La Abogacía no tiene quien le escriba

Me disponía a inhibirme y no emitir opinión sobre el Anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia, que el Consejo de Ministros ha aprobado recientemente, pues ciertos prejuicios personales sobre la solución extrajudicial de conflictos que siempre me han acompañado, incluso cuando he sido nombrado Árbitro por alguna Corte renombrada de Arbitraje, podría hacer que me subiera la tensión si el texto no me resultara del todo satisfactorio.

Por otra parte, comentarios escritos de compañeros que comparto, alguno en este mismo medio, así como informes de importantes firmas, siempre prestas a enseñarnos Derecho, lo que es de agradecer, ya habían agotado mi natural curiosidad por investigar estas menudencias que, en realidad, en nada deberían preocuparnos pues están lideradas por un extraordinario Ministerio de Justicia que piensa siempre en nosotros y en los ciudadanos.

Con esa eficiencia que caracteriza a los guardianes de nuestra convivencia consideré que tales medidas, tan bien pensadas por algún “comité de expertos”, como todas las de nuestro Gobierno, no afectarían mucho a nuestro trabajo y menos a un abogado de provincias como yo y, por consiguiente, algo cateto e inculto visto desde las alturas de los ministerios, así que “adónde voy yo a opinar” sobre nada una vez que nuestro Consejo General de la Abogacía Española, dicho con todo respeto, parece “un palmero más” de todo lo que va sucediendo en relación con nuestro decadente oficio.

Sincerándome mucho, la eficiencia procesal es, además, asunto de jueces y no de gañanes como nosotros, los abogados, pues donde hay un ministro como el excelentísimo señor Campo Moreno, o el excelentísimo señor Grande Marlaska apuntando lo que el otro no sepa, siendo jueces los dos como sabemos, nada pintamos simples picapleitos que no hemos hecho oposición, dado que nunca nuestra mediocre inteligencia alcanzaría la meta de ser funcionario público aprobando los correspondientes exámenes para ello.

Mira que mi pobre padre me lo dijo: se boticario, hijo, o haz oposición, y me empeñé en no hacerle caso.

Pero no es momento de complejos, cincuentón sobrado que soy, debí pensarlo antes.

Por eso en el confinamiento, con el cese de la actividad judicial durante tres meses, consciente de mi innoble condición, fui tan comprensivo con todo el colectivo de la Administración de Justicia aunque yo, como el resto de los autónomos, confieso, veamos todo esto de modo… algo distinto.

Es verdad, me arrepiento de mi pensamiento, que encima enfermé gravemente de COVID, debo ser escoria pues escondo ese vulgar e insolidario sentimiento.

LECTURA DEL ANTEPROYECTO

Sin embargo, hoy estaba aburrido en mi domicilio viendo las nevadas de toda España en televisión y, en ese ambiente bucólico y de ensoñación me acuerdo de repente del Anteproyecto, una cosa lleva a la otra, así que me dije: “Vamos a leernos ese texto, que me han dicho que está enmarcado dentro de la Estrategia Justicia 2030 y conectado con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el Plan de la Unión Europea Next Generation, y tiene que ser una pasada”.

Y así lo hice.

Como esta mañana de enero veo todo nublado y gris, ausente el sol y el color desde mi ventana por efecto de la nieve, de la lluvia y del mal tiempo que se extiende por toda España, una vez me leí la Exposición de Motivos de nuestra futura norma, no saliendo mediante métodos naturales de la estupefacción por cuanto leía, quise animarme dándome palmaditas alentadoras en la cara para ver si soñaba, despertaba y salía del trance, con poco éxito, por cierto, para mi desgracia.

Cerraba los ojos y los volvía a abrir para ver si la pesadilla terminaba.

Pero era verdad lo que leía, como la canción, “ahí está, ahí está el Anteproyecto….”, nevado como la Puerta de Alcalá, según me cuenta mi hijo esta mañana en la capital, pues nevado está también el texto de expresiones extraordinarias que en nada se parecen a los rancios preámbulos del pasado y a esa técnica sagrada de anticipar el “espíritu de la ley” con buenas razones fundadas en Derecho, redactadas por esos técnicos a los que llamábamos “el legislador”.

Ahora caigo en que hacerlo así debió ser técnica franquista que la Memoria Histórica no alienta en tiempos como los actuales en los que lo colectivo, lo almibarado y asambleario se lleva mucho mejor y está de moda.

