El Pleno del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) aprobó ayer por la tarde, por unanimidad, una declaración en la que reclama la aprobación inmediata de la reforma legislativa que permitiría a los mutualistas alternativos acceder al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).
La institución advierte de que la situación es «inaplazable» y que miles de abogados y abogadas no pueden seguir esperando.
La reforma, que durante años pareció políticamente imposible, ha alcanzado ya el consenso necesario para prosperar en el Congreso. Ahora, el escollo es el tiempo.
La tramitación parlamentaria ha llegado a un punto decisivo.
Los grupos parlamentarios acordaron, el pasado 28 de abril, cerrar la ponencia de la proposición de ley para la integración en el RETA de profesionales adscritos a mutualidades alternativas.
Y fijaron, para el próximo 20 de mayo, la reunión de la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en la que se abordarán los planteamientos de unos y de otros.
La Abogacía, en este comunicado, exige a los grupos políticos un «último esfuerzo» para cerrar el acuerdo antes de la votación definitiva.
El problema que arrastra este colectivo tiene más de tres años de historia. Durante ese tiempo, asociaciones, sindicatos y compañeros individuales han presionado en todas las direcciones posibles: movilizaciones, «lobby» político, traslado de las reivindicaciones a las instituciones europeas.
El resultado fue lograr un consenso que, admite el propio Consejo General, «en un primer momento parecía inalcanzable».
Pero el consenso no es suficiente si no se traduce en ley. Y el reloj corre.
Las movilizaciones convocadas para el 8 y el 23 de mayo son la muestra más visible de esa presión acumulada.
La Abogacía no oculta que hay margen para mejorar el texto que irá a votación: aspectos técnicos que corregir y un alcance de la norma que, a su juicio, podría ampliarse.
«Hay margen y voluntad para corregir», señala la institución, que pide que esa mejora se materialice ahora, antes de que el texto quede bloqueado o diluido.
El trasfondo del conflicto es la precariedad. Los abogados que cotizaron a través de mutualidades alternativas al sistema general de la Seguridad Social están excluidos de los derechos que sí tienen quienes cotizaron al RETA.
Para muchos, eso significa pensiones indignas tras décadas de ejercicio profesional. El CGAE lo resume sin ambages: los profesionales de la abogacía, «piedra angular del Estado de derecho», no pueden verse abocados a la precariedad tras una vida al servicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos
