Macarena Olona es portavoz de VOX en el Congreso de los Diputados, secretaria general de su Grupo y la persona que dirige todos los recursos de amparo y de inconstitucionalidad de su formación ante el Tribunal Constitucional. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
Macarena Olona: “Al okupa, patada en el culo, pero de manera inmediata”
ES DIPUTADA DE VOX, PARTIDO QUE HA PRESENTADO 12 RECURSOS DE AMPARO E INCONSTITUCIONALIDAD ANTE EL TC
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12/2/2021 16:11
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Actualizado: 12/2/2021 16:15
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Tiene 41 años, nació en Alicante. Entre 2013 y 2018 fue abogada del Estado jefe en el País Vasco. Por su trabajo, destapando la corrupción, y, en especial, por el caso Mercasa, recibió el premio «Hay Derecho». No salió indemne de aquello. A Macarena Olona Choclán, premio Extraordinario por la Universidad de Alicante, le quedaron «cicatrices» y el convencimiento íntimo de que para salvar el estado de derecho y el imperio de la ley había que dar el paso de saltar a la política.
Algo impensable doce años atrás, cuando aprobó la oposición. Macarena Olona hoy es portavoz de VOX en el Congreso de los Diputados y secretaria general de su Grupo.
De su paso por el País Vasco quedó la memoria de una abogada del Estado que impactaba por sus informes jurídicos y, especialmente, por su destreza en los interrogatorios, durante las vistas orales tanto en los juicios de lo mercantil o penales.
Una destreza que los ministros del Gobierno han sentido en primera persona en los Plenos de la Cámara Baja.
Entre las responsabilidades de Olona, mujer de la máxima confianza de Santiago Abascal, presidente de VOX y diputado, se encuentran, de forma especial y específica, los recursos de amparo y de inconstitucionalidad ante el máximo tribunal de garantías, el Tribunal Constitucional.
Desde que comenzó esta legislatura, hace 13 meses, cuenta, han interpuesto 12 recursos ante el órgano del edificio de la pirámide truncada, en la madrileña calle Doménico Scarlatti, sede del Constitucional.
Y revela que próximamente van a presentar otro: «Contra el Real Decreto-ley 1/2021, por el que se legaliza la ocupación, en caso de delito, salvo si se produce violencia o intimidación. Vamos a interponerlo en un plazo de tres meses».
«Este Real Decreto-ley 1/2021 abandona a los que tienen que ser los grandes protegidos que son los españoles. Las personas de la calle que depositan sus sueños e ilusiones en su vivienda. Los estudios constatan que una persona en Madrid dedica diez años de su salario en adquirir su casa. ¡Díez años de su salario íntegro! ¡Boom! No estamos hablando de millonarios. Hablamos de la gente corriente», añade.
¿Cómo solucionarían ustedes el problema de las ocupaciones?
Nosotros hemos presentado dos proposiciones de ley, una de ley orgánica y otra de ley ordinaria. Fueron registradas en julio pasado. Propusimos dos medidas fundamentales para que se proteja al propietario, al español que deposita sus sueños e ilusiones en su vivienda.
¿En qué consisten? En penalizar con cárcel lo que hasta ahora se penaliza con multa y en dotar de los instrumentos legales necesarios a nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para que, conforme tengan una denuncia de ocupación ilegal puedan desalojar de manera inmediata a los okupas.
Nosotros lo describimos de una forma muy gráfica. ¿Qué queremos en VOX?: Al okupa, patada en el culo, pero de manera inmediata.
Esto comenzó con el Real Decreto-ley 11/2020, con el que se inició el sendero que nos lleva a la actual situación de desprotección de los propietarios en España.
Con ese Real Decreto-ley se modificaron las situaciones de desahucio judicial cuando en el mismo, en un proceso judicial, fueran causa de un contrato de arrendamiento.
