El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) celebrará el próximo jueves un Pleno Extraordinario, a petición de 10 vocales, para debatir y tomar medidas «sobre la situación creada por la negativa» de la Mesa del Congreso de los Diputados a solicitar informe al Consejo y a la Comisión de Venecia sobre la Proposición de Ley de PSOE y Podemos que limita funciones al CGPJ mientras esté en funciones.
Habían reclamado que este Pleno Extraordinario se celebrara dentro de los tres días hábiles siguientes a la presentación de la petición, que tuvo lugar el viernes, pero finalmente se pasará al jueves «por cuestiones logísticas», según han informado a Confilegal fuentes del órgano de gobierno de los jueces.
Todavía no se ha fijado la hora.
Los vocales que reaccionaron frente a la negativa del Congreso son José María Macías Castaño, María Ángeles Carmona Vergara, Nuria Díaz Abad, Martínez Juan Martínez Moya, Juan Manuel Fernández, Gerardo Martínez Tristán, José Antonio Ballestero Pascua, Carmen Llombart Pérez, Wenceslao Olea Godoy y Rafael Fernández Valverde.
El CGPJ acordó en el Pleno del pasado 17 de diciembre instar al Congreso de los Diputados para que solicitara el informe del órgano de gobierno de los jueces y de la Comisión de Venecia y a oír a las asociaciones de jueces y fiscales y demás entidades representativas e instituciones públicas del ámbito de la justicia en relación a la Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para el establecimiento del régimen jurídico aplicable al CGPJ en funciones.
Sin embargo, la Mesa del Congreso acordó el pasado miércoles tramitar por el procedimiento de urgencia esta Proposición de Ley, y rechazó los escritos del CGPJ y del PP para que la Cámara pidiera informes consultivos sobre la reforma.
Estos vocales denuncian que «con ello no sólo se desatiende la petición dirigida por este órgano constitucional, sino también las Recomendaciones (UE) 2017/1520 y 2018/103 de la Comisión Europea, las recomendaciones expresadas por el portavoz de Justicia de la Comisión Europea los días 15 de octubre y 4 de diciembre de 2020 y las que en el mismo sentido se han dirigido por órganos del Consejo de Europa».
La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial (PCIJ), asociación transversal de jueces, fiscales, abogados, juristas y ciudadanos, ha denunciado ante el Parlamento Europeo, la Comisión Europea, y la Comisión de Venecia la decisión de la Mesa del Congreso de prescindir de esos informes previos que aunque no son vinculantes realizan un análisis pormenorizado de la reforma propuesta.
Maite Pagazaurtundúa, eurodiputada de UPyD en la delegación de Ciudadanos y vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) del Parlamento Europeo, también ha solicitado a la Comisión Europea, «como guardiana de los tratados y de la salud democrática de nuestros Estados», que tome medidas para frenar la reforma del CGPJ que planea el Gobierno.
En sendas misivas dirigidas el pasado jueves a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y al comisario de Justicia, Didier Reynders, así como en una pregunta parlamentaria, la eurodiputada expone que el Gobierno de Pedro Sánchez estaría«incumpliendo» la normativa europea, pues “el derecho de la UE y la jurisprudencia de su Tribunal de Justicia exige que en toda iniciativa legislativa que afecte al poder judicial se dé audiencia a todos los sectores implicados”.
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