Las 10 claves del Congreso de la Infancia y Adolescencia para lograr la especialización judicial en asuntos de familia, infancia y discapacidad

A partir de las intervenciones de los más de 80 juristas y especialistas en la materia que han participado en este congreso, retransmitido telemáticamente y que han seguido más de 6.000 personas, el Comité organizador, junto con los comités de Honor y Científico, han hecho públicas sus «recomendaciones para proteger a los menores en los procesos de Familia y garantizar la igualdad de acceso a la Justicia en todo el territorio nacional».

Las ha leído la abogada de derecho de familia Isabel Winkels Arce, secretaria de la Plataforma Familia y Derecho, asociación organizadora del Congreso junto al Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), y el de Barcelona (ICAB).

Según han informado los organizadores de este simposio, el documento parte de «la necesidad de reconocer a los niños, niñas y adolescentes (NNA) como víctimas directas de los procesos judiciales que afectan a su entorno familiar”, así como de una problemática específica en el ámbito escolar y social que, al ser cada vez más compleja, requiere de una tutela judicial especializada”.

Por ello, reclaman “más comunicación y encuentros” de carácter multidisciplinar y una “relación fluida y de confianza” entre los distintos profesionales que intervienen en los procesos que les afectan.

Destacan que la especialización en materia de Familia es «fundamental» para «garantizar la igualdad de acceso de la ciudadanía a la jurisdicción, con independencia de su lugar de residencia”, así como para agilizar y unificar el tiempo de la respuesta judicial.

Para hacerla efectiva, los organizadores del Congreso proponen en una primera fase la redistribución de las competencias actualmente existentes de los 431 partidos judiciales.

Según plantean, a los 148 juzgados de familia existentes actualmente, más los 15 de incapacidades, habría que especializar 80 juzgados más hasta un total de 243 Juzgados de Infancia, Familia y Capacidad en toda España.

Indican que a estos órganos habría que adscribirles un fiscal y un equipo técnico, con acceso a mediadores, Médicos Forenses, y demás recursos técnicos y personales necesarios.

También ha anunciado la creación de un grupo de trabajo para dar seguimiento a la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia, de la Ley de reforma del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre capacidad, así como de otras reformas sobre materias propias de la jurisdicción.