A vueltas con el Consejo General del Poder Judicial

Toda vez que ya han pasado las elecciones catalanas, en el Congreso de los Diputados se continua con la tramitación parlamentaria de la proposición de ley promovida por los grupos Socialista y de Unidas Podemos en orden a limitar las facultades del CGPJ en funciones.

En este sentido, han sido algunas las voces que, si bien critican el contenido y la forma de llevarla a cabo, atribuyen cierto grado de responsabilidad al principal partido de la oposición sobre su estrategia en relación con la renovación del órgano constitucional. Esta crítica me parece equivocada por las razones que, sumariamente, expondré a continuación.

Como el lector de Confilegal sabe perfectamente, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no constituye per se un poder del Estado, ya que el Judicial está formado por todos los jueces y magistrados que, a través de sus resoluciones, velan por el cumplimiento de la legalidad (“La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley”, ex artículo 117.1 de la Constitución Española).

El CGPJ, por tanto, se erige como el órgano de gobierno de los jueces, con la finalidad de garantizar su independencia frente a los ciudadanos.

Esta distinción teórica resulta imprescindible para desmontar el mensaje interesado según el cual el Poder Judicial está en peligro por la situación de interinidad del actual CGPJ, pues el funcionamiento de este poder del Estado está plenamente garantizado en tanto que jueces y magistrados dan lo mejor de sí mismos cada día en las salas de audiencia y en sus domicilios, celebrando juicios y redactando sentencias (y, perdonen la “morcilla”, por un estipendio no precisamente alto).

Así, con todos los matices que ustedes quieran, equiparar la renovación del CGPJ con el correcto funcionamiento del Tercer Poder equivaldría a afirmar que una gran empresa no puede prestar el servicio correctamente porque su consejo de administración tiene el mandato caducado.

Esto no impide sostener que la actual situación supone una anomalía constitucional, siendo recomendable proceder a su renovación y, por tanto, cumplir con los plazos establecidos.

Sin embargo, lo anterior solo puede darse en un contexto de normalidad institucional, lo que desgraciadamente no ocurre en estos momentos.

Y aquí es donde me atrevo a calificar como desacertada la atribución de responsabilidad a la oposición, aludiendo a una supuesta actitud irracional de bloqueo.

ESTRATEGIA DE DEMOLICIÓN

Lamentablemente para todos los que defendemos la forma de gobierno surgida tras la Constitución de 1978, y que nos ha traído la etapa de mayor prosperidad de nuestra historia común, el Gobierno actual tiene una clara estrategia de demolición del orden establecido.

Siendo consciente de esta gravísima afirmación, creo que las declaraciones de miembros cualificados del Ejecutivo, así como las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros y los grupos parlamentarios que lo apoyan, son lo suficientemente explícitas para llegar a esta conclusión. Y recordemos: todo se ha producido en apenas doce meses.

En este sentido, no es ningún secreto que el Gobierno reclama la necesidad de renovación con el interés espurio de controlar dos aspectos fundamentales del CGPJ, a saber: los nombramientos de los altos cargos de la carrera judicial y la inspección de los juzgados y tribunales.

Supeditando lo anterior al poder gubernamental, se acaba con la independencia judicial y se daría vía libre a la hoja de ruta rupturista.

Se podrá estar de acuerdo con la estrategia de involución institucional, lo que sin duda es políticamente legítimo a través de los cauces adecuados, pero resulta incomprensible exigir a quién defiende las reglas del juego que haga como si nada estuviera ocurriendo y celebre pactos artificiales con las fuerzas que pretenden acabar con nuestro modelo de convivencia.

Por tanto, en mi humilde opinión, la oposición hace lo correcto marcando unas líneas rojas infranqueables para llevar a cabo la renovación del CGPJ, así como de otros órganos constitucionales, siendo imprescindible que el PSOE vuelva al respeto del modelo del 78 y acepte las reivindicaciones mayoritarias de la carrera judicial, la Unión Europea y la Comisión de Venecia.

Como es conocido, hoy en día las democracias liberales se subvierten desde las propias instituciones y la responsabilidad de los partidos constitucionalistas se debe traducir, a veces, en políticas concretas de no cesión, llegando incluso a situaciones incomprensibles en circunstancias de normalidad.

Esto ha ocurrido, por ejemplo, en países de nuestro entorno como Alemania y Austria, donde fuerzas políticas situadas en las antípodas ideológicas han alcanzado acuerdos de máximos para proteger sus modelos democráticos.

Por todo lo anterior, me atrevo a afirmar que lo verdaderamente irresponsable sería otorgar carta de naturaleza a los enemigos del orden constitucional, pues exactamente eso es lo que está en juego a propósito de la renovación del CGPJ.