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Enrique López, candidato del PP: “La Justicia debería ser elevada a servicio público esencial, que no lo es”

ES CONSEJERO EN FUNCIONES DE INTERIOR, JUSTICIA Y VÍCTIMAS DE LA COMUNIDAD DE MADRIDEl número 4 de la lista del PP en las elecciones a la Comunidad de Madrid, Enrique López, reivindica en esta entrevista que la Justicia sea declarada servicio público esencial, como la Sanidad o la Educación. Foto: Carlos Berbell.
| | Actualizado: 30/04/2021 23:35

El actual consejero en funciones de Interior, Justicia y Víctimas del gobierno autonómico de la Comunidad de Madrid, Enrique López, se distingue por ir directo a las cosas. Son dos años haciendo gestión pura y dura después de una larga carrera judicial  en la que ha sido vocal portavoz del Consejo General del Poder Judicial, donde fue vocal, juez del Tribunal Constitucional y magistrado de la Audiencia Nacional, su último destino.

En estas elecciones del 4 de mayo, se presenta como candidato a diputado autonómico por el Partido Popular.

Es su hombre en Justicia e Interior. López lamenta no haber podido contrastar en debates públicos el programa de su formación con el del resto de las formaciones.

Porque tiene las cosas claras. Muy claras.

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Algunos de los partidos que se presentan a estas elecciones afirman que lo que hay que hacer, para que la justicia funcione, es elevar los impuestos. ¿Cuál es su punto de vista?

Es la visión de la izquierda. Fijan en el gasto el éxito de una gestión. Nosotros lo fijamos en la eficiencia. No es necesario subir los impuestos. Al revés. Nosotros, como política general fiscal hemos apostado por una rebaja de impuestos.

Lo que hace falta es una mejor financiación de la Justicia, que eso es diferente.

En la Ley  Orgánica de Financiación Autonómica la Justicia no está contemplada como un servicio  público esencial, a diferencia de lo que ocurre en la Sanidad, en la Educación o en la Administración Social.

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Nosotros ya hemos pedido a los dos ministros de Justicia que, cuando se produzca una reforma de la Ley Orgánica de Financiación Autonómica, la Justicia sea elevada a la categoría de servicio público esencial al objeto de su financiación como ocurre con los tres servicios públicos esenciales.

La Justicia debería ser elevada a servicio público esencial, que no lo es. Hay que dejarlo muy claro.

Esto determina que la financiación de la Justicia tendría que fijarse de acuerdo con el número de habitantes que, en el caso de la Justicia de Madrid, es proporcional al número de asuntos.

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Pero, además, en Madrid hay un aumento de la litigiosidad como consecuencia de la concentración de muchas empresas… En definitiva, lo que queremos es que haya una financiación de la justicia como servicio público esencial y que sea justa.

El hecho de que la Justicia no sea considerada un servicio público esencial nos está perjudicando.

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¿Por qué ni el anterior gobierno del PP ni el del PSOE la incluyeron en esta categoría?

Porque nadie previó, en su momento, que la Justicia debería estar en esa categoría de servicio público esencial.

Ahora es una necesidad imperiosa.

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Lopez posando ante la estantería de su despacho
El candidato popular plantea recuperar el espíritu del Pacto por la Justicia de 2001 y dar cabida a todos los colectivos que conforman la Administración de Justicia. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.

¿Cuál es el reto más importante que tiene que afrontar la Comunidad de Madrid en materia de justicia? 

Acabar con la actualización de las estructuras inmobiliarias y culminar el Plan de modernización de la Justicia 21 x 21, donde la pieza fundamental, por su tamaño y extensión es la ciudad de la justicia.

Su proceso de diseño y desarrollo ya está iniciado.

Lo hemos presentado como candidato a la recepción de Fondos Europeos. Queremos levantarlo en un plazo y a coste razonable.

En todo caso, de forma paralela, hemos sacado a concurso un contrato para que se evalúe la viabilidad económica de la construcción y explotación por régimen de concesión de obra.

Es una operación público-privada que supone que la Comunidad de Madrid no invierte ni un euro y luego, durante una serie de años, pagará un canon y al finalizar esa obra revierte en la propia Comunidad.

