La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia que los procesos de consulta pública están «hurtando» el ejercicio del derecho fundamental de negociación colectiva y «sirven como coartada» al Ministerio de Justicia para anunciar un consenso sobre su proyecto Justicia 2030 que es «absolutamente falso».
Así lo manifiesta en un comunicado difundido hoy, en el que este sindicato exige al Ministerio que negocie «de manera inmediata» las reformas procesales y organizativas que están en marcha, empezando por el Registro Civil.
Según informa CSIF, tras el aplazamiento de la puesta en marcha del nuevo modelo de Registro Civil en Madrid, «debido a los fallos del programa y la mala planificación de la formación, denunciada por CSIF», el sindicato ha vuelto a reclamar al Ministerio que abra la mesa de negociación, presente el borrador del Reglamento, que, «en parte, va a afectar a condiciones de trabajo, especialmente a las delegaciones de funciones», y negocie la estructura interna del Registro Civil.
CSIF advierte al Ministerio que la nueva configuración de la figura del encargado crea «un nuevo cuello de botella» en el funcionamiento de este servicio público, «volviendo a caer en dos errores del pasado».
Afirma que tal y como está configurado el nuevo Registro Civil, se sobrecarga de trabajo a los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) -antiguos secretarios judiciales-, especialmente a los que tienen que compartir funciones procesales y en el Registro Civil, además de «menospreciar» el potencial de los cuerpos generales, especialmente, el de gestión procesal, volviendo al sistema de delegación/habilitación sin retribución alguna.
Asimismo, señala la «pérdida de oportunidades» para los ciudadanos de la denominada España rural, ya que en la ley «se priva» a las oficinas colaboradoras con personal de Justicia de su pertenencia a la estructura formal del Registro Civil y «se les veta» la realización de inscripciones e instrucción de expedientes, algunos de los cuales ya venían realizando los Juzgados de Paz.
CSIF lamenta que el nuevo modelo insista en la «externalización» de parte de las funciones del Registro Civil, como ocurre con la práctica de expedientes y celebración de matrimonios por los notarios, «en vez de dotar a los Registros Civiles de los recursos necesarios y aprovechar el capital humano existente», tal y como viene exigiendo este sindicato desde hace meses.
En materia de matrimonios, afirma que la nueva ley impide a las oficinas colaboradoras tramitar estos expedientes, por lo que se reducen las oficinas que puedan realizar este trámite, y mientras en un Ayuntamiento cualquier concejal puede celebrar el matrimonio, en los Registros Civiles sólo puede hacerlo el encargado «creando un cuello de botella que obliga a concentrar estos actos en un día a la semana o cada quince días según los Registros Civiles».
CSIF también insiste en que los Registros Civiles tengan más competencias en la tramitación de expedientes de nacionalidad.
Sostiene que las medidas adoptadas hasta la fecha para acabar con el atasco de expedientes han sido «un fracaso absoluto» y que el atasco continúa.
«Es hora de confiar en el personal del Registro Civil y apostar por su potencial, descentralizar la tramitación de estos expedientes y agilizar el trámite de autorización o firma de los mismos», reclama.
Para CSIF, el texto de esta ley contiene varios aspectos positivos, pero advierte que pueden frustrarse por la «inactividad negociadora» del Ministerio de Justicia en el desarrollo reglamentario de la misma.
«Como venimos alertando desde CSIF desde que se anunció el proyecto de Justicia 2030, es necesaria la participación real y efectiva de los empleados públicos de Justicia a través de sus representantes legales, que son los sindicatos, y según la Constitución, ese ámbito de participación se denomina mesas de negociación. Si en esas mesas de negociación, ningún proyecto de reforma puede tener éxito», señala a Confilegal el presidente de CSIF Justicia, Javier Jordán de Urríes Sagarna.
Afirma que los grandes proyectos que ha anunciado el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, como son el Registro Civil, la Ley de Eficiencia Procesal, la Ley de Eficiencia Organizativa, en la que están los tribunales de instancia y las oficinas de justicia en el municipio, «no han sido negociados con los sindicatos».
Indica que hasta ahora las grandes reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) sí que se habían negociado, tal y como exige el artículo 37 cuando los cambios y las reformas afectan a las condiciones de trabajo, pero critica que «con este Ministerio no».
CSIF ya se concentró el pasado mes de abril frente al Ministerio para reclamar un refuerzo en las plantillas y medios tecnológicos adecuados ante la «saturación actual de los juzgados», así como que abra la mesa de negociación para abordar las condiciones laborales pendientes y el papel que tiene que desarrollar el personal de esta administración en la «necesaria» reforma de este servicio público.
«La modernización de la Justicia debe basarse sobre unas relaciones laborales modernas y no ancladas en el despotismo ilustrado del siglo XVIII», concluye el presidente de CSIF Justicia.