Ahora, una vez leída la norma al fin, quiero trasladarles mi entusiasmo.

Pero debo ser templado en tono y extensión para mantener su atención.

Por otra parte, coleccionar esas perlas cultivadas de la larga Exposición de Motivos del Anteproyecto me llevaría toda la mañana y no es plan que me convenga del todo pues, mi señora, compañera de profesión por cierto, entregada hoy con profusión a la elaboración de un sabroso cocido madrileño, podría penalizar mi curiosidad si tardo mucho en sentarme a la mesa e impedirme como castigo degustar tan excelente y exquisito plato para un día frío y desangelado de invierno, así que me limitaré solo a unas pocas citas de las tantas como ilustran este trabajo legislativo tan sofisticado.

Creo que no entraré mucho en lo que se reforma pues, al terminar de leer este texto tan bonito, sus giros y bocardos consiguen que ni te acuerdes del contenido.

Debe ser para evitar el sufrimiento de aprender otra nueva e histriónica norma, y para que nos fijemos más bien en los motivos que se persiguen que se nos regalan, a los profanos, escondidos en su redacción como una especie de salmo responsorial, pues sigue esa pauta de misa dominical: “Repetid conmigo”.

Y así dirá la Ley, si nadie evita este parto, que su objetivo principal es dar respuesta a las consecuencias de la COVID-19, pues, según el ministro de Justicia, que es quien la secunda, se trata de “un nuevo instrumento para avanzar en el Sistema Público de Justicia, pensando en el ciudadano y poniéndolo en centro de toda la gestión”.

EL LUGAR QUE MERECE

Comienza el Anteproyecto, no obstante, diciendo que: «El sistema de Justicia de nuestro país padece desde hace décadas de insuficiencias estructurales, algunas de las cuales sin justificación, que han dificultado que ocupe plenamente el lugar que merece en una sociedad avanzada».

Me pellizco al leerlo, pues me felicito de esa reflexión, ya sabíamos nosotros que algún tufillo de eso había y, albricias, al parecer el problema es ese, por fin detectado, que el sistema, con nosotros dentro, no ha merecido un lugar mejor en nuestra sociedad hasta el momento.

Vamos, que todo ha sido una indigna bazofia en nuestro Estado de Derecho, pero que ahora los hombres de Harrelson han venido a socorrerlo.

Sigue diciendo el Anteproyecto respecto de la Justicia, absténganse de leer menores de edad: “Con palabras del constitucionalismo moderno, este servicio público precisa de legitimidad social tanto como de eficiencia”.

Esto es, nos explica que hemos vivido sin legitimidad en todo lo que hacemos sin nosotros saberlo, así lo ha debido ver la sociedad desde hace décadas, y ahora el sistema se va a convertir en un pastelito con cuatro vueltas de tuerca de este valiente y formado ministro.

Y es un alivio pues me pregunto si la corbata oscura y la toga que hemos llevado, tanto jueces como letrados, no haya sido más bien una burla, un disfraz que vestimos durante siglos los que trabajamos en una de las profesiones más antiguas de la historia.

Siempre junto a prostitutas en ese mérito de la antigüedad, pero ahora, al parecer de la norma, sí que tendremos dignidad y reconocimiento social, como los médicos, a partir de las ideas de nuestro Ministro. Y eso nos da otra categoría ante la familia y ante los amigos.

Sigamos leyendo, pues sin esa lírica del “nuevo legislador” no comprenderíamos el espíritu de la norma, y así continúa el poeta diciendo, en la rica exposición de motivos, que: “En este contexto, también es responsabilidad de la ciudadanía contribuir a la sostenibilidad del servicio público de Justicia. La justicia emana del pueblo, como también radica en el mismo el sentido de lo justo, por lo que se ha de propiciar la participación de la ciudadanía en el sistema de Justicia. Ya se hace en el ámbito penal con la institución del jurado, y es conveniente también abrir la justicia civil, social -e inmediatamente después la contencioso-administrativa- a los ciudadanos para que se sientan protagonistas de sus propios problemas y asuman de forma responsable la solución más adecuada de los mismos, especialmente en determinados casos en los que es imprescindible buscar soluciones pactadas que garanticen, en lo posible, la paz social y la convivencia».

LOS ABOGADOS Y JUECES NO SABEMOS COMPARTIR

Sin desperdicio, y es que los abogados y los jueces no sabemos compartir, tiene que ser “el pueblo” quien asuma las riendas, fíjense en el jurado, eso sí que es Justicia y no las simplezas privadas a las que nos venimos dedicando hasta ahora, todo el día en nuestros asuntillos.