Ya sabe que desde Unidas Podemos y desde algunos sectores del PSOE no se ve con buenos ojos este tipo de colaboración público-privada. 

Los instrumentos de cooperación público-privada son de mucho éxito en Europa. Lo mismo que aquí en España, en las Comunidades Autónomas, incluyendo las gobernadas por el partido socialista.

El PSOE, cuando gobierna, cree en la cooperación público-privada. Cuando está en la oposición la demoniza. En España se han construido, de esa forma, varios hospitales. Es propia de una sociedad como la que vivimos en nuestro momento.

Es otro modelo de construcción de obra pública y supone un ahorro de costes importante para la Comunidad. Tiene que pensar que todo lo que gastamos en el partido judicial de Madrid anualmente en seguridad, en mantenimiento de edificios, en alquileres. Todo eso va a estar integrado en el pago de un canon anual durante 20 o 30 años, eso lo tenemos que estudiar.

Se paga y al final apaga revirtiendo.

Para eso hemos sacado un contrato. Para que haya una evaluación del coste y de la viabilidad económica.

Lo que es servicio público no se puede privatizar. Lo van a seguir prestando, obviamente, jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, funcionarios y trabajadores del servicio público.

Lo que asume el concesionario es la construcción del edificio, su mantenimiento, la seguridad, la limpieza, etcétera.

«No entiendo cómo se puede discutir la existencia de la Ciudad de la Justicia de Madrid» 

Por lo que se refiere al resto de los edificios judiciales, ¿se ha cumplido el Plan 21 x 21?

Tenemos dos palacios nuevos de justicia para inaugurar. Uno en El Escorial y otro en Navalcarnero. Hemos construido un pabellón multiusos en Alcalá de Henares. Estamos terminando las obras del nuevo edificio judicial único de Navalcarnero. Hemos comenzado las obras del Palacio de Justicia de Valdemoro y en mayo comenzaran las de Getafe y Torrejón de Ardoz.

Y luego se han hecho obras de adaptación en Parla, en Leganés, en Coslada.

Después, queda algún partido judicial donde tenemos que iniciar el estudio de nuevas infraestructuras, como el de Majadahonda.

En el resto, los edificios están en una situación adecuada o se han hecho obras de adaptación.

Mientras no se construya la Ciudad de la Justicia, hemos unificado, por orden jurisdiccional, los edificios de Madrid. Hemos hechos una gran obra de actualización en Plaza Castilla 1, en Poeta Joan Maragall 66, en el Registro Civil de la calle Pradillo y en las sedes de la calle Princesa 3 y 5.

La Ciudad de la Justicia de Madrid es una necesidad imperiosa. La dispersión de sedes produce una pérdida de recursos porque hay que tener seguridad para cada una de ellas, además de los graves perjuicios que se generan a los ciudadanos y a los profesionales.

No entiendo cómo se puede discutir su existencia.

Bueno, muchos ven la Administración de la Administración de Justicia, tal como la definió en 1986 el Tribunal Constitucional, como parte del tercer poder del Estado. La palabra «poder» es muy poderosa, valga la redundancia.

Nosotros, en el gobierno regional del Partido Popular, tenemos muy claro que el servicio público justicia solo está pensado para atender al ciudadano y no para hacer una utilización política del mismo.

Nosotros construimos edificios, ponemos medios para que funcione, porque creemos en la división de poderes.

Por eso hemos impulsado un proyecto de ley para que el magistrado autonómico no sea elegido por la Asamblea de Madrid y sí por el CGPJ. Es una forma de entender la justicia de un modo diferente, como servicio y no como poder, a como lo hacen otros.

El poder solo lo ejercen los jueces y magistrados. Esta iniciativa ya le avanzo que vamos a recuperar la próxima legislatura si los ciudadanos de la Comunidad renuevan su confianza en nosotros.

Enrique López
López avanza que si los ciudadanos reiteran su confianza en el PP para seguir gobernando la Comunidad de Madrid van a rescatar el proyecto de ley para que el magistrado autonómico deje de ser propuesto por la Asamblea de Madrid y lo sea por el CGPJ. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.