Lo que hicieron, con ello, fue trasladar a los españoles la factura de las faltas de medidas que nosotros decimos que son las adecuadas, que consisten en dotar una cartera adecuada de viviendas de protección oficial.
Durante su paso por Euskadi, donde fue abogada del Estado jefe en el País Vasco durante 5 años, se distinguió por su destreza en los juicios y, especialmente, por ser implacable en los interrogatorios. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
Es un problema que ya empieza a tener una historia larga…
Tenemos un déficit de más de 2 millones de esas viviendas. Ninguno de los gobiernos, de uno y de otro color político, han encarado este problema.
Esos desahucios judiciales se realizaban de una manera chapucera, haciendo que fueran los secretarios judiciales quienes determinaran la paralización cuando es una resolución judicial la que se tiene que adoptar, interponiendo a los servicios sociales, que ni siquiera son funcionarios públicos los que tienen que decir qué medidas son las adecuadas, obligando a las Administraciones públicas a adoptarlas.
Pero siempre enmarcado en ese contrato de arrendamiento, bien fuera por paso del tiempo, por la falta de pago de las rentas o cantidades asimilables como causa del desahucio judicial.
El recurso de amparo y de inconstitucionalidad que usted anuncia se presentará contra el Real Decreto-ley 1/2021, que es distinto de este otro, el 11/2020. ¿Por qué?
Es que es una barbaridad jurídica, impuesta por una razón ideológica. Este Real Decreto-ley 1/2021 viene a modificar otro que no tenía ni un mes, el Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, prohibiendo la ocupación solo si media violencia o intimidación, sin dar una explicación coherente en la exposición de motivos.
Un texto que venía de la mano del ministro de Consumo, Alberto Garzón, y que es un decreto ley de protección de consumidores y usuarios.
Lo metieron con calzador.
«Nos estamos convirtiendo en cómplices, en cooperadores necesarios, tanto de las mafias que están moviendo la ocupación ilegal como de las mafias que están moviendo la inmigración ilegal, por no hacer nada»
Tampoco se tiene en cuenta el problema de las mafias de la ocupación.
Yo en esto quiero recordar a Toni Miranda, presidente de la asociación antiocupas, porque está haciendo un trabajo extraordinario desde la absoluta neutralidad política. Tengo clarísimo que es una de las voces valientes que se ha levantado desde el gran conocimiento del fenómeno de la ocupación. Algo que se niega, por parte de Podemos.
Y le doy datos estadísticos completos. Son del primer semestre de 2020 donde se produjeron 40 denuncias diarias de ocupación ilegal en España. De todas ellas, la mitad se produjeron en Cataluña.
Lo que yo he podido ver en Cataluña, a lo largo de estos días, es una situación de absoluta indefensión. El ciudadano es el que ha sufrido las consecuencias del buenismo de los políticos. Lo vemos con la ocupación ilegal y con la inmigración ilegal, donde hay mafias que, igualmente están detrás y que nosotros denunciamos.
Nos estamos convirtiendo en cómplices, en cooperadores necesarios, tanto de las mafias que están moviendo la ocupación ilegal como de las mafias que están moviendo la inmigración ilegal, por no hacer nada.
El 31 de mayo se acaba el estado de alarma aprobado por el Gobierno. Mucha gente, que no ha podido trabajar, que no ha podido pagar sus letras, se va a ver en la tesitura de perder sus casas. ¿Qué plantean ustedes?
La factura no la tienen que pagar los españoles. La tienen que pagar las Administraciones públicas. Lo que hay que hacer es reforzar el parque de viviendas sociales para dar un techo adecuado a esas personas que se puedan ver en una situación de necesidad después de cumplir con sus obligaciones.
A esas personas que se les ha prohibido llevar comida a sus mesas, por las restricciones, que no van a poder pagar sus cuotas hipotecarias, porque se ven en una situación similar a la de 2012, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy optó por salvar a las Cajas de Ahorros con más de 64.000 millones de euros y abandonar a las personas. Ese año, de 2012, se produjeron 517 desahucios diarios.
