Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, Carmen Llombart, Nuria Díaz Abad, Ángeles Carmona, Gerardo Martínez Tristán, Rafael Fernández Valverde y Jose Manuel Ballestero, todos ellos vocales del sector conservador, no consiguieron unir a sus filas a los tres restantes de la misma órbita –José María Macías, Wenceslao Olea y Vicente Guilarte– durante el Pleno Extraordinario que se celebró ayer por la tarde en la sede del Consejo General del Poder Judicial.
Tampoco al presidente en funciones, Carlos Lesmes.
Por 13 votos contra 8, en consecuencia, fue rechazada su propuesta de plantear, ante el Tribunal Constitucional, un conflicto de atribuciones contra la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), llevada a cabo por el poder legislativo, que impide llevar a cabo nombramientos discrecionales a un Consejo que ha sobrepasado su mandato de cinco años y está en funciones, como el actual.
Una vía contemplada en los artículos 59 y 73 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y que confiere al máximo tribunal de garantías resolverlo mediante sentencia, declarando nulos los actos ejecutados por invasión de atribuciones.
La mayoría de los vocales desconfió de que pudiera tener posibilidades de éxito. No consideraron que fuera el cauce adecuado para poner de manifiesto la grave «inconstitucionalidad de la ley».
Algunos de ellos, como Macías –en un voto particular– consideran que se ha violado el artículo 122 de la Constitución al privar al Consejo de su competencia exclusiva y excluyente de hacer nombramientos, «sin que la Constitución prevea posibilidad alguna de supresión, ni total ni parcial ni permanente ni provisional», entre otros motivos.
El Pleno también desestimó, por el mismo resultado –13 votos a 8–, la propuesta planteada por los mismos vocales de dirigir una petición al Defensor del Pueblo para que interpusiera un recurso de inconstitucionalidad contra la citada la Ley Orgánica 4/2021, de 29 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
El CGPJ no tiene poder para hacerlo por sí mismo.
Recientemente VOX interpuso, precisamente, un recurso inconstitucionalidad. Y el PP está estudiando hacerlo.
Por contra, el órgano de gobierno de los jueces sí aprobó por 17 votos a favor, 3 en contra –los de los vocales Enrique Lucas, Clara Martínez de Careaga y Concepción Sáez– y uno en blanco –Roser Bach– la contestación a las preguntas remitidas por la Comisión Europea en el marco de la preparación del informe sobre el Estado de Derecho 2021.
Previamente había sido aprobado también por la Comisión Permanente.
En este informe el CGPJ advierte que a la Comisión Europea que las consecuencias de la reforma de la Ley ya se están haciendo sentir en el Supremo, donde hay ocho vacantes de magistrados del Alto Tribunal, lo cual merma la capacidad de resolución de la cúspide de la jurisdicción española.
Al igual que en la jurisdicción militar donde todos los nombramientos son discrecionales.
