La Comisión Europea ha dado hoy por buena la reforma que limita las funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mientras no se renueve su mandato, pero ha advertido de que es una solución temporal «insuficiente» a largo plazo porque es necesaria una «reforma estructural», pactada entre las fuerzas políticas, para que la mayoría de los vocales del órgano de gobierno de los jueces sean elegidos por sus pares.
«Es muy importante completar la renovación del CGPJ y después llevar a cabo una reforma estructural que esté en pleno cumplimiento con los estándares europeos», ha dicho el comisario de Justicia del Ejecutivo de la Unión Europea, el belga Didier Reynders en un encuentro con Europa Press y otros medios en Bruselas.
El comisario celebra –como lo hizo horas antes la vicepresidenta comunitaria Vera Jourova– el anuncio del Gobierno de la retirada definitiva de la reforma del sistema de elección del CGPJ, porque a su juicio suponía un «paso atrás» que, de haberse mantenido, hubiera obligado al Ejecutivo comunitario a plantearse llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
No es el caso actual, según el comisario, que no ve «grandes problemas» en la reforma que limita las funciones del CGPJ siempre que le siga la renovación y el compromiso de una reforma de fondo.
También rechaza tajante que exista un riesgo «sistémico» en España para el Estado de derecho.
Por ello, ha añadido, Bruselas «en ningún caso» contempla iniciar el proceso que prevé el artículo 7 del Tratado de la UE para actuar contra países en donde teme que la calidad democrática esté amenazada, como sí ha ocurrido hasta ahora en los casos de Polonia y Hungría.
SENTARSE A NEGOCIAR
El que fuera viceprimer ministro belga dice ser consciente de que no habrá sido «fácil» abrir canales de diálogo en España durante unos años que incluyen dos convocatorias de elecciones generales en 2019, una pandemia y la celebración de elecciones en los últimos meses en varias Comunidades Autónomas.
Pero Reynders insiste en que es clave que todos los actores se impliquen en un proceso a medio y largo plazo que permita sacar una reforma que alinee el sistema judicial español con los estándares europeos.
Bruselas se apoya en el Consejo de Europa para reivindicar que «al menos la mitad» de los vocales que forman el Consejo General del Poder Judicial sean elegidos «por sus pares».
«Sé que la situación es compleja en España», ha indicado Reynders, que ha evitado señalar a Gobierno o a la oposición como responsables del bloqueo en la renovación del CGPJ y ha recordado que no es una situación nueva, sino que se arrastra desde hace años.
Por ello ha apuntado la «necesidad de que todas las fuerzas políticas vuelvan a la mesa» de negociación y logren la mayoría cualificada necesaria para designar los últimos nombres para la renovación del órgano de gobierno de los jueces.
«También pedimos a todos los actores en este proceso político que se comprometan a organizar una reforma estructural que esté en pleno cumplimiento de los estándares europeos y haya en el futuro una reforma que permita que una mayoría de los jueces del CGPJ sean elegidos por sus pares», ha resumido.
En todo caso, Reynders ha enmarcado este análisis en el proceso anual que pilota la Comisión para evaluar el Estado de derecho en cada Estado miembro y recordado que este examen incluye «observaciones» para todos los países de la UE, «no solo en el caso de España». Bruselas prevé publicar su próxima evaluación en el mes de julio.
En este contexto, las cuestiones pendientes más relevantes en el caso de España tienen que ver con el sistema judicial, en especial con la renovación del CGPJ y asegurar que no sea percibido cómo un órgano «vulnerable a la politización», así como las reservas por que el nombramiento del Fiscal General dependa del Ejecutivo.
Estas opiniones ya fueron recogidas en el primer informe de septiembre de 2020 y Bruselas mantiene contactos con el Gobierno, el mundo judicial y otros actores relevantes durante este año para observar la evolución.
También tendrá en cuenta el examen sobre el Estado de derecho que se realiza en el Consejo, en donde cada semestre los Veintisiete discuten el caso de cinco países, como ha sido el caso este martes de España, Alemania, Francia, Grecia e Irlanda.
