La Unión Progresista de Fiscales (UPF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) exigen al Ministerio de Justicia la adopción de «medidas inmediatas» ante las necesidades de la Carrera Fiscal.
En un comunicado conjunto, señalan que ayer la Fiscalía General del Estado (FGE) les informó de la reunión que esta semana han mantenido la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, así como de las necesidades de la Carrera Fiscal y las propuestas trasladadas desde la Fiscalía al Ministerio.
«Muchas de esas propuestas son antiguas reivindicaciones de estas asociaciones de fiscales, que hemos reiterado en múltiples ocasiones al Ministerio y que, sin embargo, han sido continuamente desoídas», indican UPF y APIF.
Y subrayan que son «cada vez más urgentes, más aún de cara al nuevo modelo procesal proyectado por el Ministerio de Justicia».
Por ello, exigen del Ministerio, «otra vez, la adopción de medidas inmediatas para resolver esta situación».
Reclaman la ampliación de la plantilla del Ministerio Fiscal, exclusivamente con plazas de segunda categoría, la reconversión plazas de tercera a segunda categoría, y una reforma y adecuación de los grupos de población de la Ley 15/2003, de 26 de mayo, reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal.
Asimismo, piden una revisión del sistema de retribución de las guardias, en concreto en lo que se refiere a las guardias semanales.
Además, señalan que urge dar cumplimiento a la obligación establecida en la Ley de Prevención de Riesgo Laborales (artículo 14), a cuyo fin exigen del Ministerio de Justicia la firma del Convenio con la FGE sobre Perención de Riesgos laborales que permita la urgente creación de un Servicio de Prevención de Riesgos laborales y un Plan de prevención específicos para la carrera fiscal.
La mejora del sistema de “justicia digital”, que la convierta en una herramienta de trabajo moderna y útil al servicio de todos y que garantice la seguridad jurídica es otra de sus reivindicaciones.
Ante la propuesta de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) subrayan que «se hace más necesaria si cabe la formación unificada de las carreras judicial y fiscal, cuestión que deberá abordarse de futuro».
No obstante, indican que a fin de mejorar la formación de las nuevas promociones, conviene proceder «sin dilaciones» a la unificación de la formación inicial hasta el momento en que tengan que elegir carrera.
UPF y APIF también exigen la atribución a la FGE de las competencias en materia de concursos de traslado reglados a fin de eliminar trámites e intervenciones innecesarias y garantizar la publicación periódica y su pronta resolución.
Además, piden que se proceda a la inmediata prórroga del plazo de las notificaciones al Ministerio Fiscal regulado en el artículo 151.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) en los términos de la disposición adicional 4 de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre que quedó sin efecto el pasado 31 de diciembre.
La atribución a la FGE de la condición de autoridad central en materia de comisiones rogatorias es otra de sus reivindicaciones.
De cara al futuro modelo procesal, apoyan la propuesta de la fiscal general del Estado de creación de un grupo de trabajo para elaborar un nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF). «Y exigimos nuestra presencia en dicho grupo de trabajo», añaden.
Sin perjuicio de lo anterior, también comparten la necesidad de afrontar la modificación urgente e imperiosa del EOMF para dar respuesta a múltiples necesidades orgánicas y funcionales inaplazables (Fiscalía Europea; creación de una Unidad de Protección de Datos en la Fiscalía; revisión del régimen disciplinario…).
Asimismo, exigen la publicación del nuevo Reglamento del Ministerio Fiscal.
«Para la mejor exposición y concreción del contenido, y extensión de cada una de estas reivindicaciones», UPF y APIF manifiestan que «no tienen inconveniente alguno en reunirse con el Ministerio» y ofrecen su colaboración en la consecución de estos objetivos.
