Esta plataforma manifiesta que "en estos cruciales momentos, las autoridades europeas constituyen la última garantía para la preservación de un Estado de Derecho en peligro por culpa de una corrupción jurídica enquistada en el núcleo duro de nuestras instituciones". Foto: Carlos Berbell
La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial denuncia ante la Comisión Europea el riesgo de renovar el CGPJ ‘en violación de las exigencias de Europa’
El magistrado Jesús Villegas ha pedido al Comisario europeo de Justicia una reunión urgente para informarle personalmente de "la gravedad de la situación"
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03/8/2021 12:31
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Actualizado: 03/12/2021 14:33
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La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial (PCIJ) ha advertido al comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynder, del «riesgo» de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se renueve «sin que se reforme previamente la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para adaptarla a las exigencias europeas» para despolitizar la Justicia.
Esta plataforma formada por magistrados, fiscales, catedráticos, abogados, así como otros ciudadanos ajenos al ámbito jurídico y constituida «para la despolitización de la Justicia española» reclama que se cumpla con las exigencias de Europa, lo que incluye que se modifique el sistema de elección de los vocales del CGPJ de procedencia judicial -12 de un total de 20- para que sean los jueces directamente quienes les nombren.
El magistrado Jesús Manuel Villegas Fernández, secretario general de la asociación, ha enviado una misiva al comisario transmitiéndole la preocupación del colectivo, en la que le pide una reunión «urgente», en demanda de una «intervención inmediata de las autoridades de la Unión Europea».
En dicho encuentro le informaría con mayor detalle de la situación, «del estado real de las cosas en España».
Jesús Villegas manifiesta a Confilegal que está «muy preocupado ante el riesgo de que determinados colectivos distorsionen ante Europa lo que realmente ocurre en nuestro país».
El magistrado Jesús Villegas, secretario general de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial. Foto: Carlos Berbell
Esta plataforma manifiesta que «en estos cruciales momentos, las autoridades europeas constituyen la última garantía para la preservación de un Estado de Derecho en peligro por culpa de una corrupción jurídica enquistada en el núcleo duro de nuestras instituciones».
Señala que «no sólo los jueces y el resto del pueblo español miran con esperanza a Europa, sino también muchos políticos honrados atrapados en un sistema anquilosado que necesita de un estímulo exterior para regenerase».
«La situación debe contenerse con premura, por lo que quedamos pendientes de sus noticias», concluye Villegas su misiva.
Esta plataforma recuerda en la carta que el órgano de gobierno de los jueces viene ejerciendo de manera interina sus funciones desde hace más de dos años y medio, al haber expirado su mandato en diciembre de 2018, y señala que dicha «anomalía» responde a la «incapacidad» de los grupos parlamentarios para alcanzar un acuerdo acerca de los candidatos que han de integrarlo.
Expone que «en abierta contravención con los principios del Consejo de Europa y la Unión Europea», los miembros del órgano de gobierno de los jueces son designados enteramente por las Cámaras Parlamentarias, «sin permitir a los jueces españoles que elijan democráticamente ni siquiera a una mínima fracción de sus componentes cuando, con arreglo a los citados criterios supranacionales, debieran escoger al menos la mitad de las vocalías».
La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial destaca que el Reino de España y la República de Polonia son «los dos únicos Estados de la Unión donde la composición del Consejo de la magistratura depende completamente del poder político».
«Así, los partidos políticos, tras negociaciones reservadas conocidas como “intercambio de cromos”, pactan los nombres de los futuros vocales antes incluso de que sean sometidos a debate parlamentario, el cual queda reducido a una mera tarea ritual de sumisa ratificación de las componendas previamente urdidas por camarillas políticas», relata Jesús Villegas.
Y subraya que «esta cronificación de vicios ha conducido a la pérdida de la confianza en el funcionamiento democrático del sistema, hasta el punto de aparecer como una mera ‘farsa electoral'».
