Campo apuesta por la mediación para resolver los conflictos de familia
El ministro de Justicia ha participado hoy en la inauguración del I Congreso de Infancia y Adolescencia, ha apelado a la corresponsabilidad de todos para "minimizar el sufrimiento de los menores en los tribunales". 

Campo apuesta por la mediación para resolver los conflictos de familia

Delgado ha puesto en valor la especialización del Ministerio Fiscal en el orden civil y en las distintas áreas que afectan a la protección de menores
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25/3/2021 12:32
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Actualizado: 26/3/2021 08:46
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El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha apelado hoy a la corresponsabilidad de todos para «minimizar el sufrimiento de los menores en los tribunales». 

Hace hincapié en la necesidad de que los poderes públicos doten a la sociedad de herramientas “para gestionar los problemas desde la responsabilidad, el diálogo y el pacto”. Concretamente, Campo se ha referido al Proyecto de Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, impulsado desde el Gobierno, y actualmente en tramitación en el Congreso de los Diputados.

También ha señalado la necesidad de fomentar el uso de otras formas de resolver los conflictos, como los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC), previsto en el Anteproyecto de Ley de medidas de eficiencia procesal del servicio público de Justicia.

El objetivo, ha señalado Campo, es que se consiga que “solo unos pocos asuntos de familia lleguen a los tribunales; solo aquellos para los que la jurisdicción sea el sistema adecuado”.

Así lo ha manifestado en la inauguración del I Congreso de la Infancia y Adolescencia, organizado por el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), el de Barcelona (ICAB) y la Plataforma Familia y Derecho, en el que el decano de los abogados madrileños, José María Alonso, ha recalcado al ministro «la necesidad de crear la jurisdicción especial de familia», y le ha transmitido la «inquietud» de los operadores jurídicos por el «aparente olvido» en la ley orgánica de protección integral a la Infancia, que se encuentra actualmente en trámite parlamentario, y en la que no se hace mención a esta jurisdicción.

El decano del ICAM, durante su intervención. Foto: ICAM

En este Congreso, que se celebra entre hoy y mañana en la sede del Colegio de Abogados de Madrid y se retransmite por streaming a través del canal del ICAM en YouTube, participarán más de 50 profesionales del mundo jurídico «convencidos de la necesidad de crear juzgados especializados en familia, infancia para garantizar la igualdad ante la ley y promover la protección de los niños y adolescentes».

Lo han inaugurado el ministro de Justicia, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

Los decanos de la Abogacía de Madrid y Barcelona, José María Alonso y Maria Eugènia Gay, respectivamente, y el presidente de la Plataforma Familia y Derecho, Xavier Abel, han reivindicado la necesidad de una Justicia especializada en materia de Familia y discapacidad «para garantizar la igualdad en el acceso de los ciudadanos a los tribunales y proteger a los menores en los procesos judiciales».

En su intervención, el ministro de Justicia ha destacado que «congresos como este son imprescindibles para visibilizar los problemas de sectores de la población que no siempre son atendidos como se precisa y como se merecen. 

Lamenta que «la infancia ha sido siempre un objeto del derecho más que un sujeto de derechos», a pesar de que «quienes están en esas edades sufren directamente los conflictos de sus progenitores».

Campo ha iniciado su intervención recordando que corresponde en primer lugar a las personas adultas de su entorno preservar a los menores de las consecuencias dañosas derivadas de los conflictos conyugales y familiares, algo que no siempre sucede.

“Es en estos casos cuando deben actuar los poderes públicos, dotando a la sociedad de herramientas que ayudan a gestionar los problemas de la responsabilidad, el diálogo y el pacto”, tal y como recoge el Proyecto de Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.

El ministro ha señalado que cuando el conflicto llegue a la Administración de Justicia, su labor debe ser “minimizar en todo lo posible el sufrimiento de los niños”.

