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Campo afirma que se «hará lo que marca la ley» y el PP le recuerda que solo un «Gobierno indecente» indulta «a golpistas»
Así se han pronunciado el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y la senadora del PP en la Cámara Alta. Foto: Ministerio de Justicia.

Campo afirma que se «hará lo que marca la ley» y el PP le recuerda que solo un «Gobierno indecente» indulta «a golpistas»

En los próximos días se espera el informe del Tribunal Supremo sobre los condenados en la causa del 'procés'
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26/5/2021 06:47
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Actualizado: 25/5/2021 19:42
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El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha afirmado en el Senado, en respuesta a una pregunta del Grupo Popular sobre la petición de indultos para los condenados en la causa del ‘procés’, que el Gobierno tiene previsto hacer lo que marca la ley, «estudiar, una a una, cada petición cuando tenga los pertinentes informes del Supremo».

Campo ha recordado que la ley establece un procedimiento claro: cuando llega una petición de indulto se solicita al Tribunal sentenciador que se pronuncie.

Este, a su vez, realiza otras peticiones de informes (a la Fiscalía, a Instituciones Penitenciarias, a la Abogacía si el Estado es perjudicado, al ofendido si lo hay), y hace una valoración individual sobre cada una de las peticiones.

El Supremo envía el informe al Ministerio de Justicia, que estudia cada caso y eleva una recomendación al Consejo de Ministros, quien toma la decisión definitiva.

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«Estamos respetando las leyes, pues el respeto a las leyes es lo que marca las democracias», ha dicho el ministro, quien ha añadido que, «cuando llegue el momento procesal oportuno, acudiré a explicar las razones que han llevado al Gobierno para concederlos o denegarlos, unos sí, otros no, totales o parciales».

Campo ha asegurado que «el Gobierno da la cara, pero después de cumplir los procedimientos», y ha reprochado al grupo Popular no respetar la ley, ni los procedimientos, ni al Tribunal Supremo, ni al Gobierno.

Por su parte la senadora del Partido Popular Cristina Ayala Santamaría ha señalado que solo un «Gobierno indecente» naturaliza el indulto «a los golpistas», en referencia a los condenados del ‘procés’, según recoge Europa Press.

Desde la formación liderada por Pablo Casado ya han avisado que recurrirán al Tribunal Supremo si el Ejecutivo acuerda conceder la medida de gracia a los presos.

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«No vamos a naturalizar los indultos a los golpistas. Eso solo le puede parecer natural a un Gobierno indecente», ha señalado la representante del PP durante su intervención en la sesión de control en el Senado tras preguntar si el Gobierno tiene «previsto indultar a los políticos encarcelados por vulnerar la ley en Cataluña».

«Están lanzando el mensaje de que la Justicia no es igual para todos, de que tiene precio y que el precio es los votos para la investidura o los presupuestos«, ha insistido la senadora.

La declaración de Ayala tiene lugar un día después de que el ministro de Justicia pidiera que los indultos de los condenados por el ‘procés’ se vieran con «naturalidad», tanto si son favorables como si no los son o si son «totales o parciales».

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«Me gustaría que nos dijera mirándonos a los ojos y sin que se le caiga la cara de vergüenza eso de que hay que naturalizar los indultos», ha indicado Ayala.

Se espera que esta semana el Tribunal Supremo emita su informe sobre los indultos, a partir de este momento el Gobierno tendrá vía libre para tomar una decisión.

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La Fiscalía se ha opuesto a la concesión de la medida de gracia, debido la gravedad de los hechos y al entender que no existen razones de justicia, equidad o utilidad pública que justifiquen su aplicación.

La Abogacía del Estado, por su parte, ha rehusado pronunciarse a favor o en contra de los indultos, por considerar que es una decisión que compete al Gobierno, si bien ha destacado que el «perjuicio económico» provocado con el referéndum independentista del 1-O estaría reparado.

Sin embargo, ninguno de estos informes es vinculante para el Gobierno, que tiene la última palabra. La concesión de los indultos, en caso de producirse, corresponde al Rey, a propuesta del ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros, y debe acordarse mediante Real Decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado.

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