La cuestión laboral es uno de los temas centrales que descansan sobre la mesa de la Agencia EFE. A principios de este año la dirección trasladó a los sindicatos su intención de llevar a cabo ajustes «acordados y voluntarios» ante la evolución negativa del negocio. Sin que haya habido nuevas noticias al respecto, la empresa pública acaba de reanudar las negociaciones del nuevo convenio colectivo para sus más de 700 empleados.
Ante un proceso tan delicado como importante, en el que ambas partes deberán acercar posiciones en torno a asuntos como la regularización del trabajo o el redimensionamiento de la plantilla, EFE se ha lanzado a la búsqueda de un despacho de abogados para recibir asesoramiento complementario. Y ya tiene la propuesta de una docena de firmas de cara a abordarlo con garantías, toda vez que el actual está en vigor desde hace más de una década.
Según documentación de la agencia presidida por Gabriela Cañas, los principales bufetes especializados en materia laboral han mostrado su interés en hacerse con un contrato valorado en más de 200.000 euros por una duración de un año y medio.
Tras recibir las credenciales oportunas, la empresa ha hecho una preselección de firmas entre las que figuran Cuatrecasas, Uría Menéndez, Pérez-Llorca, Baker & Mckenzie, Sagardoy Abogados, Ecija, Ceca Magán, Garrigues, Deloitte Legal, Crowe y Bufete Casa de Ley. No obstante, estas cuatro últimas están pendientes de subsanar errores en sus ofertas.
«La Agencia EFE necesita adecuarse a los numerosos cambios producidos en el ámbito laboral en los últimos años, como el teletrabajo, derechos digitales y protección de datos, registro de jornada, planes de igualdad y auditorías retributivas, entre otros», indican desde la empresa. Algunos de esos cambios y adecuaciones se incorporarán, previsiblemente, al nuevo convenio colectivo cuyas negociaciones, subrayan, se abrieron antes de que se iniciara el proceso de licitación de servicios jurídicos laborales.
La empresa por la que se decante finalmente EFE deberá trabajar en una propuesta para el nuevo marco laboral que se está debatiendo internamente, donde uno de los puntos de mayor fricción a tratar tiene que ver con la posible prejubilación de una parte de la plantilla que permita rebajar la edad media, ya que actualmente supera los 53 años.
En este sentido, sus funciones irán desde el diagnóstico de la situación laboral para su adecuación y modernización al contexto actual del sector, a asesoramiento en los conflictos colectivos que puedan surgir. En cualquier caso, dada la especialización e íntima conexión de las materias y actuaciones de asesoramiento que precisa contratar la agencia estatal, la adjudicación recaerá sobre un único despacho
