La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha exigido hoy a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, que dote a la Carrera Fiscal de un marco de prevención de riesgos laborales.
Esta asociación que preside Juan Antonio Frago le ha hecho este llamamiento a través de una misiva.
Mañana también se lo pedirán al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, a quien también enviarán una carta, según han informado a Confilegal fuentes de la asociación.
La APIF expone a Delgado que en otra carta anterior, del pasado dos de noviembre, la asociación reclamó la constitución de una Comisión Nacional de Seguridad y Salud para al Ministerio Fiscal, y que desde APIF observan «con consternación, como si no tuviera importancia», el retraso que está sufriendo la firma del proyectado Convenio –en el marco del cual habría de insertarse dicha Comisión Nacional- a concertar entre la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Ministerio de Justicia sobre el «establecimiento e implementación real de un sistema completo de prevención de riesgos laborales para los fiscales».
«Observamos que se va retrasando, y lo que había de haber tenido lugar en marzo, ahora se dice que va a ser a finales de junio, y mientras los fiscales seguimos trabajando, asumiendo todas nuestras obligaciones y los riesgos inherentes a las mismas, sin que ni el Ministerio –a quien también nos dirigimos-, ni la propia FGE estén mostrando el compromiso requerido conforme a la “deuda de seguridad” que tienen con nosotros», denuncia.
Por ello, además de solicitar explicaciones sobre los retrasos y urgir la adopción de medidas urgentes para «la protección efectiva de los peligros» que afrontan los fiscales en su trabajo, solicitan a Delgado información sobre varias cuestiones.
La APIF quiere si la Fiscalía General ha adoptado «alguna medida (o algún estudio, siquiera) para limitar la carga de trabajo de los fiscales de manera que no se ponga en peligro la salud laboral de los fiscales».
«Esta cuestión afecta a la generalidad de los fiscales y no creemos que haya de esperarse a que se suscriba un Plan de Riesgos laborales que, al ritmo que se está llevando, puede conllevar un periodo de tiempo significativo, a añadir al retraso de décadas que ya sufre ésta Carrera», apunta la asociación.
Señala que si la cuestión afecta a todos los fiscales, hay algunos más afectados todavía, como son los compañeros mayores; las fiscales embarazadas; los que ya padecen afecciones de salud; los que necesitan la implementación de media jornada, los que trabajan en lugares diferentes de la residencia de su familia «mientras la Fiscalía mantiene cientos de fiscales sustitutos de larga duración a la que podrían esos fiscales ir destinados en las mismas condiciones; los que soportan condiciones de trabajo propias de épocas pasadas».
La APIF recuerda que la planificación de evaluar los riesgos y adoptar la prevención de los peligros corresponde al empresario. «Y en concreto cuando hablamos de cargas de trabajo, a la Fiscalía General», agrega.
También pregunta a Delgado si la FGE ha tomado o va a tomar «alguna medida para formar a los fiscales en materia de protección de los riesgos laborales generados en el trabajo, dado que forma parte de las obligaciones de la FGE el proporcionar tal información a todos y cada uno de los deudores de seguridad».
Asimismo, quiere saber cuándo se va a firmar el Convenio con el Ministerio de Justicia. «En esta cuestión, la APIF no quiere esperar más, dicho sea, con todo el respeto, no viendo más solución que la jurisdiccional si de una vez, 11 años después del Convenio firmado por el CGPJ con el Ministerio, y de más de una década de protección de riesgos laborales para la Carrera Judicial, no empezamos a tener los fiscales una protección adecuada en relación con los riesgos que comporta nuestro trabajo, y ante la evidencia de que se está produciendo aquí un conflicto colectivo de índole laboral», le transmite.
¿Se ha hecho por la Fiscalía General un estudio, por ejemplo, de los incidentes cardíacos, de depresión, de medicación ansiolítica, de bajas por enfermedad, que han ocurrido en las fiscalías en los últimos años, o, sin ir más lejos, en la Fiscalía Anticorrupción?. ¿De los casos de estrés laboral, de cualquiera de las enfermedades en que se traducen los riesgos psicosociales que abordamos los fiscales?», son otras de las preguntas.
«Recordamos que el deber de evaluación de riesgos forma parte de las obligaciones del empresario –de la FGE- en relación con estas cuestiones respecto de los fiscales», apunta la APIF.
También quiere saber si la Fiscalía General ha hecho «un balance de la aplicación efectiva del Protocolo Anti acoso aprobado por el Consejo Fiscal, primer instrumento de la FGE para abordar un problema tan grave como el acoso laboral en una organización jerárquica como la Fiscalía».
Por último, pregunta a la fiscal general si tiene en sus planes convocar a las asociaciones de fiscales para discutir de las condiciones de trabajo en lo que afecta a la salud laboral, y en tal caso, cuándo va a hacerlo.
La APIF confía en que Delgado comprenda la preocupación de la asociación y se aborde esta «cuestión capital para el desarrollo profesional de los fiscales con la mayor urgencia y celeridad».
