Solicita a Delgado que aborde "con urgencia" la solución de estos problemas. Foto: Carlos Berbell/Confilegal
La APIF reclama que se potencien las sustituciones profesionales de los fiscales titulares
Y mejoras salariales por penosidad en ciertos destinos
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17/6/2021 14:48
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Actualizado: 17/6/2021 14:48
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La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha reclamado a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, que se potencien las sustituciones profesionales de los fiscales titulares y mejoras salariales por penosidad en ciertos destinos.
Esta asociación, que preside Juan Antonio Frago, ha enviado hoy una misiva a Delgado sobre estas dos cuestiones que le «preocupan» especialmente y le pide que aborde «con urgencia» la solución de estos problemas.
En la carta, la APIF propone medidas para favorecer la movilidad geográfica de los fiscales titulares. Por otra parte, teniendo en cuenta la «penosidad» de determinados destinos, afirma que es necesario estimular que se cubran con fiscales titulares determinados destinos como, por ejemplo, Cataluña o el Campo de Gibraltar.
La asociación plantea estas medidas, «visto que, en un caso, el problema subsiste a lo largo de los años y no se arregla, y que en el otro, las nuevas circunstancias aconsejan adoptar medidas de inmediato».
El presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Juan Antonio Frago, fiscal de la Fiscalía Provincial de La Coruña.
La APIF solicitó a Delgado que informara del número de fiscales sustitutos (sustituciones externas) destinados en España, en concreto en la Fiscalía de Madrid, y tras analizar los datos concluye que «desde 2013 hay un número excesivo de sustitutos externos en la Fiscalía de Madrid, 21, de manera ininterrumpida».
Desde 2013 ininterrumpidamente, casi 8 años.
Señala que al mismo tiempo, numerosos fiscales quieren acceder a una plaza en Madrid, pero esas plazas están bloqueadas por no sacarlas a concurso.
La APIF ve «un despropósito» que hasta 43 fiscales sustitutos estén contratados en Madrid, mayoritariamente en posiciones de “refuerzo” de plantilla, y a los titulares «no se les permita acceder prioritariamente a esas plazas».
Esta asociación señala que las soluciones ofrecidas por la Fiscalía General del Estado al respecto a lo largo de los años «no resuelven el problema, como es evidente».
Además, indica que el análisis del informe sobre las sustituciones de fiscales correspondiente al ejercicio de 2020, incorporado al Portal de Transparencia de la Fiscalía, evidencia un gasto de 16.244.063 de euros en sustituciones externas a lo largo de 2020, frente a un coste de 703.832 euros en sustituciones profesionales.
«Con ese dinero podría ampliarse la plantilla en más de 250 fiscales titulares de segunda categoría», subraya la APIF.
Según informa, prácticamente el 80% de las sustituciones son por razón de refuerzo.
Esta asociación entiende que el refuerzo «ha de ser preferentemente interno», y transmite a Delgado que «a muchos fiscales les duele ver cómo la Fiscalía General se gasta esas cantidades por necesidades del servicio, sin priorizar las conveniencias de los propios miembros de la Carrera Fiscal».
La APIF no duda que los fiscales sustitutos «prestan un gran servicio», pero destaca que este servicio ha de ser donde no haya fiscales de carrera, «no bloqueando a los titulares».
Por ello, plantea la creación de una bolsa de fiscales titulares a los que se ofrezca prioritariamente cada necesidad de refuerzo antes de ofrecerlos a los sustitutos.
Según indican desde la APIF a Confilegal, «muchos aceptarían acceder a las plazas de sustituciones externas aunque sea por un corto periodo de tiempo, por ejemplo de seis meses, por estar próximo a su lugar de residencia».
La otra cuestión que preocupa a esta asociación afecta a los fiscales destinados en el Campo de Gibraltar, Almería, Cádiz, Málaga, Huelva, Ceuta y Melilla, Islas Canarias, y Cataluña.
Señala al menos para ellos «es preciso estudiar aumentar el complemento de destino por penosidad (artículo 13 de la Ley 17/80), vistas las complicaciones que vienen sucediéndose en los últimos tiempos relacionadas con el tráfico de drogas».
En este sentido, recuerda que Delgado llegó a nombrar un fiscal de Sala, Javier Zaragoza, para coordinar ese tipo de respuestas a los delitos que proliferan en el Sur de España, si bien este finalmente presentó su renuncia.
La APIF alude al incremento trabajo como consecuencia de las oleadas de inmigración ilegal en esa zona, del tráfico de drogas, del incremento delictivo en general que han colocado a esas Fiscalías y a los fiscales en situaciones de estrés; «riesgo laboral no protegido por la FGE hasta la fecha», «cuya evitación y, al menos, compensación económica» que «debería incitarse por la Fiscalía General».
Explica que algo parecido ocurre en las Islas Canarias, respecto a los fiscales destinados en Cataluña manifiesta que es evidente que desde 2017 las cosas han cambiado mucho y a peor.
Por ello, reivindica que los fiscales destinados en la Comunidad Autónoma de Cataluña deben tener un premio salarial por la penosidad.
Además, en su misiva la APIF «reconoce y agradece a los compañeros que prestan servicio en Cataluña «la firmeza en la preservación del Estado de Derecho en los momentos más complejos».
La semana pasada, esta asociación también exigió a la fiscal general del Estado y al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que doten a la Carrera Fiscal de un marco de prevención de riesgos laborales.
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