y es socio de Garrigues en su despacho de Bruselas, donde tuvo lugar el programa Foro Confidencial Santander Justicia, presentado y dirigido por Carlos Berbell, en el que el abogado fue entrevistado.

La oficina no está físicamente en Flandes, pero sí a una distancia de pocos kilómetros del histórico territorio que en el pasado perteneció a España.

Lamadrid, especializado en derecho de la competencia y de la Unión Europea, es la «pica en Flandes» de Garrigues. Y no es en sentido figurado. Los directorios internacionales Chambers, The Legal 500, Best Lawyers o Acristas Star Lawyers así lo han reconocido públicamente.

«Es un abogado de ensueño en el que se combinan habilidades técnicas del más alto nivel y habilidades absolutamente excepcionales en las relaciones públicas», publicó Chambers en 2018. «Uno de los abogados más brillantes de su generación (…) los clientes se entusiasman con Lamadrid  porque ‘piensa estratégicamente, es inteligente, empático y entiende el negocio», repitió en 2019 el mencionado directorio.

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Lamadrid le quita importancia a los elogios. «Se trata de estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado y de tener mucha suerte. Los asuntos en los que trabajamos no son de un único abogado sino de un equipo. Es cierto que el perfil de despacho a nivel internacional ha crecido una forma sorprendente en temas de competencia. Y eso es único para un despacho nacional».

Pinchando sobre la imagen se tiene acceso al programa de radio completo alojado en Youtube.

CASO GOOGLE

Pero los hechos son los hechos. Lamadrid es uno de los cuatro abogados –y hay muchos en Bruselas– que representan a Google en su batalla por quitarse la sanción de 4.340 millones de euros que le impuso la Comisión Europea por supuestamente abusar de su posición dominante en relación con el sistema operativo Android. 

«Desde Garrigues, en Bruselas, trabajamos para muchos clientes y distintas plataformas. En el caso de Google estamos trabajando distintos abogados de distintos despachos. Es un asunto especial por muchas razones. No vamos a entrar en el debate de si la Comisión acertó o no. Evidentemente nosotros no estamos de acuerdo. Creemos que fue un error cuestionar el sistema de negocio que permitía a Android ser el sistema operativo más abierto y más competitivo del mercado», explica.

«Este asunto tiene varias vertientes. La que más ha llamado la atención es la preinstalación de determinadas aplicaciones que con la de búsqueda de Google y el navegador Google Chrome en su propio sistema operativo», aclara.

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«La Comisión cuestiona que Google tenga el derecho a preinstalarlos en los dispositivos Google Android  porque considera que eso puede reducir oportunidades a sus competidores. Nosotros creemos que, en el sistema actual, en el que es tan sencilla la descarga de aplicaciones, donde no existen obstáculos para reinstalar, en paralelo, las aplicaciones, el que Google ofrezca todos los servicios de forma gratuita, que necesita monetizar distribuyendo sus propias aplicaciones, no solamente es justificado sino pro competitivo«, subraya. «Este es el debate».

El caso está en el Tribunal General de la Unión Europea, el TGUE, la primera instancia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). ¿Plazo de resolución? En torno a tres años. «Y es realmente rápido. Porque el volumen de trabajo es muy grande», señala. Depende del resultado, cabría la posibilidad de recurrir en casación ante el TJUE.

DERECHO DE LA COMPETENCIA Y NUEVA LEY DE MERCADOS DIGITALES

Lamadrid es uno de los grandes especialistas internacionales en derecho de la competencia.

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«El derecho de la competencia es un derecho desconocido para el gran público pero que tiene una gran incidencia en la vida de la gente. La aplicación prácticas se realiza por dos vías. Por un lado, la vía administrativa, la misión ha sido asignada a las autoridades de competencia, la Comisión Europea en primer lugar, las autoridades nacionales de competencia que tenemos en cada estado miembro, la CNMC; en España tenemos un tercer nivel, que son las autoridades autonómicas», relata.

«Y por otro lado, se aplican por vía privada, por parte de los tribunales ordinarios. Los Juzgados de lo Mercantil, pero también otros tribunales», cuenta.

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Las futuras leyes de los Mercados Digitales y de los Servicios Digitales, que se están gestando en el seno de la Unión Europea, tienen mucho que ver con esto.

«El derecho de la Unión Europea y el Derecho de la Competencia son derechos muy dinámicos, distintos, quizá, a lo que solemos estar acostumbrados. Están en permanente evolución. Lo que se votó recientemente es una propuesta de revolución en muchos sentidos. Va más allá de lo que estamos habituados», cuenta.

Algunos expertos han afirmado que es la peor pesadilla para grandes operadores como Google, Amazon, Facebook o incluso Apple. ¿Por qué? «La propuesta responde a una cierta inquietud que existe entre empresas y el gran público acerca de la preponderancia de ciertas plataformas digitales. La Comisión Europea tiene derecho a tratar de regular estas cuestiones pero ambién tiene la responsabilidad de acertar y de hacerlo bien».

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Es una propuesta muy ambiciosa, dice, «que tiene el potencial de afectar de una forma muy significativa en la que muchas plataformas conducen sus negocios y que puede cambiar el modelo de negocio de algunas de ellas de forma relevante. Es lógico que exista cierta preocupación, no solo entre las que puedan verse afectadas por la norma, sino también entre expertos juristas porque esto puede tener incidencia en las normas que venimos aplicando. Es un cambio de reglas en toda regla».

«Aquí estamos hablando de ciertas empresas que se considera que tienen un papel especialmente significativo en el mercado interior, que tienen capacidad de hacer cosas, de dictar reglas de acceso a clientes. Es lo que considera la Comisión Europea. Es en lo que basa su propuesta. Y, precisamente por ello, propone someterlos a obligaciones especiales y a unas reglas que no se aplican a los demás. En cierta medida eso ya ocurría con el derecho de la competencia. La prohibición de abuso de posición de dominio hace precisamente esto y pone una responsabilidad especial a ciertas empresas que les impide hacer otras cosas que son legítimas cuando las hacen otras empresas».

«Esto va un paso más allá –prosigue–. Porque impone esas obligaciones más allá de una posición de dominio. Las impone a una serie de plataformas definidas en base a otros criterios e impone obligaciones  y prohibiciones que en ciertos casos se solapan con las que imponen el derecho de la competencia y otras van más allá de lo que podría llegar a imponer el derecho de la competencia», remacha.