El juez imputa a Moreno y al que sería su socio en esta presunta "organización criminal", Antonio Aguilera, delitos de asociación ilícita, estafa, falsificación de documentos, blanqueo, contra la Hacienda Publica e insolvencia punible. Foto: EP
El juez permite que José Luis Moreno pague la fianza con aval de propiedades
Tiene hasta las tres de la tarde para depositarla
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08/7/2021 12:36
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Actualizado: 08/7/2021 12:36
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El magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha estimado parcialmente el recurso de reforma presentado por el productor televisivo José Luis Moreno y permite que presente fianza hipotecaria para cubrir los tres millones de euros que le impuso para quedar en libertad provisional.
Tiene hasta las tres de la tarde de hoy para depositarla.
El juez imputa a Moreno y al que sería su socio en esta presunta «organización criminal», Antonio Aguilera, delitos de asociación ilícita, estafa, falsificación de documentos, blanqueo, contra la Hacienda Publica e insolvencia punible.
Moreno y Aguilera fueron detenidos la semana pasada en una macrooperación de Policía Nacional de Madrid y Guardia Civil de Barcelona que terminó con 53 detenidos en varias ciudades, y con registros en viviendas y empresas, todo como parte de esta causa, que sigue secreta.
El magistrado acordó libertad bajo fianza para los arrestados que han pasado por la Audiencia Nacional. Fijó en 200.000 euros la de Aguilera y en 10.000 euros la de Marta Dillet, que figura como administradora de algunas de las empresas señaladas.
Como informó ayer Confilegal, José Luis Moreno ha contratado al despacho De Carlos Remón para su defensa legal. El responsable de su Departamento de Penal y Económico es José Javier Polo, quien fue fiscal coordinador de la Audiencia Nacional durante un año y medio, antes de pasarse al ejercicio libre de la Abogacía.
La investigación comenzó en 2018 a raíz de varias denuncias de bancos en las que se manifestaba cómo haciendo abuso de la operativa bancaria la trama había conseguido defraudar más de un 1,3 millones de euros.
El juez apunta en la resolución donde ordenó dichos registros a la existencia de «una organización criminal que opera a nivel internacional y cuya actividad delictiva se diversifica en diferentes especialidades, desde el fraude y la estafa a entidades bancarias e inversores privados, a la fabricación de efectos bancarios como cheques y pagarés».
«Ligada directamente» a esta organización criminal, explica el instructor, habría otra supuestamente liderada por Carlos José Brambilla y dedicada al tráfico internacional de drogas. Esta segunda usaría a la primera para blanquear el dinero obtenido del ‘narco’ a través de un intermediario que el magistrado identifica como Gerardo Mauricio García Quintero.
El grupo funcionaría perfectamente jerarquizado con Moreno y Aguilera como «máximos responsables» y Antonio José Salazar como tercero en acción, y cada uno tendría una función específica.
El juez indica que José Luis Moreno, «como persona pública muy reconocida, prestaría su nombre como tarjeta de visita» a fin de conseguir fácilmente la financiación que fingirían necesitar para poner en marcha un proyecto cinematográfico. Por tanto, considera que «era el principal receptor de los fondos obtenidos».
Para el juez, «queda más que demostrado el enriquecimiento personal del productor, a la vista de las numerosas transferencias que se envían a sus cuentas personales». Su operativa estaría enfocada a inversores privados y a repatriar el dinero desde el extranjero por transferencia bancaria utilizando para ello empresas interpuestas con sede en Madrid y Marbella, movimientos que después justificaría con «facturas falsas de alquileres, gastos y prestación de servicios».
CERCA DE UN MILLÓN DE EUROS CADA 15 Ó 20 DÍAS
Según expone el magistrado, ese dinero pasaba entonces a manos de Aquilera y Salazar. Los dos tendrían «amplios conocimientos en operativa bancaria y mercantil», por lo que se ocuparían de crear las sociedades, «maquillarlas», poner administradores y presentarlas ante las entidades bancarias como los destinatarios de la financiación necesaria para dichos proyectos. En realidad, carecían de actividad alguna, afirma el juez.
Mediante esta red de «empresas pantalla» administradas por presuntos testaferros ambas organizaciones movían «grandes cantidades de dinero en efectivo» a las que intentaban dar salida de dos formas: con ingresos que hacían pasar por beneficios de su labor mercantil o como inyecciones en metálico en ventanilla para lo que contarían con la complicidad de empleados de sucursales bancarias que se llevarían su comisión a cambio de introductor este dinero en el circuito legal.
El juez calcula, en base a las pesquisas realizadas hasta la fecha, que movían cerca de un millón de euros cada 15 o 20 días.
Apunta que solo en una de estas maniobras José Luis Moreno habría logrado captar 31 millones de euros con el pretexto de un proyecto cinematográfico.
Al instructor le llama la atención que para conseguir sus fines recurrían a «cualquier operativa bancaria que les pudiera proporcionar beneficios económicos». Indica que actualmente se estarían aprovechando de los créditos ICO que se están concediendo por la pandemia de coronavirus, «dado que dicen que son más fáciles de conseguir y que las entidades bancarias están deseando concederlos».
Añade que toda esta dinámica fraudulenta no habría sido posible sin la ayuda de terceras personas, entre las que menciona a abogados, gestores, empleados de banca y «personas de su especial confianza».
Según ha informado la Dirección General de la Policía, las 53 personas detenidas están acusadas de haber estafado más de 50 millones de euros a través de la creación de un entramado empresarial que contaba con más de 700 mercantiles.
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