AEAFA: 'Criticar a la madre o al padre en un divorcio es devastador para los hijos, es una forma de maltrato infanto-juvenil'

AEAFA: ‘Criticar a la madre o al padre en un divorcio es devastador para los hijos, es una forma de maltrato infanto-juvenil’

La presidenta de la Asociación Española de Abogados de Familia, María Dolores Lozano, explica los 8 errores más habituales en un divorcio con hijos

26 / 03 / 2021 09:24

Actualizado el 26 / 03 / 2021 18:36

La Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA) alerta del “efecto devastador» que provoca en los hijos el cruce de críticas entre padres y madres divorciados y los “intentos de dinamitar la vinculación de los menores» con el otro progenitor tras la separación.

Lo ha advertido la presidenta de la AEAFA, María Dolores Lozano, en el I Congreso de la Infancia y la Adolescencia, organizado por el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), el de Barcelona (ICAB) y la Plataforma Familia y Derecho, que reúne entre ayer y hoy a más de 50 profesionales del mundo jurídico «convencidos de la necesidad de crear juzgados especializados en familia, infancia para garantizar la igualdad ante la ley y promover la protección de los niños y adolescentes».

Lozano, que participó ayer en este congreso, celebrado en el Colegio madrileño y que se retransmite por streaming a través del canal de YouTube del ICAM, analizó la protección de niños y adolescentes en los procesos de ruptura de pareja.

Señaló que “en muchas ocasiones» se produce una «lucha de poder» motivada por los intereses económicos o por la incapacidad de superar el trauma de la separación o por los «sentimientos de fracaso personal, enfado u odio hacia la expareja», y que en este contexto «se suele utilizar a los hijos como arma arrojadiza para dañar al otro».

«Estas situaciones las vemos, por desgracia, frecuentemente en nuestros despachos de abogados de Familia”, explicó María Dolores Lozano.

La presidenta de la AEAFA participó en la mesa redonda ‘Los niños, niñas y adolescentes en los juzgados de Familia’.
De izquierda a derecha: la presidenta de la AEAFA, María Dolores Lozano; el magistrado de familia Juan Pablo González del Pozo; y la abogada y mediadora Amparo Quintana.

La presidenta de la AEAFA advirtió que “crecer rechazando injustificadamente a una de las figuras parentales o a su familia extensa se identifica como un factor de riesgo de primera magnitud para el desarrollo psicológico de un menor», que provoca en muchas ocasiones «graves desajustes cognitivos, emocionales y conductuales a corto y largo plazo».

«Sin duda, estamos ante una forma de maltrato infanto-juvenil y tendrá sus repercusiones en la edad adulta”, destaca la presidenta de AEAFA.

LO QUE NO SE DEBE HACER

María Dolores Lozano enumeró los errores habituales que suelen cometer las parejas durante y después del divorcio y que atentan contra los derechos de niños y adolescentes.

«Creer que la sentencia judicial pone fin al conflicto familiar; implicar a los menores en el proceso judicial; delegar en los niños y adolescentes la toma de decisiones esenciales; pelear, discutir y organizar escenas emocionales o violentas delante de ellos; criticar al otro progenitor o alejarlos de él o ella o dificultar su relación; presionar a los niños en busca de información; mandarse mensajes a través de los hijos; así como situarlos en medio del conflicto: utilizarlos como pretexto, como arma arrojadiza, obligarles a tomar partido, aunque sea indirectamente», explica Lozano.

Según indica, la Asociación Española de Abogados de Familia constata que este tipo de situaciones se repiten cada día.

«Nos divorciamos mal y utilizamos a los niños como arma arrojadiza», advierte.

Ha indicado que según el Observatorio del Derecho de Familia de la AEAFA, el 97% de los divorcios contenciosos con hijos tiene un nivel de conflictividad alto o muy alto, dato que da idea de la magnitud del problema en España.

Aquí puede ver la intervención de Lozano y el resto de ponentes de esta mesa redonda:

PIDE LA CREACIÓN DE LA JURISDICCIÓN DE FAMILIA

La AEAFA reclama la creación de una jurisdicción especializada en Infancia, Familia y Capacidad.

Pide que se recupere el texto inicial del Proyecto de Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que contemplaba un mandato al Gobierno para la creación de la jurisdicción especializada en Infancia, Familia y Capacidad “en un plazo de seis meses”.

La AEAFA indica que ese redactado inicial cambió en el último momento antes de ser remitido a sede parlamentaria el pasado 10 de junio, y se suprimieron «los párrafos donde se preveía la creación de una jurisdicción propia en Infancia, Familia y Capacidad independiente de la Civil para garantizar la atención adecuada, eficaz e igualitaria de la ciudadanía”.

Esta asociación lamenta que «el Gobierno cercenó en el último momento la creación de esta jurisdicción propia tal como indicaba la redacción inicial”, que atienda “a 600.000 menores afectados por las crisis familiares”.

Se ha reuniendo con los grupos parlamentarios para impulsar la creación de una jurisdicción especializada en Infancia, Familia y Capacidad.

Este Proyecto de Ley se encuentra actualmente en tramitación en el Congreso de los Diputados.

El texto original señalaba que la aplicación de esta ley exige «un alto nivel de especialización» de todos los profesionales» que intervengan con niños y adolescentes, «que abarca en consecuencia, a todos los operadores jurídicos, y lógicamente, a jueces y magistrados”.

La AEAFA ha llevado este asunto al Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, que, según informa la asociación, también está «preocupado» ante la falta de especialización de los juzgados que atienden asuntos de familia.

Los decanos de la Abogacía de Madrid y Barcelona, José María AlonsoMaria Eugènia Gay, respectivamente, y el presidente de la Plataforma Familia y Derecho, Xavier Abel, también han reivindicado en el Congreso la necesidad de una Justicia especializada en materia de Familia y discapacidad «para garantizar la igualdad en el acceso de los ciudadanos a los tribunales y proteger a los menores en los procesos judiciales».

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