Llegados a este punto yo quisiera que la Divina Providencia me diera un don, del cual carezco, para explicar con la solemnidad que merece lo que quiere decir “el nota”.

A ver, pienso que es pura sociología pedagógica que desde el Ministerio se impartan estas novedades con criterio y sería lamentable no apreciar su esfuerzo pues tan vanguardistas principios deben en el futuro contaminar más la técnica jurídica, antigua y desgastada, y es que quienes no hayan caído en la cuenta deben estar poco dotados para temas de enjundia y no sabrán responder a la cuestión de para qué la Administración de Justicia va a poner más medios, más jueces y funcionarios a su servicio si esto puede ser fácilmente resuelto, por ejemplo, gracias a nuestro Ministerio, como la antesala del IKEA o del Leroy Merlin, o sea, “móntelo usted mismo, sea responsable, hombre, que no es tan complicado”.

La Justicia para el pueblo, con dos… bemoles.

EL DESENLACE

Qué ignorante he sido todo este tiempo, y es que no está hecha la miel para la boca del asno, ahora lo veo todo claro y me gustaría explicarlo, aunque fuera en “panocho” que es el idioma de los murcianos, pero la prudencia me exige llegar al final del artículo con energía, reservando un desenlace de altura como en las buenas novelas de bandera.

Cómo deseo, de tan alborotado como estoy de la emoción, que empiecen mis clases de Derecho para poder contarlo a mis alumnos, así que termino pronto mi profundo análisis.

Dice también esa excelsa exposición lo siguiente: “Con la introducción de estos mecanismos, ya consolidados en el derecho comparado, se cumple la máxima de la Ilustración y del proceso codificador: que antes de entrar en el templo de la Justicia, se ha de pasar por el templo de la concordia. En efecto, se trata de potenciar la negociación entre las partes, directamente o ante un tercero neutral, partiendo de la base de que estos medios reducen el conflicto social, evitan la sobrecarga de los tribunales y son igualmente adecuados para la solución de la inmensa mayoría de las controversias en materia civil y mercantil».

En estos momentos, queridos compañeros, tomo en mi mano, de modo delicado, después de leer esto, uno de los pañuelos blancos impolutos de hilo egipcio que me regaló mi querida suegra hace años para secar las lágrimas de la emoción que me infunde ese párrafo magnífico, pues no quiero que me vean llorando mi mujer y mis hijos que ya me llaman a la mesa para disfrutar del cocido.

Debería continuar, pero no quiero, lo que sigue a continuación de tan épica exposición desde el punto de visto sustantivo no es sino consecuencia de lo anterior. Ironía fina aparte es una vergüenza todo esto y es que nada bueno podemos esperar de esta nueva técnica extrajurídica licenciada en pactos y conveniencias, ahora bajo el paraguas del colapso de la Justicia.

Debería citar en estas líneas, para trasladar de verdad todo lo que se oculta, especialmente todo lo que concierne otra vez a los sistemas disuasorios de la Administración de Justicia, el sistema de mediación obligatorio, las figuras del “experto independiente” y del “tercero imparcial”, la ausencia de jueces en todo este proceso, la falsa confidencialidad, la incursión genérica de “profesionales del Derecho”, abogados, procuradores, graduados sociales, notarios y registradores, al mismo tiempo, en la labor de decidir ellos los conflictos sean cuales sean las experiencias y habilidades individuales, enfrentándonos en competencias distintas que ahora serán compartidas.

Ya cuesta mantener la credibilidad del sistema en manos de Sus Señorías para que ahora intercambiemos pruebas y razones y las sentencias las pongamos nosotros entre amigos en la cantina.

Y deberíamos citar también los nuevos costes en tiempo y en dinero antes de hacer uso directo de la Justicia, como si nadie apreciara los muchos intentos que los abogados hacemos por evitar el conflicto.

Pero lo peor de todo, sigan leyendo solos, es que el Consejo General de la Abogacía no haga ni diga nada al respecto y veremos pronto cómo, bajo la falsa ilusión de los abogados y de su torpe y bobo silencio, nos roban definitivamente la cartera y el aliento.

Y es que, parafraseando el título de la obra de Gabriel García Márquez, cada vez estoy más convencido, como a su “coronel”, de que “La Abogacía no tiene quien le escriba”.

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