Políticos y vivienda pública: Una contradicción para la ciudadanía

Me permito hacer unas reflexiones, justo en período de campaña electoral catalana, por si algún partido demuestra, al menos con sus propuestas, un interés en el principal problema de la ciudadanía: el acceso a una vivienda digna.

Soy abogada desde hace más de 30 años, y he tenido la oportunidad de acceder a la política en un breve plazo, más que suficiente  para poder constatar lo mucho que se puede hacer, y la poca o nula intención de los políticos de cambiar el estado de las cosas.

Dicho esto, quiero poner un ejemplo claro y concreto, a través de un caso que llevo, que evidencia la escasa preocupación de todos partidos políticos, en este caso, de los que nos gobiernan en Cataluña, por favorecer la creación y ampliación de un parque de vivienda pública que haga posible su acceso a miles de personas expulsadas de sus casas por la Banca o los grandes tenedores, y a aquellos otros que llegaron a nuestro país pensando en mejorar sus vidas, encontrándose con la triste realidad de un sistema que los expulsa y excluye de la sociedad.

UN CASO

Llevo la defensa de un matrimonio de exiliados de un país latinoamericano que, por su edad, se encuentra fuera del mercado laboral, lo que, a su vez, propicia, que no puedan tener ni la residencia legal en España, ni el empadronamiento, ni, por supuesto, la nacionalidad.

¿Qué propietario les va al alquilar una vivienda a estas personas sin avales, sin medios, sin recursos, condenados a la exclusión social? Ninguno, obviamente.

En este punto es donde debe intervenir la Administración Pública, para dar cobijo a situaciones como esta, desgraciadamente demasiado frecuentes.

En este caso, la Administración no debe estar para enriquecerse sino para cumplir su función de Estado Social.

LA RESPUESTA DE LA GENERALITAT

Pero resulta que el Departamento de Vivienda de la Generalitat, no sólo dispone de inmuebles en propiedad, sino que expulsa de los mismos a gente como la que he mencionado, que los habita por carecer de otro cobijo.

Con esto quiero evidenciar que la Generalitat, al igual que otras administraciones del Estado, se ha integrado dentro de este sistema capitalista salvaje, y ha perdido su horizonte social, aplicando leyes que se dictan para desahuciar a las personas que ocupan, que no pagan porque no pueden, que no tienen alternativa habitacional, lo que constituye una de las enormes contradicciones de esta Administración y de todas.

La Generalitat crea un Departamento de Vivienda, que tiene por finalidad ayudar y realojar a familias, pero teniendo bienes en propiedad, en lugar de darles cobijo, usa las mismas leyes que la banca, y expulsa a los que no tienen alternativa habitacional.

INDEPENDENCIA, ¿PARA QUÉ?

Todos dicen frases grandilocuentes y electoralistas como “queremos la independencia de Cataluña”, y yo pregunto, ¿para qué? ¿para que la nueva nación catalana siga actuando impunemente y deje de ser un Estado Social?

O frases como: “somos constitucionalistas”, “queremos que se aplique el artículo 47 de la Constitución, que establece que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”.

Pero esos mismos políticos que lanzan estos mensajes promulgan leyes que solo favorecen a la Banca, o miran a otro lado cuando nuestro Tribunal Supremo desoye una y otra vez todas las sentencias que dicta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

En España tenemos un grave problema de carencia de vivienda pública, y una enorme concrentración de vivienda en pocas manos, protegidos por los propios partidos políticos que propugnan ideas absolutamente populistas, y esta gravísima concrentración de inmuebles en unos pocos, será finalmente la que dicte las leyes y procesos, si no hacemos nada al respecto.

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