Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como "el pequeño Nicolás", en una de sus comparecencias en los juzgados. Foto: EP.
La Fiscalía pide 7 años de cárcel para el «pequeño» Nicolás en el juicio que comienza el martes
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17/1/2021 13:30
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Actualizado: 17/1/2021 13:30
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Por los delitos de usurpación, cohecho y falsedad en documento oficial, al hacerse pasar, en el curso de un viaje que realizó el 13 de agosto de 2014 a Ribadeo, Lugo, por un enlace de la Vicepresidencia del Gobierno y de la Casa Real.
El juicio contra Francisco Nicolás Gómez Iglesias, «el pequeño Nicolás», comenzará el martes ante el tribunal de la Sección 17 de la Audiencia Provincial de Madrid.
El juicio, que se ha aplazado hasta en dos ocasiones, una por la pandemia de coronavirus y otra porque su entonces abogada denunció «presiones y coacciones» hacia ella y su familia, comenzará a las 10.00 horas del martes, aunque se espera que se extienda a miércoles y jueves.
Gómez Iglesias, que tendrá como abogado defensor a Manuel Marchena Perea, hijo del presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Manuel Marchena Gómez, será juzgado por el mencionado viaje en el que simuló ser un alto cargo para reunirse con un empresario, «con la finalidad de ganarse su confianza, sin que conste con certeza si pretendía obtener de él un beneficio económico directo», de acuerdo con el escrito de la Fiscalía.
Para ello, le pidió a un policía municipal de Madrid al que conocía de antes, Jorge González, que le proporcionara los medios policiales para «aparentar el carácter oficial».
Este agente a su vez contactó a un policía municipal de Torrijos (Toledo), Carlos Pérez.
El primero recibió del ‘Pequeño Nicolás’ un pago de 2.000 euros y dio a su compañero 400 euros.
El ‘Pequeño Nicolás’, los dos policías y cuatro conductores con sus respectivos coches a los que Gómez Iglesias había contratado y a los que hicieron creer que era un «viaje oficial» se dirigieron a Ribadeo en una «comitiva».
Los coches alquilados llevaban acreditaciones falsas del Ministerio de Interior elaboradas por el propio acusado en su ordenador, a lo que se sumaban los rotativos luminosos, aparatos de transmisión y ‘pinganillos’ que el agente González había retirado de dependencias policiales.
Al llegar a Ribadeo, fueron recibidos por un coche y dos motos de la Policía Municipal, una escolta que el ‘pequeño Nicolás’ había solicitado días antes por teléfono, identificándose como el enlace entre Vicepresidencia del Gobierno y Casa Real. También reservó mesas y plazas de aparcamiento en el Club Náutico, indicando igualmente que iría «una alta personalidad de la Casa Real».
Ya en el restaurante, Gómez Iglesias fue recibido por el alcalde de Ribadeo, al que se presentó como dicho enlace y con quien «departió brevemente», antes comer con el empresario.
El agente González interrumpió la comida para avisar al ‘pequeño Nicolás’ de que tenía una llamada de la entonces vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, lo cual era falso.
Tras la comida, regresaron con la misma «comitiva» a Madrid.
DOS POLICÍAS ACUSADOS
Por estos hechos, la Fiscalía de Madrid solicita los siete años de cárcel mencionados, la inhabilitación para ejercer el derecho al sufragio durante el mismo tiempo y una multa de 27 meses con una cuota diaria de cien euros; 81.000 euros.
Los dos policías también están acusados de presuntos delitos de usurpación de funciones públicas y cohecho pasivo.
El Ministerio Público solicita para ellos cinco años y medio de cárcel, la inhabilitación mencionada durante año y medio, y una multa de quince meses con una cuota diaria de 10 euros.
Se trata solamente de uno de los juicios que Gómez Iglesias tiene pendientes y por los que se enfrenta a un total de 27 años de cárcel por delitos de estafa, revelación de secretos o integración en grupo criminal, entre otros.
La Audiencia Provincial de Madrid ya confirmó en julio de 2018 su absolución de haber cometido un delito de injurias y calumnias contra el CNI en varios medios de comunicación por acusar al organismo de ‘pinchar’ su teléfono ilegalmente.
En este caso, la defensa del ‘pequeño Nicolás’ alegó trastornos mentales para declarar su inimputabilidad.
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