No podemos permitir que se repita aquello. Aquellos desahucios dieron lugar a no pocos suicidios de personas de la clase media que no pudieron aguantar la vergüenza que suponía enfrentarse a verse sin un hogar donde cobijar a sus familias.
Lo que decimos es que el Gobierno cuando quiere puede. Porque cuando ha tenido que dar una solución a la inmigración en Canarias ha alojado a los inmigrantes ilegales en hoteles de 5 estrellas pagados por todos los es pañoles.
Yo a mis compatriotas no les doy menos. Como mínimo, hoteles de cinco estrellas.
Olona acusa al Tribunal Constitucional de inoperancia por su silencio en los 12 recursos de amparo y de inconstitucionalidad interpuestos por VOX en los últimos 13 meses.
¿Cómo tienen ustedes organizado el frente legal en su partido?
Nosotros tenemos diferenciado lo que son las acciones judiciales del partido, que están bajo la responsabilidad de mi compañera Marta Castro y, como jefe superior suyo, Javier Ortega.
Las acciones que se coordinan desde el Congreso de los Diputados y con el resto de los parlamentos autonómicos están bajo mi responsabilidad. Son, específicamente, las acciones ante el Tribunal Constitucional.
En esta legislatura, que ya tiene 13 meses, como le he contado, hemos interpuesto 12 recursos ante el máximo tribunal de garantías constitucionales.
Yo me considero una mujer de ley y orden. A mí me produce un gran dolor personal tener que denunciar públicamente la traición que está cometiendo el Tribunal Constitucional al pueblo español precisamente cuando más lo necesita. Porque no se ha pronunciado sobre ninguno de nuestros 12 recursos.
Con su silencio se está convirtiendo en cómplice de la degradación de nuestra democracia que estamos sufriendo a marchas forzadas por un gobierno social-comunista que ha colocado a la extrema izquierda en La Moncloa y que está aplicando su modelo chavista-bolivariano.
Pero hay que hacerlo porque todavía estamos a tiempo.
Con esos 12 recursos de amparo y de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional estamos sustentando sobre nuestra espalda la defensa del estado de derecho en un momento en el que estamos haciendo historia del parlamentarismo español.
«A mí me produce un gran dolor personal tener que denunciar públicamente la traición que está cometiendo el Tribunal Constitucional al pueblo español precisamente cuando más lo necesita; no se ha pronunciado sobre ninguno de nuestros 12 recursos»
¿Cuáles son esos 12 recursos de amparo?
Hemos interpuesto tres recursos de amparo contra los dos estados de alarma que se han decretado por el Gobierno de la nación y que han sido convalidados solo con la oposición de Vox. Contra el segundo estado de alarma se sumó el voto del diputado de Foro Asturias.
El resto apoyaron el estado de alarma claramente inconstitucional. Votando a favor o absteniéndose.
Si el Tribunal Constitucional hubiera resuelto, en tiempo y forma nuestro primer recurso –hace diez meses–, hoy tendríamos los mimbres ciertos a los que el Gobierno estaría sujeto.
Pero, además, de esos dos recursos, interpusimos un tercero. Recordemos que el 14 de marzo se decreto el estado de alarma y que cinco días después la presidenta del Congreso, Meritxell Battet fue atender una llamada del Gobierno social-comunista para secuestrar el Congreso de los Diputados.
Cuando la Ley Orgánica 4/1981 determina taxativamente que, durante los estados de alarma, excepción y sitio, el Congreso de los Diputados mantendrán su normal funcionamiento, lo que hizo Battet fue secuestrarlo, utilizar su mayoría en la Mesa y acordar el cierre del Congreso.
Lo que tuvo el Gobierno fue una oposición secuestrada. Acudimos al Tribunal Constitucional en amparo.
A día de hoy no hay respuesta.
