Varias expertas reflexionan sobre la idoneidad de valorar la presencia en directorios para procesos de contratación
Directores legales como método de contratación: ¿acierto o error?
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06/7/2021 06:46
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Actualizado: 06/7/2021 06:46
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Todos los debates en torno a la utilidad de los directorios legales parecen haber cobrado un nuevo vuelo en España. Si hasta la fecha el único retorno esperado por los despachos era mejorar su posicionamiento y el de sus abogados en el mercado, su inclusión como elemento de valoración en la selección de asesores para el fondo Cofides otorga una nueva finalidad a estas herramientas.
Tal y como publicó este medio, el corte en el panel de los asesores legales se ha establecido atendiendo a tres criterios y uno de ellos (valorado en 15 puntos sobre un total de 100) es la presencia de los miembros de cada equipo en algunos de los tres principales directorios jurídicos, como son Chambers and Partners, Legal 500 o IFLR1000.
El organismo dependiente del Ministerio de Industria ha trasladado una solicitud de aclaración a todas las firmas elegidas para que acrediten la información presentada, entre ella los reconocimientos en rankings, donde sólo computan los correspondientes a la edición de 2021.
Aunque su peso en el proceso de adjudicación es relativo, comparado con los 65 puntos con los que se valora la experiencia en operaciones de deuda y M&A [fusiones y adquisiciones], ha bastado para generar una reflexión dentro del sector acerca de la capacidad de estos rankings para evaluar la calidad de un despacho.
«Es un criterio más a la hora de seleccionar el mejor despacho de abogados para un determinado proyecto. Todos los sectores tienen sus propias formas de reconocer los logros profesionales, pero la industria de los directorios es proporcionalmente más grande y más influyente dentro del sector legal debido a la fragmentación de la profesión», resalta Susana Claudio, consultora especializada en directorios y directora de Band 1.
Susana Claudio, socia directora de Band1
El esfuerzo por aparecer bien reflejados en los directorios de mayor prestigio, como Chambers y Legal 500, hace que las firmas inviertan gran cantidad de recursos y tiempo en ellos. Además de reputación, su sello de calidad sirve como fuente de referencia para aquellos clientes internacionales que acuden a mercados desconocidos en busca de un proveedor legal.
Función que corrobora Claudio, quien conoce por referencias de clientes que se trata de «una práctica muy común para fondos internacionales que buscan abogados en España y para los que es fundamental que el despacho elegido esté incluido en el ranking de Chambers».
Considera que en estos casos juegan un papel importante a la hora diferenciar firmas. «El posicionamiento en directorios no puede ser el único método para elegir un despacho pero sí un factor más para decantarse por una opción u otra ante similares características de varios despachos».
Sandra Cuesta, directora de comunicación de Gómez-Acebo & Pombo, apunta que «los clientes y los despachos los usan, sobre todo, para jurisdicciones diferentes a la de origen en las que no se tienen referencias claras».
Sandra Cuesta, directora de comunicación de Gómez-Acebo & Pombo
Ahora bien, advierte de la importancia de centrar la atención en aquellos de mayor calidad. «No todos son relevantes y hay que saber a cuáles se les presta atención y cuáles hay que ignorar. Chambers & Partners y Legal 500 son los más relevantes, y esto es así por su proceso de investigación y por los criterios utilizados».
Sin embargo, no hay constancia de que en España se tuviera en cuenta la presencia en directorios para optar a encargos nacionales. De ahí que sorprenda, una vez más, su uso en contrataciones públicas. «En España, sobre todo en despachos internacionales, he visto cómo el posicionamiento en directorios se exigía para propuestas internacionales de clientes internacionales cuando un cliente quería saber en qué jurisdicciones un despacho tenía presencia y su posicionamiento en directorios en cada país por ejemplo. Se ha visto con compañías privadas pero no en organismos públicos», asevera Claudio.
En cambio, se trata de una tendencia más asentada en países como Rusia, donde hace años que se exige esta acreditación, según destaca Natalia Tejedor, responsable de la consultora Directory Solutions. Dentro de Europa también va calando en Estonia y Ucrania, y poco a poco se va introduciendo en algunas regiones de Latinoamérica.
Respecto a esta finalidad, cabe mencionar que en 2017 Chambers lanzó un servicio para propuestas a través de una especie de red para abogados que llamó Chambers Connect Network. Lo llamó RFP (Request for Proposals) y permitía a los usuarios enviar una solicitud de propuesta para elegir abogados y comparar respuestas. «Este servicio sólo estaba disponible para abogados y despachos reconocidos en la publicación y para grandes empresas que podía publicar su solicitud de propuesta de forma anónima», señala Claudio, pero esta herramienta no funcionó y hace años que no está disponible.
Herramienta objetiva pero poco ágil
¿Supone un método adecuado para la contratación de despachos? Aun siendo muchos los elementos a conciliar en la conversación, hay una visión compartida en torno a la objetividad de los tres rankings elegidos por el Gobierno.
Según Tejedor, «los directorios no tienen ningún interés en posicionarse a favor de unos despachos u otros, y creo que este enfoque es una de las claves de su éxito».
Opinión que circunscribe Claudio al destacar que «ofrecen una validación de un tercero objetivo e independiente y que además cuentan con el respeto del sector». Y pese a basarse en una investigacción de mercado con varios factores (opinión de los competidores, la submission, la opinión de clientes y terceros), «no es un trabajo estadístico por lo que siempre puede haber dudas del porcentaje de objetividad».
Donde también se establece cierto consenso es en que el tiempo que requiere la manifestación de cambios en Chambers. Un carácter estático que, como manifesta Cuesta, «lleva mucho tiempo posicionar área y profesionales, a pesar de que estos tengan una calidad técnica excelente». Añade que, en general, «el impacto real de la estrategia de la firma en los resultados en directorios es dos o tres años vista en el mejor de los casos».
Para Tejedor, esta falta de agilidad se refleja en que trabajan con casi un año de retraso. «Entre que se envían las ‘submissions’ y salen los resultados, a su vez en las submissions se pueden incluir asuntos de hace 12 meses… Pero la idea es que los ránkings se basan no sólo en el rendimiento de los últimos meses, sino en una trayectoria sólida y demostrada a través de varios ejercicios- le dan más importancia al rigor que a la agilidad», concluye Tejedor.
Por todo lo anterior, cabe preguntarse si esta decisión puede condicionar la estrategia de posicionamiento en directorios por parte de las firmas. Tanto Claudio como Tejedor coinciden en que esto subraya la necesidad de dicha estrategia, puesto que «proporciona un ejemplo tangible del valor que tienen los ránkings, algo que no siempre es fácil evaluar».
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