PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

El auto del TSJ del País Vasco sobre el cierre de la hostelería recuerda que el Estado de Derecho no está en cuarentena

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJPV afirma, en su auto, que no se ha podido demostrar que los establecimientos hosteleros sean puntos de propagación del COVID-19.
| | Actualizado: 10/02/2021 14:16

Hosteleros, asesores jurídicos y otros empresarios muestran su esperanza ante el auto del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que ha acordado mantener la apertura de la hostelería, como medida cautelar.

Alberto Ruiz, catedrático de Derecho Administrativo y socio del despacho Cremades & Calvo Sotelo, señala que es posible que se cree un efecto dominó y que otros tribunales sigan la estela de adoptar medidas cautelares en este tipo de asuntos.

Sobre la resolución del TSJ País Vasco, Ruiz señala que aún puede tardar meses porque se está al principio del procedimiento. “Lo que los hosteleros reclaman está fijado en el artículo 3.2 de la Ley Orgánica 4/81 sobre el Estado de Alarma donde se habla de las indemnizaciones que perjudicados por estas medidas pueden reclamar”.

Respecto a dicho artículo indica que “la protección del interés general debe compensarse por los daños a terceros, sino se hubiera generado una gran injusticia. Ahora el reto es convertir esta situación en una oportunidad que golpe las vidas de tanta gente. De esa forma demostraremos la fuerza de nuestra sociedad civil germen del emprendimiento”.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Begoña Freire, responsable del restaurante Décimo e impulsora de la plataforma ‘La hostelería de todos’, explica que ya son más de un millar los empresarios agrupados en dicha iniciativa y que la decisión de acudir a la vía judicial ya se tomó hace meses. “A los hosteleros nos han prohibido el negocio, sin embargo los gastos están ahí. No perdonan a nadie. Esté generando quiebras y concursos de acreedores”.

Recuerda que el pasado año se cerraron 100.000 locales de restauración, “no solo se destruye nuestra economía, sino también cultura como país y un patrimonio de Estado. Nos han ninguneado y estigmatizado en estos últimos ocho meses”, afirma.

El estado de Derecho no está en cuarentena

Por su parte, Diego Solana, socio de Cremades & Calvo Sotelo, señala sobre el auto que “confirma algunos de nuestros planteamientos reivindicativos. El estado de derecho no está en cuarentena. Cualquier actuación de la administración está sujeta a los jueces y tribunales, incluso en un Estado de alarma”.

Al mismo tiempo en ese auto de medidas cautelares se destacan algunas cuestiones que invitan a reflexionar, “cuando el juez examina el peligro que se produce derivado del procedimiento en el tiempo, el juez llega a la conclusión de que cuando se ordena los cierres de los bares o locales, es posible que ese local nunca se puede abrir”.

PUBLICIDAD

El juez indica “que si no se adoptan esas medidas cautelares, el escenario es que esos locales se habrán arruinado y habrán desaparecido. Eso enlaza con nuestro planteamiento jurídico. Aquí hay una controversia que no está resuelta. Si estas personas que cierran sus locales tienen derecho a ser indemnizados o no. Nunca nos hemos enfrentado a esta situación o parecida”.

El juez introduce un elemento científico para levantar el cierre. “y que hay que tener en cuenta. No hay ese vínculo entre contagios y la apertura de locales, ni tampoco hay una respuesta científica de como se incrementan los contagios. Ante esa incertidumbre si debemos establecer las reclamaciones de daños y perjuicios”.

Este abogado recuerda que el auto “se limita a una situación muy concreta, pero establece una apertura temporal. Lo importante es saber si hay derecho a ser indemnizado. Creemos que el Estado tiene una deuda pendiente con el sector de la hostelería. Igual debemos esperar una sentencia del Supremo para decir quien paga todos estos gastos. No estamos cerrados a un acuerdo”.

PUBLICIDAD

Hosteleros, satisfechos

Por su parte el presidente de la Asociación de la Hostelería de España, José Luis Yzuel, explica a Confilegal cómo están los ánimos dentro del sector tras este auto del TSJ País Vasco.