También recurrimos en amparo el cordón sanitario que se ha impuesto a nuestra representante en el Parlamento Vasco, Amaia Martínez, y que ha limitado inconstitucionalmente sus intervenciones en ese parlamento en representación de los votantes de VOX.
¿Cuál fue el siguiente?
La fuente de nuestros recursos ante el Constitucional fueron los decretos leyes dictados desde el comienzo de la pandemia. 45 en total.
Nunca se ha dictado con tanta profusión legislativa. El artículo 86 de la Constitución dice que el Gobierno solo puede legislar por esta vía en casos de extraordinaria y urgente necesidad. Está claro que algunas medidas que se están adoptando no cumplen estos requisitos. Y que se ha sustraído la capacidad legislativa a las cámaras.
Recurrimos todas y cada una de las medidas adoptadas por el gobierno social-comunista en cada uno de los reales decretos-leyes cuando, bajo la excusa de luchar contra la pandemia, encontramos la inclusión del señor Pablo Iglesias en la Comisión Delegada del Gobierno que está llamada a controlar el Centro nacional de Inteligencia y a tener acceso a los secretos más sensibles de nuestra nación. Una inclusión que carece de justificación.
Nosotros lo recurrimos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.
Lo que hizo el Gobierno, para desactivar nuestro recurso, fue modificar la Ley del CNI de 2002, a través de uno de estos reales decretos-leyes. Nosotros, ante ese jaque, respondimos con un jaque mate interponiendo un recurso de inconstitucionalidad.
No nos cabe la menor duda de que vamos a ganarlo.
Igualmente hemos recurrido, ante el Tribunal Supremo, el nombramiento de Dolores Delgado. La pasada semana los medios de comunicación, ustedes, informaron sobre la estimación por la Sala Tercera de la petición del PP de continuar con el recurso.
Macarena Olona en una foto tomada el pasado martes, cuando denunciaba, en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados las agresiones sufridas por compañeros del partido durante el periodo electoral catalán. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
Ustedes habían presentado otro…
Lo cierto que es que fuimos nosotros, VOX, el primer partido que, el pasado mes de febrero, interpuso ese recurso. El PP lo hizo tres meses más tarde. En términos totalmente coincidentes con el de VOX.
Los dos partidos solicitamos lo mismo, a lo que la Abogacía del Estado se opuso alegando falta de legitimación activa en ambos casos, argumentando que los partidos políticos no pueden recurrir una decisión del gobierno frente a la que no tienen un interés específico.
Otro recurso que tenemos en cartera es contra la Ley Celáa, aprobada en Cortes. Este va a ser más complicado. Pero para nosotros es fundamental combatirlo.
Vamos a atacar una cosa, de forma especial, que es nuclear para nosotros que es la eliminación del castellano como lengua vehicular en toda la nación.
Ustedes, en VOX, y usted, de forma muy particular, son muy críticos con sus colegas diputados y sus partidos.
Estamos en política porque creemos que hay otra forma de hacerla. Denunciamos que el actual estado de las Autonomías se ha convertido en el estado del bienestar de los políticos, porque denunciamos la distancia cada vez mayor –que yo veo en primera persona– entre la calle y la clase política.
Especialmente en situaciones de crisis como la que estamos pasando en estos momentos. Ante una guerra vemos esa distancia infinita entre la calle y la clase política que impone las restricciones a los ciudadanos y que ella no cumple.
Esa clase política que no solo no se reduce un solo euro sus emolumentos sino que, además, intentan subirse los salarios.
Lo intentan a través de los presupuestos del estado y lo intentan en el Congreso de los Diputados, hasta el momento en el que yo salgo en un medio de comunicación y reviento el acuerdo que se estaba llevando a cabo soto voce, en una habitación oscura que es donde tanto les gusta negociar a unos y otros miembros de los partidos.
Hemos llegado para poner luz en esas sombras en esas cloacas políticas. Esa es la realidad.
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