Villegas denuncia que «los aspirantes son seleccionados en función de su adscripción ideológica y afinidad a variopintos grupos de intereses, lo que favorece la formación de una oligarquía de jueces deseosos de aproximarse a la política para fomentar su promoción personal (cursus honorum)».
Señala que son los llamados “políticos togados” que, «pese al rechazo que suscitan entre la inmensa mayoría de sus compañeros, a quienes repugna el mercadeo de cargos, constituyen el modelo para aquellos que aspiren a mejorar su situación profesional».
«La gran mayoría de los nombramientos recaen sobre magistrados afiliados a alguna asociación judicial sin importar que casi la mitad de la judicatura española no pertenezca a ninguna de ellas. De este modo, el carné asociativo equivale a menudo una etiqueta ideológica que guía a los negociadores políticos en el delicado montaje de los equilibrios de poder», expone este magistrado.
Así, afirma que la consecuencia es «la contaminación de la arquitectura judicial española desde la cúpula, dado que el CGPJ es el encargado de proveer las más altas instituciones judiciales del país, tales como la Corte Suprema o las presidencias de los tribunales regionales».
La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial señala que «visto este trasfondo, no es de extrañar que algunas asociaciones judiciales y partidos políticos, junto con otros grupos de intereses, presionen para que se renueve cuanto antes del CGPJ; eso sí, sin acometer la previa reforma legislativa que exige Europa; una reforma que restablezca una armonía de poderes inmune tanto al corporativismo judicial como a la politización, pues el órgano del gobierno del Poder Judicial debería entonces su estructura interna a la participación conjunta de los Poderes Legislativo y Judicial, no sólo de uno de ellos».
Jesús Villegas manifiesta que de este modo se aseguraría una “doble legitimación”, «ahora inexistente a causa del monopolio parlamentario actual».
«Monopolio que ni siquiera recae realmente sobre las cámaras legislativas, ya que estas se hallan controladas por el Gobierno y el estamento político, titulares del poder real frente a la farsa oficial», apunta.
Por otro lado, indica que incluso atendiendo exclusivamente a la normativa interna española, la renovación del CGPJ en los términos en los que está planteada «sería ilegal, dado que el proceso ya ha caducado».
Al respecto, argumenta que «los trámites dieron inicio en 2018, por lo que, debido a la paralización actual, ya han expirado los plazos legales que entonces empezaron a correr».
Más aun, denuncia que se priva de participar a las promociones de nuevos jueces incorporados desde entonces a la carrera, pues la normativa en vigor estipula que cada uno de los candidatos sea avalado antes de la votación parlamentaria por un mínimo de veinticinco de sus pares, los cuales corresponden a una demografía judicial ya desfasada.
La PCIJ asegura que «el panorama español no es menos grave que el polaco, por lo que una eventual intervención europea genera gran inquietud entre ciertos grupos de intereses».
Y señala que «algunas asociaciones judiciales gozan desde hace años de una cuota en el reparto de cargos superior a la que le correspondería según su proporción de afiliados, por lo que la democratización del sistema recortaría su peso institucional al de su verdadera representatividad numérica».
Afirma que lo mismo sucede con «algunos partidos políticos que se mueven con habilidad entre los intersticios del sistema para colocar a sus propios candidatos merced a maniobras que, en otro escenario, con un modelo transparente, se dificultarían sobremanera».
«Con análogas dificultades se toparía un Gobierno de la Nación privado de la capacidad de controlar el Legislativo valiéndose de prácticas atentatorias contra la separación de poderes», añade, y resalta que «los colectivos interesados en la politización trabajan contra reloj para asegurar un CGPJ afín que blindaría su posición al menos durante los cuatro años siguientes, término ordinario del mandato del Consejo español».
Según esta plataforma, al no ser una asociación judicial, sino una organización ciudadana de carácter transversal, «cuenta, por consiguiente, con la ventaja de estar desvinculada de intereses corporativos que llevan a otros a escamotear datos significativos en la descripción del problema», y recuerda que a tal efecto ha elaborado una serie de informes jurídicos sobre este tema.
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