La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a dos años de prisión a un interno que tras un permiso penitenciario trató de introducir en el centro penitenciario El Dueso diez bolas que contenían cannabis y cocaína.
Además, le ha impuesto una multa de 500 euros.
Ha sido sentenciado por un delito contra la salud pública en grado de tentativa, en la modalidad de tráfico de sustancias de las que causan grave daño a la salud.
El condenado responde a las iniciales de D. F. J. U. P.
Los hechos tuvieron lugar el 19 de junio de 2017. A su regreso al centro penitenciario, los funcionarios sospecharon que portaba en su organismo sustancias estupefacientes, por lo que fue conducido al Hospital de Valdecilla.
Allí, el acusado expulsó “de forma voluntaria varios paquetes que tenía introducidos en el recto”: ocho bolas pequeñas y dos bolas grandes, que contenían 145,5 gramos de cannabis y 2,92 gramos de cocaína, sustancias que portaba “con la intención de distribuirla en el mencionado centro penitenciario”.
Dichas sustancias, tendrían un valor en el mercado ilícito de 1.078,75 euros, ascendiendo el valor de la resina de cannabis a 905,01 euros y el valor de la cocaína a 173,74 euros, señala el tribunal.
A la hora de fijar la pena, el tribunal ha tenido en cuenta el subtipo agravado de cometer el delito en el centro penitenciario penitenciario, el hecho de que el delito se haya cometido en grado de tentativa y la circunstancia atenuante muy cualificada de adicción a las drogas y al alcohol.
Por otra parte, la Audiencia ha absuelto a otro interno que estaba acusado del mismo delito por ser presuntamente el destinatario de la droga, quien está ejecutoriamente condenado a dos años de prisión por sentencia firme de 10 de septiembre de 2013 como autor de un delito de tráfico de drogas de las que causan grave daño a la salud cometido el 20 de julio de 2011.
El ahora condenado declaró que el otro interno le “coaccionó” para que adquiriera la droga aprovechando su salida de prisión.
Sin embargo, el tribunal no ha considerado acreditada su participación “ante la falta de suficiente prueba de cargo” y es que, tal y como razona, la declaración del interno que adquirió la droga “carece de la más mínima corroboración” y “de suficiente credibilidad y verosimilitud”.
La Fiscalía pedía que se impusiera a D. F. J. U. P. dos años de prisión y una multa de 1.000 euros, mientras que para el otro acusado solicitó cinco años de prisión y 1.000 euros de multa.
La defensa de D. F. J. U. P. mostró conformidad con los hechos y con las penas interesadas por el Ministerio Fiscal, mientras que la defensa del otro acusado pidió su absolución.
La sentencia de la Audiencia, número 73/2021, está fechada a 25 de febrero y ha sido notificada recientemente.
La firman los magistrados de la Sección Tercera Agustín Alonso Roca (presidente), María Almudena Congil Díez (ponente), y Juan José Gómez de la Escalera.
No es firme, contra la misma cabe la interposición de recurso de apelación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.
