La Fiscalía Anticorrupción ha remitido a la Fiscalía del Tribunal Supremo (TS) la denuncia presentada por el exdirigente de Podemos en Castilla-La Mancha que disputó el año pasado la Secretaría General a Pablo Iglesias en la Tercera Asamblea Ciudadana Estatal de la formación, Fernando Barredo, por presuntas irregularidades en dichas primarias.
Así lo ha acordado, la teniente fiscal de Anticorrupción, María Belén Suárez, en un auto, fechado a 1 de febrero, en el que señala que la competencia es de la Fiscalía del Supremo, al tener condición de aforados dos de las personas denunciadas, el vicepresidente segundo del Gobierno y la ministra de Igualdad, Irene Montero.
Barredo presentó el pasado mes de julio una denuncia contra el Consejo de Coordinación de Podemos -la ejecutiva del partido-, del que forman parte Iglesias y Montero, por supuestos delitos de falsedad, usurpación de identidad y revelación de secretos.
Según sostiene, en Vistalegre III se han vulnerado los estatutos y el Código Ético del partido.
Fernando Barreda, que está representado en esta causa por la abogada Celia Cánovas, manifiesta que tanto Iglesias como Montero, «con desprecio a las normas internas del partido», se presentaron a esa candidatura, «a pesar de las limitaciones establecidas en el Código Ético para el ejercicio de mas de una función pública o de más de un cargo interno».
Afirma que ni Iglesias ni Montero ni otros miembros de su equipo podían ser candidatos, porque ya ostentaban dos cargos institucionales y uno interno.
Precisa que tales irregularidades consistieron, por un lado, en la aceptación de las candidaturas de Pablo Iglesias Turrión; la ministra de Igualdad, Irene Montero Gil; la secretaria de Estado de Agenda 203o, Ione Belarra Urteaga, y la secretaria de Estado de Igualdad, Noelia Vera Ruiz-Huerta, ya que el Código Ético de Podemos, que debe cumplirse para competir en unas elecciones primarias, limita «el ejercicio de más de una función pública o de más de un cargo interno de Podemos, salvo aquellas funciones vinculadas a su condición de cargo institucional u orgánico o responsabilidades locales sin retribución».
Destaca que Iglesias era y es vicepresidente segundo del Gobierno, diputado y secretario general de Podemos, mientras que Montero, Ione Belarra y Noelia Vera eran y son diputadas y ministra de Igualdad, secretaria de Estado para la Agenda 2030 y secretaria de Estado de Igualdad, respectivamente, así como miembros del Consejo Ciudadano del partido.
Además, denuncia que «el proceso electoral, que se inicia con unas reglas», tras la suspensión por el estado de alarma «se reinicia sin previo aviso con unas nuevas reglas, dictadas por los máximos órganos del partido, habiendo formado el Equipo Técnico, responsable del proceso de primarias, candidatos de la lista presentada por Iglesias».
Asegura que se alteraron documentos para introducir nuevas candidaturas, que se alteró también el censo de votantes y se manipuló el recuento de votos.
«A partir de ese momento, comenzaron a difundirse noticias de sospechas de fraude en el proceso electoral, incluso en consultas de años anteriores», apunta.
TAMBIÉN HA PRESENTADO UNA DEMANDA
Fernando Barredo también presentó a principios de enero una demanda de protección y tutela civil de derechos fundamentales contra el partido ante los juzgados de Madrid por los mismos motivos, por supuestamente «vulnerarse» los estatutos y reglamentos» y con ello sus derechos fundamentales.
Acusa a Podemos de presunta vulneración del derecho de participación previsto en el artículo 23 de la Constitución, razón por la cual es «imperativa» la intervención del Ministerio Fiscal aún tratándose de un proceso civil.
Pide que se anulen esas elecciones primarias y se celebren unas nuevas, «con garantía de los derechos de igualdad entre los candidatos», para lo cual plantea una «fiscalización profesional externa e independiente, y la comprobación y el escrutinio públicos de los resultados».
Asimismo, solicita que se condene en costas a Podemos si se opusiese a esta demanda.
Acusa a Iglesias y su equipo de «alterar un proceso electoral jugando con ventaja, invisibilizando a la competencia, condicionando con los tiempos y los requisitos, cambiando el Reglamento sobre la marcha, modificando documentos, y lo que hiciera falta, para alterar el resultado electoral desde su posición dominante, en la que actuaban como jueces y como parte».
Barredo se apoya en el precedente que sienta la sentencia dictada el pasado 28 de diciembre por el Juzgado de Primera Instancia Número 89 de Madrid, que declaró la nulidad del proceso de primarias en Podemos para las elecciones municipales en Collado Villalba.
«Sin perjuicio de que la misma no es firme, sí es muy clara en sus fundamentos de derecho declarando probado que se había producido fraude en las citadas elecciones, por varios motivos: por no facilitar Podemos el censo ni al juez ni al demandante, por la posibilidad de eliminar votos, por el control en exclusiva por parte del partido del censo, de los votos y la prueba de su manipulación», expone en la demanda la letrada Celia Cánovas.
«Ante esta novedosa situación judicial, siendo la forma de proceder de Podemos la misma en las primarias de Collado Villalba que en las que son objeto de la presente litis, mi representado ha visto confirmadas aún más si cabe sus sospechas y no puede pasar por alto estos gravísimos hechos a fin de que este Juzgado los enjuicie y determine la nulidad del proceso electoral», destaca.
El rival de Iglesias en Vistalegre III afirma que «todo lo acontecido en la Tercera Asamblea se puede resumir en ‘yo me lo guiso y yo me lo como'».
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