El Ministerio de Justicia informaba recientemente que ya se habían hecho pruebas en Madrid–77 pruebas, para ser más exactos–, en colaboración con ustedes, con una herramienta de transcripción o textualización de los actos judiciales grabados. Y ha sido un éxito. ¿Para cuándo prevé que esté generalizado en la Comunidad de Madrid?

Para finales de este año. Ahí es donde se va a dar el salto cualitativo en la definitiva implantación del expediente judicial electrónico.

Con la textualización de los actos orales se va a cerrar el círculo. Los profesionales van a tener lo mejor de la inmediación, en tanto en cuanto van a poder visionar un vídeo. Pero ahora también vas a poder ver en pantalla, con subtítulos lo que se dice. Y podrán descargarlo en formato documento.

Los jueces se quejaban de que con la visualización de vídeos se perdía mucho tiempo mientras que antes, con la lectura del resumen que hacía el secretario, se ganaba mucho tiempo.

Con la textualización se va a tener lo mejor de los dos sistemas. Se va a poder ver y escuchar en pantalla lo que se dice y se va a poder leer lo que se dice. Las búsquedas van a ser infinitamente más rápidas.

Todo va a estar en formato informático. En la nube. Con esto la implantación del expediente judicial electrónico será una realidad.

Ahora mismo ya estamos recibiendo los atestados de Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local, además de partes hospitalarios, a través de LEXNet. También los informes de los peritos judiciales y la remisión de expedientes de las Administraciones.

«Es fundamental definir de una vez por todas el modelo de organización judicial que queremos para los próximos 40 o 50 años»

O sea, que se acabará presentar los documentos en formato digital, por LEXNet y dos copias en papel, ¿no es así?

Aquí lo que se requiere es una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que libere a las partes de la aportación de copias físicas. Hay que adaptar la Ley de Enjuiciamiento Civil a esta nueva realidad.

Pero eso depende del legislador. Y es necesaria. Porque en el momento en el que todo esté en un soporte electrónico, la parte personada, accederá a esa copia. De lo que sí tendrán que aportar copia es de los documentos físicos que sean esenciales.

¿Cuánto han invertido en equipos informáticos como consecuencia de la pandemia?

Lo que hemos invertido con la colaboración de Madrid Digital supera los 5 millones de euros. Hemos distribuido 4.000 ordenadores portátiles a los funcionarios. En la Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid contamos con 7.000 funcionarios.

Hemos cursado una petición de 2.500 equipos adicionales. Casi la totalidad de la plantilla va a tener un nuevo ordenador, con el que va a poder teletrabajar.

Hemos instalado, además, 2.500 accesos a la aplicación ISLA, para los funcionarios, que les permite trabajar en la oficina judicial o en sus casas. Estamos afrontando este reto tecnológico con decisión, un reto que está orientado al expediente judicial electrónico.

Hemos sido la primera Administración de Justicia de España que ha entregado portátiles a los funcionarios. Además, la firma digital se ha impuesto. El 80 % de jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia firman ya de esa forma.

¿Qué opinión tiene del plan de modernización de la Justicia por el que avanza el Gobierno?

Tiene algunos aspectos positivos. Otros que hay que repensar y consensuar más. En todo caso, lo que necesitamos, el PSOE y el PP, es sentarnos y volver a replantear el espíritu del Pacto de Estado de 2001.

¿Por qué? Porque es fundamental definir de una vez por todas el modelo de organización judicial que queremos para los próximos 40 o 50 años.

El que apostemos, o no, por tribunales de instancia, el que apostemos o no por cuestionar las circunscripciones judiciales, por hacer una segunda instancia más limitada, requiere un gran consenso para definirlo.

Eso va a marcar lo que estamos invirtiendo en la justicia. Y va a marcar las leyes procesales.

Llevamos muchos años de diagnóstico sobre los males que aquejan a la justicia española. El diagnóstico prácticamente está agotado. Lo que resta es ponernos de acuerdo.

Las grandes reformas de la justicia tienen que estar pactadas por los partidos políticos pero, además, hay contar con los operadores de la justicia.

En el servicio público justicia el factor personal es esencial. Estamos ante un servicio público en el que el gran nivel de todas las personas redunda en una Administración de Justicia muy resiliente, como se dice ahora. Una Administración que ha sido capaz de sobreponerse a una gran carencia de medios y a su ausencia de modernización. Esto se ha ido solucionando gracias a ese gran nivel de las personas que le dan vida.

