El problema de la temporalidad no se resuelve a golpe de Decreto-Ley

El Consejo de Ministros acaba de aprobar el mayor expediente de regulación de empleo de la historia de España. Este Gobierno socialista y de izquierdas enviará al desempleo permanente a centenares de miles de empleados públicos con medias de 50 años de edad y más de 20 años de antigüedad y experiencia en la Función Pública.

Y lo hará sin pudor, en un ejercicio de extrema crueldad y cinismo político incumpliendo la normativa europea y negando los derechos más básicos de los trabajadores afectados.

El decretazo del ministro socialista Miguel Octavio Iceta, traerá indefectiblemente pobreza, aumento del gasto social, del gasto público por indemnizaciones sin cuantificar y un crecimiento exponencial de la litigiosidad, especialmente en las administraciones locales y autonómicas que nos llevará de vuelta a Estrasburgo una y otra vez.

El problema de la temporalidad en las administraciones públicas española es un mal endémico conocido por todos y sobradamente denunciado por la Unión Europea. Todo problema deviene de una causalidad que debe ser objeto de un análisis racional como paso previo en su demanda de solución.

En el caso español, lo deseable es que dicho análisis estuviera realizado con escrupuloso respeto del Derecho y desprovisto de espurios intereses políticos y sindicales. En este caso, falta lo primero y sobra lo último.

El problema del abuso de temporalidad en el empleo público requiere de soluciones asumibles y garantistas no solo para los empleados públicos afectados, sino para el conjunto de la ciudadanía, porque le afecta de lleno como beneficiaria de los servicios y como contribuyente esencial de los costes financieros de lo público.

En esto último debería concretarse cualquier interés general que inspire una acción política honesta y responsable, pero no es el caso. El ERE del PSOE-Unidas Podemos encima lo pagará el contribuyente.

Para pervertir una deseable secuencia de problema-solución, lo primero que han hecho los responsables políticos de Moncloa es subvertir el significado de los términos.

Donde el problema es el abuso de la temporalidad que sufre el personal afectado, ellos lo han reducido a un falso problema de tasa de temporalidad, convirtiendo el derecho personal del trabajador público protegido por una Directiva Europea en una mera abstracción estadística. De esta forma, su narrativa política triunfa en la dialéctica de las cifras y de la propaganda.

Siendo el problema meramente de cifras y no de derechos, ellos pueden rebajarla por decreto despidiendo al personal abusado y sustituyéndolo por personal fijo a resultas de nuevas oposiciones.

El éxito de esta estrategia está garantizado para la reducción de la tasa. Matando al perro se acabó la rabia. En esto consiste la estrategia común con los sindicatos clientelares, en instituir procesos de oposición para resolver el problema de la tasa.

El ‘Icetazo’ es solo el medio normativo acordado de común acuerdo para ello. El Gobierno y los sindicatos ganan a costa del personal despedido y de la ciudadanía, que pagará el coste de la operación.

Si para consumar semejante resultado solo hay que ignorar el Derecho comunitario, el derecho laboral nacional, las sentencias del TJUE, las normas de gasto público y, por supuesto, anteponer el interés del partido político y del socio sindical al interés general de la ciudadanía no hay problema, para ello ostentan el poder.

Olvidándose por supuesto de que el ejercicio responsable de las políticas públicas deviene de la protección de derechos y del respeto al principio de legalidad, quien tiene el poder de hacer la norma se arroga en este caso el poder de hacer la trampa.

«Promueve una norma para incumplir el resto de normas»

El ‘Icetazo’ es esto, una trampa para desproveer de derechos al personal en abuso de temporalidad, otorgar favores a los socios clientelares y cargar a la ciudadanía con el coste financiero de la operación sorteando el efecto útil de la Directiva 1999/70, norma sin transposición desde 1999.

El desprecio a las normas europeas y el retraso o la falta de transposición del Derecho Comunitario es un rasgo identitario del Estado Español que está en el origen de este problema.

Cuando la transposición de la Directiva 99/70 debió hacerse por imperativo respeto del sistema de fuentes en el plazo correspondiente, el Estado español decidió, no sólo no hacerlo en el plazo preceptivo hasta el año 2001, sino mantenerse permanentemente margen de su efecto útil, perpetuando el abuso sobre el personal público protegido por esa Directiva.

Esta indefensión jurídica ha sido ya afeada por el Tribunal de Estrasbugo en repetidas sentencias y Autos que exhortan al Estado español a adaptar su normativa para garantizar precisamente su efecto útil, impedir o reparar el abuso de temporalidad.

Lejos de respetar el Derecho Comunitario, el Real Decreto Ley que el ministro socialista Iceta ha cocinado es ya prueba irrefutable de la nula voluntad del Gobierno de España de cumplir con Europa, de cumplir con el Derecho Comunitario, con las sentencias del TJUE, con los estándares de garantías jurídicas y financieras exigibles desde la Comisión Europea y en suma con el estado de Derecho y con el principio de Justicia Social.

El ‘Icetazo’ es por tanto un lamentable ejercicio del máximo cinismo político de un ministro que promueve una norma para incumplir el resto de normas con independencia incluso de su rango normativo.

En su dimensión estrictamente política, el cinismo del ministro sorprende solo a quienes no le conocían, a quienes quisieron creer en sus apelaciones al dialogo, al respeto al Derecho Comunitario y al reconocimiento del fraude de ley que hizo en sus primeras declaraciones públicas al llegar al Ministerio.

Ya sin caretas, sin diálogo real y completamente entregado al plan político del gobierno de pagar su tajada clientelar a las grandes centrales sindicales en su perverso juego de intereses comunes (Reforma Laboral, pacto de pensiones, concertación social), el ministro ha revelado quien es en realidad, un perverso gestor político dispuesto a sortear el imperativo de una norma comunitaria a beneficio de inventario mediante el recurrido abuso de la extraordinaria y urgente necesidad del Real Decreto Ley para imponer el efecto inmediato de su voluntad eludiendo una vez más el procedimiento legislativo ordinario.

Nos queda por ver si en el futuro inmediato, este atentado contra el Derecho de los trabajadores públicos, este oscuro juego de intereses socialistas y sindicales, contará definitivamente con el aval del resto del arco parlamentario o se puede confiar aún en la defensa a ultranza por la oposición del respeto a la jerarquía normativa del Derecho de la Unión Europea y la sujeción del poder ejecutivo al respeto a las normas ordinarias de la producción legislativa, negando a este Gobierno un nuevo ejercicio de la dictadura del Decreto Ley, signo inequívoco de la corrosión democrática a la que nos tiene acostumbrados el Gobierno de Pedro Sánchez.

Definitivamente, si de voluntad política se trataba a la hora de resolver el abuso de la temporalidad, de voluntad política traducida en norma se ha tratado ahora de exterminar al personal en abuso de temporalidad.

No obstante, tiene razón el ministro en una cosa, pasaría a la historia como el gestor que terminó con la temporalidad en las Administraciones Públicas españolas haciendo real aquel refrán que dice que muerto el perro se acabó con la rabia, exterminando al personal temporal, acabará con la temporalidad.