Ha explicado que por ello, “el servicio público de Justicia ha de promover este ejercicio velando para que el derecho a ser oído se lleve a cabo en condiciones adecuadas a su edad y desarrollo”, un objetivo al que se contribuirá de forma indirecta “fomentando el uso de otras formas de resolver el conflicto como la mediación y los MASC.

El ministro ha destacado que el objetivo es que “solo unos pocos asuntos de familia lleguen a los tribunales”. En ese sentido, ha indicado que eso significará que se ha «devuelto a las familias su capacidad para gestionar el conflicto; un conflicto que nadie como ellas conocen y nadie como ellas pueden solucionar, en beneficio, siempre, de sus hijos, y especialmente de los menores de edad”.

Para finalizar, Campo se ha referido al Plan Justicia 2030, en el que se ha tomado “especialmente en consideración a estos colectivos, en la línea seguida por la agenda 2030 de Naciones Unidas, cuyo objetivo 16 contempla la supresión de la violencia contra los niños y niñas”.

EVITAR LA REVICTIMIZACIÓN 

Campo ha insistido «la importancia de evitar toda revictimización de estas personas que se encuentran en una etapa infantil y de garantizar que su paso por los tribunales se realice con la mayor indemnidad posible».

En este mismo sentido se ha pronunciado la fiscal general del Estado, Dolores Delgado.

«En el ámbito penal, nos preocupa profundamente la persecución del delito y sus autores, pero atendiendo y protegiendo a los menores cuando han sido víctimas de esos delitos para evitar la doble victimización, la revictimización», ha explicado.

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado.

La fiscal general ha puesto en valor la especialización del Ministerio Fiscal en el orden civil y en las distintas áreas que afectan a la protección de menores.

Ha destacado la profesionalidad de los fiscales y su actuación comprometida, empática y transversal, pues la Fiscalía “tiene en su horizonte a las víctimas y a los vulnerables”, procurando siempre la garantía del superior interés del menor en todos los procedimientos.

Delgado ha recordado que es la obligación de este operador jurídico “garantizar el derecho de los menores a ser oídos en todos los procedimientos, y debemos velar por que este derecho se ejercite con todas las garantías, disponiendo de los medios necesario para evitar la revictimización y cualquier efecto negativo que un procedimiento puede generar en un menor”.

Ha destacado que la Fiscalía cuenta con «grandes especialistas dedicados en cuerpo y alma a los menores» a los que atienden con «empatía y proximidad», algo que ha calificado de «fundamental, teniendo en cuenta las diferentes edades», desde niños muy pequeños a adolescentes.

En ese sentido, ha dicho que “la detección temprana de situaciones que puedan poner en riesgo la integridad física, sexual, psicológica o moral de los menores su imagen o su normal desarrollo es esencial para adoptar las medidas de protección y hacerlo de forma inmediata y eficaz”.

«Estamos aquí porque todos creemos en el interés superior del menor y esto es lo que nos tiene que unir y lo que tiene que estar en nuestro horizonte y, desde luego, en el del Ministerio Fiscal está», ha señalado Dolores Delgado.

Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha recordado que la infancia y la adolescencia ha sido uno de los colectivos que más ha sufrido durante la pandemia, “donde se han podido agudizar problemas que ya venían arrastrando desde el punto de vista familiar, pero también otros que no nos podemos permitir como por ejemplo la brecha educativa”.

Para Martínez-Almeida, “no hay mejor inversión para el futuro de una sociedad que garantizar la mejor protección jurídica, social e institucional de nuestra infancia y adolescencia que son a los que les corresponde tomar el testigo en el futuro para construir una sociedad libre y abierta como es en estos momentos la sociedad española”.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.

“Este Congreso pretende visibilizar la necesidad de una Jurisdicción de Familia con implantación en todo el territorio nacional, con especialización, y dotada de los recursos económicos y personales que permitan el acceso a la jurisdicción en igualdad de condiciones a toda la ciudadanía, sea cual sea su lugar de residencia”, ha señalado el decano del ICAM.