Por eso hay que escuchar a todos los que trabajan en esto, a abogados, procuradores, jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, sindicatos de funcionarios… Porque de oír a todos y de buscar la solución más consensuada va a depender el futuro de nuestra justicia.

Desde el PSOE se habla de la necesidad de cogobernanza y colegislación entre el Ministerio y las 12 Comunidades Autónomas con competencias transferidas. ¿Cómo ve usted esto?

A las Comunidades Autónomas se nos pregunta nuestra opinión sobre diversos procesos legislativos, pero evidentemente donde se conforman esas leyes es en el Congreso de los Diputados, mediante acuerdos con grupos parlamentarios.

El ministro nos pregunta sobre determinadas reformas legislativas. Yo soy cauto e informo sobre lo que se refiere a la competencia autonómica. Respecto a la ley en sí misma digo que le corresponde al grupo parlamentario decidir.

En la Conferencia Sectorial se expresa la opinión respecto de lo que son competentes las Comunidades Autónomas.

Los baremos del turno de oficio y de la justicia gratuita son un campo de batalla. Se les acusa a ustedes de no dar salida.

Con los baremos se hace bastante demagogia. La Comunidad de Madrid es un ejemplo de apuesta y apoyo por la Justicia gratuita y por el turno de oficio, teniendo en cuenta que se ha producido, en los últimos cuatro años, una actualización de los baremos que supuso un aumento del 40 % de lo que se venía abonando con anterioridad. Fundamentalmente a los procedimientos que se producen con mayor frecuencia.

Nosotros nos comprometemos ahora, con la aprobación de los nuevos presupuestos –si los madrileños nos apoyan– a actualizar los baremos en la medida de lo posible.

A mí me llama la atención que partidos, como el Socialista o Podemos, nos exijan la actualización cuando están gobernando en España. Y en su territorio, en cinco Comunidades Autónomas, mantienen los baremos sin actualizar, siendo mucho más bajos de lo que abona la Comunidad de Madrid.

En algunos casos casi el cien por cien de diferencia. La media es de un 40-50 por ciento de diferencia menor con respecto a lo que se paga en la Comunidad de Madrid.

Además, nosotros pagamos en mes vencido el turno de oficio. Eso es un esfuerzo que mi antecesora en el cargo, Yolanda Ibarrola, desarrolló con notable éxito.

Supone un gran esfuerzo para nuestros funcionarios de la Dirección General porque requiere un despliegue de medios muy importante. Lo hacemos porque creemos que es necesario. Los abogados y procuradores deben percibir los emolumentos a mes vencido.

En el Ministerio de Justicia no se abonaba hasta que se había declarado todo, y para eso pasaban dos o tres meses.

¿Y qué me dice de la mediación y el arbitraje?

Que es necesario explorar caminos que ayuden a solventar problemas de los ciudadanos sin la necesidad de abrir procedimientos judiciales complejos, y descargar así los juzgados de parte de su carga.

Nosotros llevamos tiempo trabajando para fomentar y potenciar las herramientas del arbitraje y la mediación como métodos eficaces en la resolución de conflictos.

Hemos abierto salas de mediación en distintos órganos judiciales. Tres en Madrid capital, en la Audiencia Provincial, los Juzgados de Familia de la calle Francisco Gervás y en los juzgados de lo contencioso de Gran Vía.

Hemos hecho lo mismo en cuatro sedes judiciales del resto de la Comunidad. Leganés, Móstoles, Colmenar Viejo y Getafe.

El penúltimo paso que hemos dado en este aspecto ha sido tan sólo hace seis días, el 23 de este mes, firmando el consejero de Economía, Javier Lasquetty, y yo mismo, un Convenio de colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid para la promoción de la mediación y el arbitraje entre las empresas madrileñas como solución extrajudicial de conflictos.

Sin embargo, sabemos que la mayor capacidad de actuar y legislar en la materia corresponde al Estado, por lo que me gustaría proponer aquí la posibilidad de llegar a un gran acuerdo nacional para el desarrollo de un marco legislativo pleno para la mediación y el arbitraje.