El Gobierno trata de poner a punto el fondo para rescatar empresas medianas y pequeñas afectadas por la crisis sanitaria. A través de la Compañía Española de Financiación del Desarrollo (Cofides), que gestionará una dotación de 1.000 millones de euros, ha iniciado los trámites para la contratación de un ejercitos de asesores que lleven a cabo un análisis en la concesión de ayudas, tanto desde el punto de vista legal como económico y financiero.
Según documentación oficial del concurso público, la sociedad dependiente del Ministerio de Industria prevé gastar 25 millones de euros en retribuciones para bancos, consultoras y despachos de abogados. Un nuevo reclamo económico que eleva la factura total para asesores de rescate en 67 millones de euros.
Tal y como contó Vozpópuli, contratará alrededor de una treintena de asesores para el Fondo de Recapitalización, destinado a reforzar la solvencia de empresas «mediante instrumentos de deuda, de capital e híbridos de capital, o una combinación de ellos». Su funcionamiento replicará al gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, con el que se ha formalizado el rescate de compañías como Air Europa o Plus Ultra.
Precisamente, la investigación judicial abierta sobre el plan de ayudas de la aerolínea con capital venezolano ha ralentizado la actividad que venía desarrollando la SEPI en la tramitación de expedientes. Pese al carácter urgente de algunas peticiones, a raíz de este episodio los responsables del brazo inversor del Estado han pasado a extremar la precaución sobre cada uno de los casos que permanecen sobre la mesa. Algunos de los asesores contratados exponen que esta situación ha restado diligencia y atractivo a un proceso que, ya de por sí, estaba siendo poco provechoso para su actividad.
Y es que a las dudas generadas en torno a la eficacia se suma la fuerte presión sobre los precios de adjudicación, con descuentos superiores al 66% en las subastas respecto ak valor estimado de contrato. El hecho de que las adjudicaciones se hayan cerrado, por lo general, a precios de derribo ha provocado el que muchas de las firmas incluidas en el acuerdo marco hayan desistido de la idea de ‘rascar’ negocio.
Ello dentro de un ‘pool’ integrado, en el lado legal, por Deloitte, Gómez-Acebo & Pombo, KPMG, Marimón Abogados junto a Toda & Nel-lo, Mazars, Ramón y Cajal, Simmons & Simmons, Andersen, Pérez-Llorca, Cuatrecasas, PKF Attest, Ontier, BDO, PwC, Bird & Bird, EY, Montero Aramburu, Pinsent Masons en unión con Ceca Magán, Broseta y Garrigues. A pesar de esta larga relación de nombres, cuatro firmas se han asignado el grueso de expedientes hasta la fecha.
No obstante, el Gobierno ha vuelto a convocar a todas las firmas que participaron en el proceso de selección de la SEPI para que presenten credenciales de cara a ser incluidas en la lista de asesores externos de Cofides. El contrato se ha dividido nuevamente en dos partes. Por un lado, los asesores financieros que ayuden a analizar la situación de insolvencia de cada empresa que solicite el rescate, el impacto sufrido por los efectos de la pandemia y valorar el plan de viabilidad y de negocio.
Por otro lado, se ha contactado con bufetes de abogados para prestar servicios en labores como revisión de solicitudes, desarrollo de una due diligence legal o preparación del contrato de financiación o inversión.
Los homologados competirán en precio por la adjucación de cada expediente, lo que hace prever que los contratos se cerrarán a un precio inferior al presupuestado. Condiciones que, de entrada, suponen un desaliento para aquellas firmas que ya han intentado participar en los procesos de refinanciación de empresas estratégicas.
Este viernes 21 de mayo concluye el plazo para presentar ofertas, ya sea de forma individual o en grupo, y el Acuerdo Marco tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021.
