La Audiencia Provincial de Salamanca ha condenado a dos años de prisión y a una multa de 960 euros a una mujer por un delito continuado de estafa.
La mujer, vecina de la localidad de Béjar (Salamanca), concertada con personas que no han sido identificadas, participó en un fraude por el cual recibía de estas terceras personas paquetes de numeraciones de tarjetas bancarias extranjeras previamente sustraídas para su uso fraudulento en una terminal de punto de venta (TPV) virtual contratado por ella.
Este uso consistía en realizar transacciones a cargo de las tarjetas bancarias en la TPV virtual, según consta en la sentencia 24/2021, 25 de junio, que es firme.
La operativa fraudulenta incluyó la creación a nombre de la acusada del sitio web www.btcexch.eu, una falsa casa de compraventa de criptomoneda, Bitcoin.
Esta página web era una copia de otros sitios web y no estaba operativa al público, el objetivo era simular el ejercicio de una actividad profesional de manera legal, tener acceso a una terminal de punto de venta y asociarlo a cuentas bancarias con el fin de dar apariencia de legalidad a los cargos efectuados en las tarjetas obtenidas fraudulentamente.
Con ello, según se recoge en la resolución alcanzada por conformidad, «justificaba sus actividades fraudulentas y los ingresos percibidos ante terceros y ante el banco para contratar la TPV virtual». Este fue dado de alta en en mayo de 2016 y procesaba sus operaciones con Caja Rural de Salamanca.
Las cantidades defraudadas iban a parar a cuentas corrientes a nombre de la acusada destinadas a tal efecto, en una de ellas recibió ingresos por valor aproximado de 40.000 entre octubre de 2016 y julio de 2017.
Una vez ingresadas las cantidades correspondientes a las transacciones, la acusada transfería el dinero a una cuenta a su nombre en Kranken Payward LTD, portal de compraventa de criptomonedas ubicado en Reino Unido y realizaba compra de moneda virtual.
Se apoderaba de una parte del botín
El objetivo, según explica en la resolución la Audiencia Provincial, era transformar las ganancias obtenidas en moneda virtual para ocultar su origen ilícito, dificultar su seguimiento y transferirlas a otras personas con las que colaboraba.
Asimismo la acusada se apoderaba de una parte del botín obtenido, a razón de unos 1.000 euros al mes, para la satisfacción de su ilícito ánimo de lucro.
A través de la cuenta de Caja Rural de Salamanca realizó compras a Kraken Payward LTD por valor aproximado de 30.000 euros entre noviembre de 2016 y julio de 2017. En concreto, realizó un gasto en Kraken de 120.458 euros entre el 27 de junio del 2016 y el 13 de julio del 2017.
Asimismo, entre junio de 2016 y abril de 2017 realizó en la cuenta de Caja Rural de Salamanca al menos 139 transacciones fraudulentas por importe de 55.504,70 euros. Posteriormente, entre junio de 2017 y abril de 2018 se reputó un fraude confirmado de 57.000 euros.
Por su parte, el terminal de punto de venta virtual contratado por la acusada habría tenido desde junio de 2017 unas transferencias consumadas a su favor de 136.964 euros, si bien fueron intentadas un total de 301.999,94 euros. Estas proceden de tarjetas de diversos países ,teniendo el mismo patrón que las notificadas cómo fraudulentas.
Por todo ello, el tribunal, formado por María del Carmen Borjabad García -presidenta-, Victoria Guinaldo López y Eugenio Rubio García, también le ha impuesto inhabilitación especial para empleo o comercio por internet consistentes en gestión de terminal en punto de venta TPV y operaciones con monedas virtuales por tiempo de cinco años y al pago de las costas procesales.
