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Resignación ante la guerra de precios por asesorar a la SEPI: «Es imposible hacer un trabajo de calidad»

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) es el brazo inversor del Estado.
| | Actualizado: 12/04/2021 2:50

Un elemento inesperado ha venido a alterar la carrera para asesorar a la SEPI en la gestión de los fondos europeos de rescate. El interés generado entre las firmas del acuerdo marco por conseguir alguno de los contratos de las empresas que solicitan el salvavidas público ha impulsado una fuerte presión sobre los precios, inasumible para la gran mayoría.

Hasta ahora el holding empresarial público ha tramitado una docena de expedientes en la parte de consultoría legal. Las subastas se han cerrado con un descuento medio del 66% en el precio final con respecto al valor estimado del contrato, puesto que la elección se basa únicamente en criterios económicos. En ocasiones con una diferencia muy grande en comparación con el resto de ofertas planteadas.

En al menos dos contrataciones la rebaja ha llegado al 71%, según la documentación consultada por Confilegal. Es lo que ha sucedido con el asesoramiento jurídico de la areolínea Wamos Air, que la SEPI convocó con un precio inicial de 80.000 euros y acabó en manos de BDO Abogados por 23.000 euros; así como el de la maderera gallega Losán, prestado por Montero Aramburu tras ofertar 19.800 euros en un contrato valorado en 70.000 euros. La primera compañía ha formalizado una petición de rescate por 75 millones de euros y la segunda por unos 35 millones.

Una de las firmas que más contratos se ha asignado es PKF Attest, que forma parte tanto del grupo de asesores financieros como legales. En este último ámbito se ha adjudicado los expedientes de Global Exchange, dedicada al negocio de cambio de divisas, y la agencia de viajes Pangea tras presentar ofertas con descuentos superiores al 60%.

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Bird & Bird es el otro despacho que se ha llevado dos asesoramientos, el de la hotelera Hotusa y el grupo turístico Serhs, con un descuento similar.

Entre las razones que exponen estas firmas para presentar ofertas tan bajas destaca el carácter estratégico de las empresas que han solicitado ayuda pública para mantenerse a flote. Sobre todo ante la posibilidad de poder echarle el lazo como cliente en el futuro, una vez estabilicen su situación financiera. Ello hace que prefieran reducir su margen de ganancias con tal de optar a este tipo de operaciones, aunque niegan que se estén tirando los precios a la baja.

«Como en todos los asuntos en los que participa el despacho, los precios ofertados pretenden ser a la vez competitivos (dentro de los límites y criterios establecidos por el cliente) y rentables cumpliendo el margen estándar de la firma que se calcula, en parte, según los recursos a dedicar en cada caso», reconocen desde uno de los despachos que ha conseguido llevarse alguna de las pujas convocadas.

No obstante, esta situación ha terminado por desganar a otros despachos de abogados. Hablamos de un panel en el que figuran Deloitte, Gómez-Acebo & Pombo, KPMG, Marimón Abogados junto a Toda & Nel-lo, Mazars, Ramón y Cajal, Simmons & Simmons, Andersen, Pérez-Llorca, Cuatrecasas, PKF Attest, Ontier, BDO, PwC, Bird & Bird, EY, Montero Aramburu, Pinsent Masons en unión con Ceca Magán, Broseta y Garrigues.

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«Con esos precios desde luego es imposible hacer un trabajo de calidad porque el ratio hora/abogado hace que no sea rentable el proyecto desde el inicio», indica uno de los despachos afectado directamente por estas condiciones. Otra firma del sector resignada ante la imposibilidad de ‘rascar’ negocio admite que sólo participará en el caso de que surja una empresa muy atractiva para sus intereses. Todo tras haber superado un largo trámite de selección.

Fuentes consultadas por este medio indican que la guerra de precios desatada en torno a estas contrataciones les lleva a dudar de la calidad del asesoramiento y las ‘due diligences’ que se están llevando a cabo. Sobre todo teniendo en cuenta que todas las firmas tuvieron que presentar ante la SEPI un grupo de trabajo específico para cumplir con los requisitos, integrado en muchos casos por socios de las principales áreas de actividad, y los precios a los que se están cerrando las adjudicaciones hacen que no compense concurrir.