La Fiscalía Provincial de Madrid ha denunciado al responsable médico de una residencia de ancianos de Madrid, M. A. R. C., a quien imputa los delitos omisión del deber de socorro y homicidio imprudente.
Según señala, no realizó un “adecuado” seguimiento de la enfermedad de un usuario, de 89 años, “ni tuvo en cuenta para su diagnóstico y tratamiento el contexto epidemiológico del país, inaplicando el protocolo vigente, y privando con ello de una adecuada atención médica al usuario”.
El representante del Ministerio Público explica que entre el 18 de marzo y el 28 de mayo de 2020 fallecieron en dicho centro 54 usuarios, de los cuales 45 tenían “síntomas compatibles” con el COVID-19.
La Fiscalía precisa que entre el 9 de marzo, “fecha en la que comenzó la etapa más grave de la pandemia, que coincidió con la restricción de visitas a las residencias de personas mayores” y el 6 de abril, “fecha en la que la residencia fue intervenida por la Comunidad de Madrid ante la grave situación que presentaba”, fallecieron 41 de los 54 usuarios referidos.
Muchos de ellos con sospecha de COVID-19, si bien la Fiscalía apunta que «no puede precisarse el número real de fallecidos por esta causa por estar la mayoría de los fallecimientos certificados por médicos externos y no guardar la residencia registro de las causas de la defunción en esos casos”.
Expone que la residencia en cuestión, a pesar de tener 156 plazas autorizadas, contaba en plantilla, con anterioridad a la crisis sanitaria, únicamente con un médico, M. A. R. C., “que atendía a los usuarios en horario de mañana, y compatibilizaba su labor con la dirección del área médico preventiva del centro, y un equipo de enfermería compuesto por 7 DUEs que debía dar servicio las 24 horas del día”.
Además, indica que entre las fechas referidas anteriormente el equipo sanitario, “ya de por sí escaso”, se vio afectado por numerosas bajas médicas y otras incidencias de carácter laboral y dejando a los usuarios sin atención médica todas las tardes y noches, además de los fines de semana.
La Fiscalía manifiesta que esa falta de medios materiales y personales llevó al médico denunciado a escribir diferentes cartas a políticos, responsables administrativos y medios de comunicación, manifestando expresamente en ellas: “No tenemos capacidad para prestar atención sanitaria a los residentes del centro”.
Añade que en el texto se indicaba, además que si en las siguientes 48 horas no recibía ayuda, su alternativa era desalojar a 60 usuarios, considerando que su capacidad real le permitía atender solo al 50% de los residentes que tenía en ese momento.
Reconocía incluso que su incapacidad de gestión alcanzaba “a aspectos tan básicos como la administración de las comidas o a la movilización básica de pacientes para evitar las escaras”, explica el Ministerio Público.
Señala que pese a sus quejas, M. A.R. C. no mantuvo contacto alguno con el Hospital Universitario Gregorio Marañón, donde a la residencia se le había designado un geriatra de referencia.
La finalidad de esa figura era ofrecer un profesional de enlace al objeto de que los médicos que prestaban sus servicios en las residencias se comunicaran con ellos en los casos sospechosos de COVID-19, “siendo aquéllos los responsables de tomar la decisión sobre la procedencia de la derivación hospitalaria de los usuarios y, en otro caso, de la prescripción del tratamiento médico que debía administrarse en la residencia”.
El protocolo de coordinación establecía un sistema de comunicación con el hospital de referencia, a fin de que fuera el geriatra de enlace quien, sobre la base de la información suministrada por el centro, realizara una valoración integral de los pacientes.
La Fiscalía subraya que M.A.R.C. “desatendiendo estas previsiones”, informó por carta a los familiares de que no se podían hacer derivaciones hospitalarias “y que, por tanto, todos los casos sospechosos de COVID-19 serían tratados en la residencia”.
Además, el representante del Ministerio Fiscal afirma que ni siquiera activó el protocolo cuando el número de casos de contagio fue en aumento y se produjeron numerosos fallecimientos, “tomando él la decisión de mantener a los usuarios en la residencia, aun sabiendo que no disponía de un adecuado servicio médico y de enfermería”.
Según expresa, paralelamente, entre el 23 y el 31 de marzo, la residencia dejó de cumplir con la obligación de informar a los técnicos sobre su número de usuarios contagiados “y cuando el día 31 de marzo retomaron las comunicaciones, el número de residentes fallecidos había crecido drásticamente, quedando tan solo en la residencia 11 usuarios asintomáticos y 77 con síntomas, sin que se conozca en este momento el tipo de asistencia, seguimiento y control sanitario que recibieron”.
Con estos datos, el 4 de abril procedió primero a reclamar a la Unidad Militar de Emergencia (UME) para una “profunda” desinfección y más tarde, ante “la magnitud de la situación detectada” se optó por la intervención del centro, siempre según el relato de la Fiscalía.
Por último, cita el caso de un usuario de 89 años, quien padecía un importante deterioro cognitivo” y que falleció el 4 de abril “a causa de un distrés respiratorio con sospecha de infección por COVID-19”.
En su denuncia, el Ministerio Público arguye que M.A.R.C no emitió “a pesar de los múltiples requerimientos que se le han dirigido”, un informe “completo” sobre el usuario, “resultando que la información sanitaria disponible no parece completa ni, en muchos aspectos, coherente con el desenlace finalmente acaecido”.
La Fiscalía concluye que el cambio de modelo de seguimiento al usuario, “unido a la sintomatología final y la causa de la muerte”, permite entender que hacia el 27 de marzo aparecieron las primeras manifestaciones de la insuficiencia respiratoria vinculada al COVID-19 que le produjo finalmente la muerte al anciano, ante lo cual, el doctor «no realizó un adecuado seguimiento de la enfermedad, ni tuvo en cuenta para su diagnóstico y tratamiento el contexto epidemiológico del país, inaplicando el protocolo vigente, y privando con ello de una adecuada atención médica al usuario”.
El pasado mes de diciembre, la Fiscalía Provincial de Madrid también denunció por homicidio imprudentea la doctora y a la gerente de una residencia privada de ancianos, A. M. G., y M. J. A., respectivamente.
Además, denunció por denegación de asistencia sanitaria a la médico y por omisión del deber de socorro a la gerente.
