El Gobierno ha decidido recurrir en casación ante el Tribunal Supremo la sentencia dictada, el pasado 12 de febrero, por la Audiencia Provincial de A Coruña sobre el Pazo de Meirás.
Aunque el fallo es favorable a las principales pretensiones del Gobierno porque se otorga la propiedad del Pazo a Patrimonio del Estado, sin embargo, reconoce a los herederos del dictador, Francisco Franco, el derecho a recibir una indemnización por los gastos en los que incurrieron cuando ostentaban la propiedad del inmueble.
La Abogacía del Estado ha realizado un estudio detallado de los fundamentos de la sentencia que ha permitido apreciar errores de interpretación o alteraciones sobre las pretensiones ejercitadas en la demanda.
«La sentencia afirma erróneamente que la Administración General del Estado había reconocido en su demanda la fuena fe de los herederos del dictador y de ahí se extraen una serie de conclusiones que no se corresponden con la realidad», dice el Ministerio de Justicia en una nota de prensa.
«La eventual corrección de estos errores y la necesaria interpretación del Tribunal Supremo permitirán sentar con claridad y precisión las bases para la posterior liquidación del estado posesorio», concluye.
