La Asociación profesional e independiente de Fiscales (APIF) denuncia que en el sistema de nombramientos y promoción profesional «no se respeta ni el mérito ni la capacidad».
Plantea que se oriente hacia un sistema “italiano» o “portugués”, «por su objetividad, evaluación continua y posibilidad de desarrollar una carrera profesional, hoy ausente en la Fiscalía».
También recuerda que las sustituciones, según establece el Real Decreto 634/14, de 25 de julio, deben proveerse primero entre miembros de la Carrera Fiscal, y en su defecto con la contratación de fiscales sustitutos.
La APIF no cree que esto se esté «respetando» en determinadas ocasiones.
Según manifiesta, «no se está cumpliendo con lo dispuesto en los artículos 2 y 8, que son claros: La sustitución externa debe de ser excepcional».
Esta asociación advierte que va a vigilar que los preceptos de dicha norma se respeten para los fiscales.
La APIF también considera «una auténtica vergüenza» el sistema de elección actual del Consejo Fiscal.
Critica que está «diseñado para que dos asociaciones cada día más identificadas con ciertos intereses tengan representación y solo ellas», en referencia a la Asociación de Fiscales (AF) y a la Unión Progresista de Fiscales (UPF), con cinco y cuatro vocales en el Consejo Fiscal, respectivamente.
Estas son algunas de las conclusiones que la APIF ha aprobado en su Congreso anual, en el que ha sido reelegido presidente Juan Antonio Frago, fiscal de la Fiscalía Provincial de La Coruña, y renovada la junta directiva.
Entre sus conclusiones destaca principalmente la reivindicación de la independencia de la Fiscalía.
El Congreso tuvo lugar el pasado 23 de enero de forma telemática. En él se debatieron los problemas que tiene la Carrera, y se aprobaron las conclusiones, que finalmente han sido redactadas y se difundieron ayer.
Junto al presidente ha sido reelegida como secretaria Silvia López Ubieto, fiscal de la Fiscalía Provincial de Madrid; como vocales repite Miguel Pallarés Rodríguez, fiscal de la Fiscalía Provincial de Las Palmas de Gran Canaria y expresidente de la asociación, se incorpora Isabel Navarro Martínez, fiscal de la Fiscalía Provincial de Sevilla, quien releva en el cargo a Micaela Arenas, fiscal en la Audiencia de Las Palmas, y continúa Ana Fernández Fontecha, fiscal de la Fiscalía Provincial de Palencia.
Salvador Viada Bardají, fiscal de la Fiscalía del Tribunal Supremo, sigue como tesorero.
EL CONSEJO FISCAL
El Consejo Fiscal está formado por tres miembros natos, que son la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan Ignacio Campos, y el fiscal jefe inspector, Fausto Cartagena.
Los otros 9 miembros del Consejo Fiscal son vocales elegidos por la Carrera Fiscal. Por la lista de la AF fueron elegidos Concepción Talón, Juan Andrés Bermejo, Juan Ríos, Rosario Lacasa y Rosa Rubio; y por la UPF los titulares han sido sustituidos por Aurelio Blanco, Inés Herreros, Carlos García-Berro, y Eduardo Navarro.
La APIF manifiesta que «en el Consejo actual, por razón de las suplencias debidas a la promoción política y profesional por el Partido Socialista de la casi totalidad de los fiscales electos por la UPF en las elecciones, tienen sillón en él como vocales compañeros que no ha elegido nadie, que no han hecho campaña y de quienes no conocemos su proyecto para la Fiscalía».
«Eso no son listas abiertas», denuncia la APIF, y dice que le parece «increíble» que este sistema «se tolere» en la Fiscalía.
Además, para la APIF, la «falta de mejores profesionales durante décadas son consecuencia de dicho sistema», del que denuncia que «no es representativo de los fiscales que votaron en las últimas elecciones», y que es «injusto».
Desde la APIF ponen como ejemplo que Salvador Viada obtuvo unos 450 votos «y, sin embargo, se le deniega su acceso al Consejo Fiscal por este sistema electoral, mientras que acceden los sustitutos, a los que no ha votado nadie».
La APIF aboga porque estén representadas proporcionalmente las tres asociaciones.
Según informa, en un sistema proporcional la APIF hubiera obtenido «al menos un vocal, y probablemente dos».
La APIF es la asociación minoritaria de la Carrera, de la que forman parte «alrededor de 50 fiscales».
«En el último año se han incorporado varios fiscales, lo que demuestra que está en fase de crecimiento», destaca.
Esta asociación anuncia que luchará por cambiar el sistema actual de elección del Consejo y para convertirlo «en un órgano de representación de los fiscales, y no solo de las dos asociaciones mayoritarias».
En cuanto a la «ausencia de mejoras profesionales» alude, por ejemplo, a los «nulos progresos» en riesgos laborales, falta de mejoras retributivas, de movilidad y de valoración de méritos. Asimismo, denuncia «artibrariedad» en los nombramientos, y ausencia de garantías en los procedimientos disciplinarios.
REIVINDICA LA INDEPENDENCIA DE LA FISCALÍA
La APIF reivindica un Ministerio Fiscal independiente del Gobierno de turno y afirma que para ello es preciso establecer un nuevo modelo de elección del fiscal general del Estado «que refuerce su independencia del Ejecutivo», y que el candidato propuesto por el Ejecutivo cuente con el apoyo de una amplia mayoría del Congreso.
Señala que la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) supone una revisión absoluta de la organización y estructura del Ministerio Fiscal y que también debe serlo del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF).
Destaca que con la nueva LECrim el sistema de investigación penal cambia radicalmente, y que es necesario reforzar el funcionamiento de la Oficina Fiscal.