El responsable del sector ha querido felicitar a los jueces «que son valientes, que les digan a Sanidad que se puede legislar pero no campar por libre, que hay que justificar las medidas, que no se puede arruinar a la totalidad de la hostelería».

PUBLICIDAD

Yzuel advierte que los documentos que están presentado las autoridades sanitarias en todas las comunidades «son para sonrojarse». «Los datos confirman que cerrar la hostelería de ninguna manera arregla la situación pandémica, al revés».

La hostelería acumula ya más de 2.000 demandas contra el Gobierno y las comunidades autónomas. Sin embargo, esta es una vía que puede tardar meses. «Son reclamaciones por el daño económico que se les está ejerciendo y por ese montón de decisiones habrá reclamaciones patrimoniales en todas las comunidades autónomas y si no hay respuesta, acabará en contenciosos».

Un auto que aclara bien este tema

Por su parte, Cristina Llop, socia de ECIJA, despacho que trabaja con Hostelería de España (CEHE) y la mayor parte de sus territoriales, señala a Confilegal que desde el mes de agosto tanto la firma como Hostelería de España, a través de sus distintas asociaciones territoriales, viene manteniendo que las medidas acordadas por las Comunidades Autónomas durante la nueva normalidad fueron adoptadas sin ningún respaldo técnico, basándose en criterios políticos de oportunidad.

PUBLICIDAD

De ahí los 22 recursos que tiene interpuestos ECIJA en nombre de CEHE por toda la geografía española y que están pendientes de ser resueltos. “Los 22 son ya en vía judicial porque van contra la legalidad de la norma por lo que no es preceptiva vía administrativa. Uno de ellos ante la Audiencia Nacional”, aclara.

Llop recuerda que son recursos en el seno de los cuales fueron dictados autos semejantes al actual, suspendiendo la eficacia de medidas de cierre o limitación horaria o de aforo (por ejemplo, los autos del TSJ de Aragón, de 14 de agosto, 14 de septiembre y 9 de octubre de 2020).

De hecho, el TSJ del País Vasco ya se había desmarcado de otros territorios también por otro auto anterior, de 14 de agosto de 2020. A su juicio, “estos recursos, al igual que este nuevo, atacan la legalidad de las medidas, algo que tiene relativa vinculación con las reclamaciones patrimoniales en las que se está trabajando ahora”.

“Evidentemente, cualquier resolución tiene importancia para el sector porque constata la desproporción y falta de justificación con la que se han adoptado las medidas, y lógicamente, podría dar lugar a nuevas reclamaciones de responsabilidad patrimonial incluso contra las Comunidades Autónomas en el caso de que, finalmente, resultase que se declara que las normas impugnadas son nulas”, aclara.

Esta jurista revela que “las reclamaciones de responsabilidad patrimonial sobre las que se está trabajando ahora se fundan en un concepto mucho más simple: la obligatoriedad de compensar a los hosteleros por el mayor sacrificio que se les ha sido exigido durante la pandemia”. Y ello porque la propia Ley Orgánica del Estado de Alarma así lo contempla de manera cuasi objetiva.

“No es preciso que se declare la nulidad de la norma para que los hosteleros exijan esa compensación que, a la postre, ya se ha acordado en todo nuestro entorno europeo sin necesidad de pronunciamientos judiciales previos”, subraya.

La noticia del auto del TSJ del País Vasco ha movilizado a la hostelería en Castilla y León. Eso ha hecho que el presidente de la Confederación de Hostelería en esa comunidad, Fernando de la Varga, considere una «gran noticia» que el tribunal vasco haya llegado a la conclusión de que no se puede demostrar que este sector sea foco de transmisión de COVID-19: «Lo llevamos diciendo desde el mes de julio. Estamos aquí para ayudar».

Fernando de la Varga confirmaba en distintas manifestaciones públicas que este miércoles decidirán si denunciar a la Junta de Castilla y León «teniendo el aliciente del País Vasco». Esta patronal ya interpuso de la mano de ECIJA, en temas de responsabilidad patrimonial, un recurso por las medidas de agosto. Por otro lado, consideran un «fiasco» el retraso del Tribunal Supremo sobre la decisión del toque de queda a las 20 horas.