La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha rechazado la propuesta de inadmisión –realizada por la Abogacía del Estado–, de la demanda interpuesta por el PP, en la que pide que se anule el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado por su vinculación con el PSOE, principal partido en el Gobierno, del que fue diputada y ministra de Justicia.
La Abogacía del Estado ha argumentado que el partido liderado por Pablo Casado incurre en «falta de legitimación activa».
El tribunal, en su auto, que lleva fecha del pasado 4 de enero, rechaza inadmitir el procedimiento, por el momento, y aplaza la decisión sobre la legitimidad del PP en este asunto «al momento de dictar sentencia».
El Partido Popular, en respuesta a las alegaciones de la Abogacía del Estado, ha argumentado que no se puede tener en cuenta la jurisprudencia sobre la legitimación activa de los partidos políticos.
Porque, desde su punto de vista, la designación de Delgado fue «incorrecta», por lo que es «susceptible» de afectar a los procedimientos judiciales en los que el PP, o algunos de sus miembros, pueda estar inmerso.
Añade, además, como primer partido de la oposición, que el PP debe ejercer control sobre los «actos de Gobierno, tanto parlamentariamente como también mediante la interposición de los oportunos recursos ante la jurisdicción ordinaria y la constitucional».
Tras escuchar las alegaciones contrapuestas de las partes, el Supremo ha decidido aplazar su resolución sobre este asunto al momento de dictar sentencia definitiva.
«Somos conscientes que una temprana desestimación de la causa de inadmisión que ahora se alega, no impediría su reiteración en la contestación a la demanda, como establece el artículo 58.1. ‘in fine’ de nuestra Ley Jurisdiccional -explican-. Pero las razones ya expuestas impiden nuestro pronunciamiento anticipado que no podría ni estimar ni desestimar la causa de inadmisibilidad sin adentrarse en las cuestiones de fondo que deben abordarse en la sentencia».
En la demanda que presentó el pasado verano, el PP solicitaba la anulación el Real Decreto por el que se nombró a Delgado al entender que no cumple con los criterios de idoneidad e imparcialidad exigibles para dirigir la Fiscalía debido a que en la anterior legislatura fue ministra de Justicia del Gobierno de Pedro Sánchez.
El PP considera que el nombramiento de Delgado «rememora» la Ley Orgánica del Estado de 1967 del régimen franquista que otorgaba al fiscal general del Estado la función de «mero órgano de comunicación entre el Gobierno y la Administración de Justicia».
Por ello, cuestiona la designación de Delgado para este cargo, a quien califica como la «longa manus» del Gobierno, al entender que el Ejecutivo «ha renunciado a garantizar la independencia del titular de la Jefatura Superior del Ministerio Fiscal» con el fin de «situar al Ministerio Fiscal a su servicio, bajo su dependencia y con plena subordinación, como la Ley Orgánica del Estado, sin ocultamientos».
