El Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla ha remitido a la Audiencia Provincial de Sevilla, para la celebración del juicio, la causa contra el exsecretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla y otros cuatro antiguos responsables de la organización sindical por un supuesto delito continuado de fraude de subvenciones en concurso con un delito continuado de falsedad en documento mercantil, derivado de la práctica de supuestas facturas falsas, mediante la cual habrían sido defraudados 40.750.047,74 euros de subvenciones públicas.
Los investigados son el exvicesecretario de Organización y ex secretario general del sindicato Francisco Fernández Sevilla; el que fuera secretario general de Administración de UGT-A; la exsecretaria de gestión económica; la exresponsable del departamento de Compras de UGT-A; el consejero delegado de Soralpe I Mas P Asociados, y diez personas que actuaron como proveedores del sindicato a través de las empresas que representaban.
En una providencia dictada el 12 de mayo, el juez instructor, Juan Jesús García Vélez, acuerda que habiendo finalizado el plazo concedido a las partes para presentación de escritos de defensa y estando conclusa la fase intermedia, se remita el presente procedimiento a la Audiencia y, en su caso, las piezas separadas correspondientes para que procedan a su reparto.
El 13 de marzo de 2020, el magistrado acordó la apertura de juicio oral contra los 15 investigados tras recibir los correspondientes escritos de acusación presentados por la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones particulares ejercidas por Junta de Andalucía y Partido Popular Andaluz (PP-A).
Tanto el Ministerio Público como las acusaciones particulares presentaron sus escritos de calificación después de que el 3 de diciembre de 2019 el instructor acordara continuar la causa como procedimiento abreviado y les diera traslado para que solicitaran la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias indispensables para formular la acusación.
En su auto de procedimiento abreviado, el juez relataba que en el periodo comprendido entre 2009 y 2013 “se ha constatado la existencia de procedimientos concertados entre los responsables de UGT-A y determinados proveedores a fin de que, de una forma coordinada, pudieran facilitar al referido sindicato una vía de financiación para la práctica de sus actuaciones propias”.
Indivó que “la utilización de estos instrumentos suponía la aplicación de los fondos recibidos a través de subvenciones públicas a unos fines distintos del destino que dichos fondos deberían haber tenido”, como es “la práctica de acciones formativas, a personal ocupado y desocupado, conforme a los expedientes de subvenciones públicas que eran otorgadas por la Dirección General de Formación de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía”.
«En la consecución de aquellos fines fraudulentos de financiación era precisa la implicación de sociedades que, como proveedores, facilitaran la infraestructura documental y contable que permitiera obtener fondos destinados a formación, para poder desviarlos, con el fin de sostener los gastos corrientes del sindicato», explicaba el juez instructor, y señalaba que «el cómputo global de las cantidades defraudadas en los expedientes en los que se ha contado con la información documental necesaria asciende a 40.750.047,74 euros».
En el auto de apertura de juicio oral, el juez señalaba la «relación existente» entre los miembros de la antigua cúpula de UGT-A y la propia organización sindical, indicando así «la presunta responsabilidad civil subsidiaria» de UGT Andalucía, por lo que procedía «requerir a dicha entidad para que preste fianza a fin de asegurar la responsabilidad civil que pueda derivarse de la causa».
Lo mismo consideró respecto al resto de investigados y su relación con las empresas proveedoras de UGT Andalucía, a las que también atribuía su «presunta responsabilidad civil subsidiaria», considerando, además, que corresponde a la Audiencia de Sevilla la celebración del juicio por un supuesto delito continuado de fraude de subvenciones en concurso con un delito continuado de falsedad en documento mercantil en el caso de Fernández Sevilla y los demás exmiembros de UGT-A, y como cooperadores necesarios de tales delitos en el caso de los restantes investigados como responsables de las empresas proveedoras del sindicato.
El juez impuso una fianza de 40.750.047 euros a Fernández Sevilla y los restantes exresponsables de UGT-A, de manera «conjunta y solidaria». Al resto de investigados les impuso fianzas que oscilaban entre 638 euros y más de un millón de euros.
Además, requería a UGT-A para que, para el supuesto de que Fernández Sevilla y los demás investigados relacionados con el sindicato no prestasen la fianza exigida, «preste en igual plazo de un día la fianza» de 40.750.047 euros solicitada a los mismos.
Y requería a las empresas Chavsa, Lienzo Gráfico, Publicar D.M., Siosa, Imprenta Pineda, Viajes Macarena, Caronte y Carpetas Abadía las fianzas asociadas a las personas investigadas con relación a tales entidades, «para el caso de que los acusados no presten la fianza exigida».
