El juicio a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, más conocido como el ‘pequeño Nicolás’, por el viaje que hizo en 2014 a Ribadeo presuntamente haciéndose pasar por un enlace de la entonces vicepresidencia del Gobierno y de la Casa Real, se celebrará finalmente en mayo.
«Por motivos sanitarios» esta mañana se ha suspendido la vista oral del juicio que iba arrancar mañana en la Audiencia Provincial de Madrid.
La nueva vista oral del juicio ha quedado señalada para los días 11, 12 y 13 de mayo.
La Fiscalía Provincial de Madrid acusa al joven de usurpación, cohecho y falsedad en documento oficial y pide para él 7 años de cárcel.
Además, reclama una multa que ronda los 81.000 euros.
El Ministerio Público lo acusa de haber organizado un almuerzo con un empresario en la localidad gallega de Ribadeo, al que acudió haciéndose pasar por enlace entre el Gobierno y la Casa Real, para lo que tuvo que falsificar varios documentos oficiales.
El juicio ya se ha aplazado en tres ocasiones, las anteriores por la pandemia de coronavirus y otra porque su entonces abogada denunció «presiones y coacciones» hacia ella y su familia.
La defensa del joven la ejerce el letrado Manuel Marchena Perea, hijo del magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal.
Junto al ‘pequeño Nicolás’ se sentarán en el banquillo de los acusados Jorge González Hormigos, cabo de la Policía Municipal de Madrid, destinado en el Grupo de Escoltas y Protección, y Carlos Pérez López-Dávila, Policía Municipal de Torrijos (Toledo).
La Fiscalía reclama cinco años y medio de prisión para cada uno, así como una multa de 15 meses con una cuota diaria de 10 euros y una inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de nueve años.
A González Hormigos y Pérez López-Dávila los acusa los presuntos delitos de usurpación de funciones públicas y cohecho pasivo.
La detención del ‘pequeño Nicolás’ el 14 de octubre de 2014 derivó en diferentes procedimientos judiciales.
Tiene pendientes otras dos causas.
En 2018 fue absuelto de haber cometido un delito de injurias y calumnias contra el CNI en varios medios de comunicación por acusar al organismo de ‘pinchar’ su teléfono ilegalmente.