Reclama que en las fiscalías se creen equipos de investigación penal que bajo la dirección del fiscal aborden el esclarecimiento de la delincuencia más compleja.
Advierte que «se requerir un enorme esfuerzo organizativo, económico y normativo si no se quiere dejar en papel mojado la nueva LECrim».
La APIF apunta que a día de hoy hay «algunas fiscalías que funcionan con ese sistema, aunque es mejorable». «Nos referimos al sistema operativo de la Fiscalía Anticorrupción, de la Fiscalía Antidroga, o de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que tienen adscritos a la Fiscalía inspectores de Hacienda, policía de delitos económicos, etc», argumenta.
Dice que es mejorable porque falta la creación de una auténtica Policía Judicial, que dependa exclusivamente de los fiscales.
La APIF indica que «el Gobierno parece que actúa pisando el acelerador en la tramitación de la nueva LECrim sin prestarle la debida atención a la elaboración de un nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que se debe tramitar legislativamente de forma simultánea a la nueva ley».
«Si no se hiciera así, nos encontraríamos con una instrucción de todas las causas penales por el fiscal sin haber articulado una estructura independiente y autónoma del Ministerio Fiscal», señala a Confilegal Miguel Pallarés.
La APIF manifiesta que va a ser exigente especialmente en materia de garantías de los ciudadanos, «para que perdamos lo que ya temos actualmente, una justicia penal independiente realizada por los jueces de instrucción»..
En este sentido, la APIF también señala que el estatuto jurídico de jueces y fiscales en España «tiene que ser el mismo».
Señala que la clave es el Estatuto del Ministerio Fiscal, y que no se trata de reformar el existente, sino de crear uno nuevo, «como base para un fiscal independiente, desanclando al fiscal general de la órbita del Gobierno».
La APIF también indica que la estructura de la nueva LECrim le parece «bastante correcta», y apunta que debe desarrollar como dos pilares básicos el Estatuto del Fiscal investigador -que sea independiente y no pueda recibir intromisiones externas ni internas- y el papel del juez de garantías como piedra clave para el respeto de los derechos fundamentales.
CUESTIONES INTERNAS DE LA FISCALÍA
La APIF también critica que la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, «no muestra ninguna preocupación efectiva por solucionar los problemas de movilidad de los fiscales, en una carrera bloqueada», y que hace «caso omiso» a la solicitud de la asociación de la creación de una bolsa de fiscales titulares dispuestos a aceptar realizar las sustituciones de media y larga duración que ahora realizan fiscales sustitutos.
La APIF insiste en que es una «auténtica necesidad» y una cuestión de Justicia que no haya ningún fiscal sustituto donde quiera estar un titular.
Y subraya que «la escasa falta de movilidad repercute negativamente en la vida familiar de los fiscales».
«Es paradógico que se le llene la boca a quien puede arreglar este problema con apelaciones a la conciliación familiar mientras hay compañeros que llevan más de 7 años separados de sus familias», apunta.
La APIF reitera que la creación de esta bolsa de fiscales titulares es «urgente y a nivel nacional».
Ante la «sospecha» de que en ciertas fiscalías hay fiscales sustitutos prestando servicios durante décadas, sin que fiscales titulares puedan acceder a esas fiscalías, la APIF ha acordado solicitar por la Ley de Transparencia información sobre el número de fiscales sustitutos actualmente contratados en todas las fiscalías españolas, empezando por las de Madrid y sus áreas y destacamentos, Zaragoza, Valencia, Sevilla y Granada, y el tiempo de prestación de servicios de los fiscales sustitutos, mediante la sucesiva contratación de los mismos.
BALANCE SOBRE LAS DISTINTAS COMISIONES CREADAS
La Asociación profesional e independiente de Fiscales también ha informado a sus compañeros en el Congreso sobre las comisiones creadas en la Fiscalía General del Estado: la Comisión Pedagógica del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), la Comisión de Riesgos laborales, y la Comisión de la nueva LECrim.
Expone que en la Comisión Pedagógica del CEJ la presencia de APIF es «imprescindible», abordándose una materia, la formación tanto inicial, para dotar a los nuevos compañeros de unos valores sólidos de independencia en su gestión profesional, como en la formación continuada.
En el Congreso informó sobre los cursos organizados los dos últimos años por la asociación, y señala que han destacado «por su calidad y actualidad», y que han participado como ponentes expertos en diferentes ramas del Derecho, lo que dota de una visión global a la problemática planteada.
Cita especialmente el Curso sobre prevención de Riesgos Laborales, de 2020, del que, según afirma, ha supuesto un antes y un después en la asunción de responsabilidades por la fiscal general en la materia».
De la Comisión de Riesgos laborales asegura que a pesar de los esfuerzos de los asistentes a la misma es «un fiasco».
Afirma que «resulta imposible abordar una protección efectiva de los riesgos en el trabajo para los fiscales cuando ni la FGE ni el Ministerio de Justicia han mostrado hasta ahora la más mínima voluntad de negociar en esta cuestión».
En cuanto a la Comisión de Reforma de la LECrim expone que tras dos reuniones de aproximación comenzó a funcionar en enero y que la APIF nombró a un representante para que acuda de manera habitual a ellas.
Considera que los trabajo previos de las propuestas de mejora de la nueva Ley deben realizarse por la propia Fiscalía General del Estado y su Secretaría Técnica.
Por otra parte, la APIF da cuenta a sus compañeros de los «agotadores trabajos» realizados en la Comisión para la creación de un Código Ético, que finalmente ha visto la luz, y agradece a Teresa Galvez Díez «sus esfuerzos para sacar adelante por parte de la APIF dicho proyecto» reclamado desde diversos ámbitos de la Justicia Europea.
«El momento actual es histórico por la reforma del proceso penal, y es necesario configurar un fiscal independiente», sentencia Pallarés.
