El flujo continuo de barcazas atravesando el rebautizado como “mare mortum”, las inexplicables cifras de violencia de género donde la tragedia tiene rostro de mujer, o la creciente desigualdad social hacen que la credibilidad de nuestra democracia como espacio de referencia en materia de respeto a los derechos fundamentales, se haya visto deteriorada hasta quedar en ocasiones herida de muerte.
Ciertos principios no pueden ser negociables.
De esta forma, y para evitar alcanzar la cima del desprestigio, no podemos limitarnos a emular las viejas recetas del pasado que nos hagan estar por debajo de los valores que predicamos.
Más allá, la abogacía como agente del poder judicial, ha de comprometerse aún más con su función social en el marco del Estado Democrático.
Un primer paso sería fomentar los casos pro bono donde los despachos se comprometieran con el impulso social de aquellos colectivos situados más a la retaguardia.
Y es que, si bien ésta es la forma por excelencia de responsabilidad social corporativa, su uso no es tan común: España está a la cola europea en lo que a su práctica respecta, tal y como revelan los datos del informe “The growth of pro bono in Europe”, publicado por PILnet [1].
Las cifras señalan como durante los últimos años los abogados han venido invirtiendo una media de 14 horas en casos pro bono, lo que contrasta con las más de 70 horas contabilizadas por el abogado americano.
Otra propuesta sería el impulso de las acciones colectivas [2], una herramienta que ayudaría a descongestionar la Administración de
Justicia, debiendo pues impulsarse una mayor regulación de esta tipología procesal [3], hasta ahora bautizada como “pleitos en masa”, una versión castiza de las tradicionales “Action Class” del derecho anglosajón.
Una mayor regulación de esta tipología de pleito democratizaría los derechos de acceso a la justicia para todos aquellos con “miedo escénico al pleito” en palabras de Gonzalo Jiménez Blanco.
Las razones de tal patología son diversas: aversión al conflicto, el alto coste que puede implicar la reclamación, así como el desconocimiento de las consecuencias y los daños colaterales.
Lo anterior podría complementarse con un mayor impulso a la mediación, lo cual no solo ayudaría a relajar la saturada Administración judicial, sino que contribuiría a combatir ese espíritu tan negativo con el que el ciudadano mira a la justicia.
Se trata de recuperar la cara amable del conflicto, no con un mazo que dicte una sentencia, sino con un apretón de manos que humanice lo que por naturaleza resulta beligerante.
Más allá, hemos de tomar conciencia de cómo los abogados del turno de oficio no quieren ser los héroes de nuestro tiempo a costa de sus condiciones precarias. Vertebrar un sistema de justicia gratuita que no solo piense en el bienestar del cliente, sino en bienestar del abogado es hoy cuestión urgente.
La buena calidad del sistema no puede serlo en aras de la precarización de quienes lo mantienen. La prontitud en el pago, la elevación de los baremos salariales, una formación continua así como un mayor reconocimiento social son hoy necesarias.
Lo manifestaba Angel Ossorio cuando afirmaba: “todas las profesiones requieren un mínimo de independencia económica, y quien no la alcanza, no puede practicarla”. [4]
Una mayor colaboración de los despachos con el Defensor del Pueblo sería otra forma de fomentar esta nueva praxis. Y es que los derechos poseen un carácter plural que impide su análisis desde un solo ámbito de conocimiento.
Combinar así el ámbito administrativo con el legal, aumentaría las posibilidades de éxito en lo que a denuncia de abusos de derechos se refiere.
España ha logrado en estos más de cuarenta años de democracia las cuotas más altas de libertad de su historia.
Hemos logrado el acceso universal a la educación, la despenalización del adulterio (1978), la ley del divorcio (1981), la del aborto (1985), la del matrimonio homosexual (2005) y una moderna legislación en reproducción asistida para revolucionar el modelo de familia y la forma en que nos relacionamos.
Pero hasta aquí los aplausos.
Las políticas de violencia de género persisten cabizbajas ante unas cifras que no descienden, la igualdad social sigue camuflada tras el crédito (o el descrédito, según quien lo mire), y los derechos de los inmigrantes continúan removiendo nuestras conciencias.
Con la aplicación de las prácticas descritas anteriormente, y otras similares conseguiremos que los derechos de los ciudadanos comiencen a ganar musculatura, logrando así lo que propone Carlos Carnicer, que “cada despacho de abogados sea una oficina de Derechos Humanos”.
Hasta ahora ha habido dos abogacías.
Existe una abogacía que se escandaliza y siente que hay que hacer algo ante las vulneraciones a los derechos, que se moviliza para su defensa y promoción.
Pero esta abogacía contrasta con otra que espera a que sea la propia Administración la que haga uso de su vertiente paternalista y solucione el embrollo, creando así un entorno donde las responsabilidades se diluyen.
No puede haber así dos abogacías, una que combate y otra que se lamenta.
Vivimos hoy en un mundo donde la justicia ha perdido su ceguera, y por eso no podemos olvidar que la profesión del abogado tiene mucho que ver con la idea de servir, con dejar de centrarnos en nuestro propio interés, para servir a los demás. “Cambiar el mundo, amigo Sancho, que no es locura ni utopía, sino justicia”.
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[1] Disponible en: https://www.pilnet.org/public-interest-law-resources/163-the-growth-of- pro-bono-in-europe.html
[2] Miguel Fernández Benavides Class action a la española: ¿un caso de creación judicial del Derecho?, Disponible en: https://hayderecho.com/2016/05/27/hd-joven-class-action-a-la- espanola-un-caso-de-creacion-judicial-del-derecho/
[3] Hay quien ha insertado su regulación en los artículos 11 y 72 de la LEC, como una acumulación subjetiva de acciones.
[4] Ángel Ossorio, El alma de la Toga, ISBN 9788429014976, Madrid Pag 135.
