El vicepresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Bartolomé Lora, ha admitido este viernes que se celebraron reuniones relacionadas con el rescate concedido a Air Europa antes de que se abriera formalmente el plazo para solicitar las ayudas.
Así lo han señalado fuentes jurídicas tras la declaración de Lora como investigado ante el magistrado José María Escribano, titular del juzgado madrileño que instruye la causa por presuntas irregularidades en el préstamo de 475 millones de euros que la SEPI concedió a la aerolínea en noviembre de 2020.
Durante su comparecencia, que se ha prolongado aproximadamente una hora y media, Lora ha contestado a las preguntas de todas las partes, negando que se produjeran irregularidades en la concesión del rescate.
Sin embargo, sí ha reconocido reuniones previas a que se abriera el plazo de solicitud de ayudas. Reuniones en las que habrían participado representantes del equipo técnico y jurídico de Globalia, miembros de la SEPI y del Ministerio de Economía, entonces dirigido por Nadia Calviño.
La imputación de Lora deriva de una querella presentada por PP y Vox, admitida a trámite por el titular de la Plaza 49 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid.
Ello, valorando el magistrado que los hechos denunciados “presentan características que hacen presumir la posible existencia de un delito de prevaricación administrativa”.
El juez Escribano ha acordado además requerir a la SEPI para que identifique al secretario del consejo gestor, a los vocales con voz y voto en las sesiones de dicho órgano, a los invitados a las reuniones en las que se abordó el rescate de Air Europa, a los técnicos instructores del expediente y al autor del informe de la Abogacía del Estado que avaló el préstamo.
El magistrado reclama el expediente de Air Europa
El objetivo de ese requerimiento, según recoge la resolución, es que esas personas puedan ser citadas “en la forma que corresponda” una vez practicada la declaración de Lora.
El magistrado también ha reclamado a la SEPI el expediente íntegro relativo al préstamo, incluidas las actas completas, borradores, anexos y documentación distribuida a los vocales y a la presidencia en las reuniones en las que se trató el expediente.
Asimismo, solicita el magistrado los listados de asistentes a dichas reuniones, la consulta formulada, los antecedentes remitidos y el informe completo emitido, “especialmente sobre deudas o impedimentos y su interpretación”.
El requerimiento judicial se extiende también a los informes de fiscalización o control sobre la operación, las observaciones, reparos, recomendaciones y respuestas de la SEPI y del consejo gestor.
Además, el juez ha pedido correos electrónicos, notas internas, minutas, informes ejecutivos y comunicaciones con gabinetes ministeriales relativos al expediente entre el 1 de diciembre de 2019 y el 31 de diciembre de 2020.
Información que, de momento, Lora no habría entregado.
