El PP advierte al Gobierno que el indulto a los independentistas sería "una felonía" y que si lo concede tienen un "motivo más" para no llegar a un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Foto: Congreso
Sánchez, sobre los indultos: ‘Hay un tiempo para el castigo y otro para la concordia’
Casado lo acusa de querer indultar a quienes "han atacado las leyes, reventado la concordia y dinamitado la convivencia"
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26/5/2021 11:35
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Actualizado: 26/5/2021 16:56
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha reafirmado hoy en que la decisión que tome sobre los indultos a los condenados por el proceso independentista en Cataluña será «a favor de la convivencia entre todos los españoles», porque «hay un tiempo para el castigo y otro para la concordia».
Así lo ha manifestado durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, en respuesta al presidente del Partido Popular, Pablo Casado.
Además, el presidente del Ejecutivo ha pedido al PP que le apoye en este trámite, al igual que hizo el PSOE en su día al respaldar la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña tras el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.
Sánchez ya aseguró ayer que se guiará por la «concordia» y el «diálogo» y no por la venganza para decidir sobre esa medida de gracia, y Casado le ha replicado en la sesión de control que hacer «cumplir la ley no es venganza y defender la unidad no es revancha», ni «dar un golpe a la legalidad» es un valor constitucional.
«Quiere indultar a los que han atacado las leyes, han reventado la concordia y han dinamitado la convivencia», ha denunciado Casado, y ha asegurado que esta decisión que no es más que un «pago» a sus socios parlamentarios independentistas, para «seguir en el poder».
«Un pago que será su finiquito y el epitafio del PSOE constitucional», ha augurado el líder de la oposición.
Pedro Sánchez ha vuelto a defender que «la Constitución recoge en su espíritu tanto el castigo como la concordia», y que el Gobierno «tomará su decisión en conciencia». Respecto a sus alianzas parlamentarias con ERC, ha asegurado que el Ejecutivo tomaría la misma decisión «si tuviera 300 escaños».
«El Gobierno tomará una decisión en conciencia a favor de la convivencia entre todos los españoles», ha reiterado.
Además, Sánchez ha afirmado que fue el PP el que ante aquel desafío no supo defender «la integridad territorial y la unidad de España». «Lo que hicieron fue debilitar los cimientos del Estado ante ese embate a la convivencia, por lo tanto, sean responsables y apoyen también al Gobierno», ha pedido.
Casado considera que «los indultos son una línea roja que Sánchez no debe cruzar», pero en el PP dan por sentado que el Gobierno indultará a los condenados por el ‘procés’.
«Quiere indultar a los que han atacado las leyes, han reventado la concordia y han dinamitado la con vivencia», ha denunciado Casado, y ha recordado que Pedro Sánchez dijo en 2019 que los condenados por el ‘procés’ tenían que cumplir íntegramente sus penas, y que «nadie está por encima de la ley».
«Mintió a los españoles para ganar las elecciones», ha denunciado el líder de la oposición, y ha asegurado que su partido defenderá la justicia, la Constitución y la nación, y que cuando gobierne el PP modificarán la ley de indultos y el Código Penal para sancionar los referendums ilegales.
Fuentes ‘populares’ creen que los indultos tendrán lugar después de las primarias andaluzas, previstas para el 13 de junio, para no dar bazas a Susana Díaz, que compite con el alcalde de Sevilla, Juan Espadas.
El PP sostiene que si es concedida la medida gracia a estos condenados, «que no se han arrepentido ni pedido perdón», sería una «humillación» a los españoles y una «traición democrática», y se estaría ante «una auténtica aberración jurídica y política», según ha denunciado recientemente el secretario de Justicia e Interior del PP, Enrique López.
Tanto el PP como VOX ya han anunciado que si el Gobierno los concede, recurrirían ante el Tribunal Supremo, y Ciudadanos interpondría un recurso contencioso administrativo contra ese acto administrativo del Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos.
OFENSIVA PARLAMENTARIA
El PP también está dispuesto a emprender una ofensiva parlamentaria semanal en el Parlamento sobre este asunto.
Ayer, la senadora ‘popular’ Cristina Ayala trasladó al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que solo un «Gobierno indecente» naturaliza el indulto «a golpistas» y cerró su intervención exhibiendo carteles contra esos indultos, en los que se podía leer «por la democracia», «por los catalanes que cumplen la ley», «por el Estado de Derecho», «no a los indultos».
Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, el diputado del PP Luis Santamaría Ruiz también ha preguntado hoy al ministro de Justicia por este asunto, después de que Campo pidiera el lunes que los indultos se vieran con «naturalidad», tanto si son favorables como si no los son o si son «totales o parciales».
«Usted sabe que no se dan las razones de justicia para ese indulto», ha destacado Santamaría en su intervención, y ha denunciado que Sánchez y Campo «están a punto de cometer una felonía» y que pondrán a España «al margen de la ley» si conceden la medida de gracia a los independentistas.
En su respuesta, el titular de Justicia ha hecho hincapié en que tiene previsto «estudiar cada una de las peticiones cuando el Tribunal Supremo informe sobre ellas».
«La intención de este Gobierno es esperar», ha señalado Campo, y ha aprovechado su intervención para reclamar al PP la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Constitucional. «Hagan algo útil por los españoles», ha subrayado.
Lo cierto es que el vicesecretario de Territorial del PP, Antonio González Terol, ha advertido hoy al Ejecutivo que si concede los indultos, tienen un «motivo más» para no llegar a un acuerdo para renovar el CGPJ.
«¿Ahora somos unos chantajistas por pedir que se respeten las decisiones del Tribunal Supremo?», ha lanzado en una entrevista en RNE González Terol.
El Supremo emitirá esta semana su informe sobre los indultos tras analizar los argumentos del Ministerio Público y la Abogacía del Estado, si bien ninguno de ellos es vinculante para el Gobierno, que es el que debe decidir sobre su aplicación.
Las penas a las que fueron condenados los 12 líderes independentistas juzgados por el proceso independentista en Cataluña. Foto: EP
La Abogacía del Estado ha rehusado pronunciarse a favor o en contra de la concesión de los mismos, por considerar que es una decisión que compete únicamente al Gobierno, pero señala que el «perjuicio económico» provocado con el referéndum independentista ilegal del 1-O ya ha sido resarcido.
La Fiscalía se opone a la concesión de la medida de gracia debido la gravedad de los hechos y al entender que no existen razones de justicia, equidad o utilidad pública que justifiquen su aplicación.
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