El Colegio de Abogados indica en un comunicado que «sobre esta necesidad, especialmente acuciante en las localidades pequeñas que solo cuentan con Juzgados de Primera instancia no especializados o mixtos y sin recursos de apoyo, vienen alertando desde hace años todos los operadores jurídicos que intervienen en los procesos de Familia y menores, todos ellos presentes en estas jornadas a través de representantes de judicatura, fiscalía, abogacía y demás profesiones relacionadas».

Para Alonso, conseguir una Jurisdicción de Familia y Menores, especializada y con recursos “garantiza los derechos de los niños, sujetos pasivos y en ocasiones víctimas en las crisis de familia”.

En su intervención, la decana de la Abogacía de Barcelona ha destacado que la especialización orgánica de la planta judicial “es una de las grandes reivindicaciones de quienes nos dedicamos profesionalmente al Derecho de Familia, pues son muchos los beneficios individuales, colectivos y operativos que se derivan de la misma en interés de las personas que participan en un procedimiento; y muy especialmente de los usuarios del servicio público de justicia y de los menores”.

La decana del ICAB, Maria Eugènia Gay, firme defensora de la especialización en familia.

En ese sentido, Maria Eugènia Gay ha recordado que “la protección del interés de los niños, niñas y adolescente en los procesos judiciales es hoy una de las máximas obligaciones de los poderes públicos de acuerdo con el art. 39 de la Constitución Española y la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor del año 1996”.

Por su parte, el presidente de la plataforma Familia y Derecho ha recordado que esta asociación interdisciplinar tiene una única finalidad: “la especialización en el orden jurisdiccional civil de las materias de infancia, familia y capacidad y esperamos que en este Congreso y con este Gobierno pueda haber una consolidación definitiva en este nuestro objetivo principal”.

El presidente de la Plataforma Familia y Derecho, el emagistrado Xavier Abel.

Aquí puede seguir el Congreso en directo:

Tras la sesión inaugural, la vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Encarnación Roca; el magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo José Luis Seoane; el magistrado jubilado del Tribunal Supremo José Antonio Seijas Quintana, y la letrada Mercè Pigem i Palmés han explicado por qué es tan necesaria la especialización judicial en materia de Familia.

Concluidas las dos primeras sesiones, el evento continúa con una mesa integrada por los representantes políticos Pau-Marí Klose (PSOE), Margarita Prohens (PP), Sara Giménez (Ciudadanos), Carlos Zambrano (VOX), Jaume Alonso-Cuevillas (JxCat) y Mar García (Unidas Podemos).

Después, profesionales de la magistratura, la abogacía, la docencia y el trabajo social abordarán en sendas mesas redondas la situación de los niños, niñas y adolescentes en los juzgados.

El resto de la jornada incluye un diálogo entre autoridades judiciales de familia y profesionales de la salud; una mesa redonda sobre la salud física y psicológica de los menores; una sesión de debate sobre la protección de los niños, niñas y adolescentes desde las organizaciones de infancia y, finalmente, un panel sobre los efectos de las crisis familiares en los NNA.

SEGUNDA JORNADA

La segunda jornada del Congreso arrancará a las 9:30 horas con una sesión sobre ‘Los desafíos de la especialización respecto en a los NNA en la administración de Justicia’, en la que intervendrán profesionales de la magistratura y la abogacía.

A continuación, a las 11:30 horas tendrá lugar un coloquio en el que periodistas especializados en información jurídica debatirán sobre si la falta de especialización judicial en materia de Familia supone una discriminación para la ciudadanía.

En la sesión de clausura, prevista a las 13:30, se leerán las conclusiones del Congreso, que se enviarán a los grupos parlamentarios, organismos e instituciones significativas relacionadas con el derecho de Familia y los derechos de la infancia y la adolescencia.

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