El Gobierno ha ido tomando buena nota de la serie de errores cometidos por la SEPI en la gestión de los expedientes de petición de rescate para evitar repetirlos con el fondo de recapitalización de empresas medianas y pequeñas. En su intención de asegurar el correcto funcionamiento de este mecanismo, dotado con 1.000 millones de euros y canalizado por Cofides, ha reforzado los mecanismos de acceso a las ayudas y endurecido el procedimiento de selección de asesores externos.
La sociedad dependiente del Ministerio de Industria llevó a cabo a principios de junio una preselección de bancos, consultoras y despachos de abogados. Según el acta de la Mesa de Contratación, en el panel de asesores jurídicos ha propuesto la contratación de BDO, Broseta, Cuatrecasas, Deloitte, DLA Piper, Gómez-Acebo & Pombo, Herbert Smith, Lener, Montero Aramburu, Ontier, PKF, PWC, Ramón y Cajal, Simmon & Simmons, Watson Farley & Williams y la unión temporal (UTE) entre MAIO Legal, DA Lawyers (ahora integrado en Andersen) y Lópèz-Ibor.
Aunque cabe suponer que todos estos nombres estarán en la adjudicación definitiva, todavía están pendiente de resolver las puntuaciones de las ofertas presentadas. El corte de los asesores legales se ha establecido atendiendo a tres criterios: credenciales en materia de operaciones de reestructuración de deuda (50 puntos) y M&A (15 puntos), profesionales adicionales, donde se puntuaban con un máximo de 20 puntos los equipos diseñados presentados por cada despacho, y reconocimientos profesionales.
Dentro de este último apartado, que tiene un peso de 15 puntos sobre un total 100, el órgano de contratación se ha encargado de valorar la presencia de los miembros de cada equipo en algunos de los tres principales directorios legales, como son Chambers & Partners, Legal 500 o IFLR 1000. La razón de que se recurra a esta terna de rankings y no a otros como indicador de referencia es que se consideran, a fin de cuentas, los más prestigios en el sector de la abogacía.
Cada reconocimiento personal en las áreas de Banking & Finance, Corporativo, M&A o Reestructuraciones e Insolvencia se puntuaba con un punto, si bien por esta última categoría sólo podía obtenerse un máximo de dos puntos.
Así, aunque la relevancia de estos directorios reside en que su método de evaluación garantiza la presencia de los mejores profesionales en su campo de actividad, la entidad de las firmas incluidas en el ‘pool’ ha permitido incluir varios galardonados por cada equipo, ya sea de la presente edición o de las anteriores. Hecho que, según fuentes del sector, habría propiciado un empate técnico en relación a la valoración del reconomiento personal.
Con el fin de deshacer esta situación, Cofides ha enviado en los últimos días una comunicación a todas las firmas elegidas aclarando que sólo computan los reconocimientos actuales, es decir, aquellos correspondientes a la edición de 2021. Los despachos tenían hasta mediados de esta semana para acreditar su información.
Tal y como indican desde el propio organismo, se ha hecho simplemente para precisar la mención de los pliegos a reconocimientos “en la actualidad” en directorios legales y «contar con documentación acreditativa de ello que fuera homogénea de los licitadores de cara a su adecuada revisión y puntuación».
Por tanto, pese a que la utilidad real de los directorios es objeto constante de debate, su aplicación como criterio de valoración en un proceso de contratación de estas características da carta de validez a la importancia que suscita entre los mismos letrados. Aunque sólo sea por esta vez.
La explicación a este requerimiento se encuentra en el método de adjudicación de contratos que pretende seguir Cofides, donde la oferta económica pesará hasta un 70% y el 30% restante dependerá de la puntuación de su proposición técnica. Se quiere evitar de esta forma una guerra de precios como la impulsada en el asesoramiento a la SEPI, donde se han llegado a cerrar licitaciones con descuentos superiores al 66%.
Asimismo, como medida complementaria, el fondo de recapitalización para pymes permitiría un máximo de cinco contratos por despacho de abogados. En este caso para garantizar un mayor reparto más equitativo entre los licitantes. En el sector valoran positivamente esta decisión, ya que al menos permitirá concurrir a operaciones en función de su importe o posicionamiento de mercado.
