Firmas

La vuelta

Imagen de la última solemne sesión de apertura de tribunales, antes de la pandemia, en 2019, cuando la actual fiscal del Estado, Dolores Delgado, era ministra de Justicia. La columnista, Begoña Tárrega, enumera las asignaturas pendientes de la Administración de Justicia en este nuevo curso que comienza. Imagen: Poder Judicial.

06/9/2021 06:47

Actualizado: 06/9/2021 06:47

No me refiero a los maillots ciclistas, hablo de togas, de la vuelta al Juzgado tras el periodo vacacional. En esta vuelta no hay carreras al aire libre ni verdes paisajes, sólo los asuntos que han tenido entrada durante las vacaciones, debidamente apilados en un armario o estantería o encima de la mesa, incluso amenazando con ocultar a la persona al otro lado.

Y es que, a diferencia de otras profesiones, durante el periodo estival el compañero que nos sustituye suele realizar lo urgente, porque lo más habitual es que sea el único Juez del partido Judicial.

Hoy se celebra el acto solemne de apertura del año judicial en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo, y se detallará, en ambas memorias anuales, el estado de la Justicia y los nuevos retos, que serán informados por el excelentísimo presidente del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, así como por la excelentísima señora fiscal general del Estado.

Seguramente se ahonde en las papeletas que tiene que resolver la recientemente nombrada ministra de Justicia desde aquellas que se han constituido en crónicas como la renovación del CGPJ, a las más accidentales, como las palabras del ministro de la Presidencia, realizadas el pasado 2 de septiembre, que afirmó que “los jueces no pueden elegir a los jueces”, refiriéndose a la designación de los vocales judiciales del Consejo elegidos por los jueces en activo, que reclaman tres de las cuatro asociaciones profesionales judiciales. Y que tienen el aval de las principales instituciones europeas, tales como el Consejo de Europa a través del Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO) –del Consejo de Europa– y la propia Comisión Europea, o resoluciones recientes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (sentencia del 22 de julio de 2021, demanda número 43447/19, asunto Reczkowicz contra Polonia).

Sin olvidar los indeseados efectos de la todavía en vigor la Ley Orgánica 4/2021, de 29 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, cuyo único objetivo ha sido limitar las competencias del CGPJ, como la limitación de nombramiento de magistrados del Tribunal Supremo, hasta el punto de que el alto tribunal puede ver comprometido a corto plazo su actuación jurisdiccional por la falta de nombramientos de las plazas vacantes.

Otro de los temas sobre la mesa es las consecuencias en la Administración de Justicia que ha significado el COVID19 y el incremento de asuntos relacionados con la crisis económica, social y pandémica que hemos sufrido desde el año 2020.

Así mismo los proyectos de Ley y anteproyectos de Ley pendientes en el Ministerio y que suponen una transformación en la concepción de la Administración de Justicia, si es que salen aprobados finalmente y no se quedan en un cajón, tales como el anteproyecto de Ley que reformará la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRim), aprobado en el Consejo de Ministros de 24 de noviembre de 2020, o el anteproyecto de Ley de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de la Justicia, aprobado el 20 de abril en el Consejo de Ministros, o el proyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, aprobado en el Consejo de Ministros del 6 de julio de 2021.

ACTUALIZACIÓN DE LA PLANTA JUDICIAL

Queda pendiente, una vez más, la actualización de la planta judicial a las necesidades existentes y la adopción de medidas, una solución eficaz para desatascar los famosos “juzgados de cláusulas abusivas”, a los que se designó con carácter temporal y que llevan más de cuatro años, desde que se especializaron por acuerdo del pleno del CGPJ.

Ya se sabe, que en la Administración de Justicia lo provisional se convierte en permanente.

Otro desafío es la igualdad efectiva y real en la carrera judicial, puesto que a pesar de que las mujeres somos mayoría en los Juzgados de Primera Instancia, no se cuenta con la misma proporción en los cargos discrecionales de la carrera judicial ni en el alto tribunal.

Dos mujeres de un total de doce miembros estarán en la foto de familia del acto de apertura del año judicial, en concreto, doña María Luisa Segoviano, la excelentísima presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo y doña Susana Polo, excelentísima magistrada del Supremo y miembro de Sala de Gobierno del Alto Tribunal, como testimonio de nuestra existencia en la carrera.

Probablemente se citen en las memorias las estadísticas de asuntos ingresados, registrados, tramitados, resueltos y pendientes de resolver en el año; se citará el incremento de asuntos por materia y la incidencia en los órganos judiciales y el déficit de la planta judicial, entre otras cuestiones.

Son muchos los retos del Ministerio de Justicia, así como la agenda 2030, heredada de su antecesor en el cargo, o la digitalización de la Administración de Justicia, pero sin duda no estará en su agenda ni en el de las memorias que se lean ese día, por experiencia lo digo, los retos que verdaderamente tenemos día a día en los Juzgados, donde nos curtimos a base de superar las dificultades y los males de la Administración de Justicia que, debido a su cronicidad, se encuentran institucionalizados.

Me refiero a cómo encarar la falta de medios personales y materiales, así como la adecuación de sedes judiciales para poder cumplir con las especialidades de la prueba preconstituida de la exploración de menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección conforme la nueva Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.

O bien como asegurar el derecho de defensa del progenitor investigado de un delito de violencia sobre la mujer al que se le ha adoptado una orden de protección con medidas penales y existieran indicios fundados de que los hijos e hijas menores de edad hubieran presenciado, sufrido o convivido con la violencia de género; en los que sigue diciendo la ley que “el Juez suspenderá el régimen de visitas, comunicación y estancias del progenitor investigado con sus hijos salvo que mediante resolución motivada en el interés superior del menor y previa evaluación de la situación de la relación paternofilial” (artículo 544 ter 7 de la LECRim).

Para esto se necesita habilitar medios para poder llevar a cabo la «evaluación de la relación paternofilial” con carácter previo a adoptar medidas tan gravosas como la suspensión del régimen de visitas del progenitor que se investiga, bien revisando los protocolos de las Unidades de Valoración Integral Forense de los Institutos de Medicina Legal con el fin de que se reduzcan los plazos que tienen para la realización del informe con evaluación de toda la unidad familiar por psicólogo, médico forense y trabajador social que tienen las UVFI, para que nos permita resolver con los informes periciales oportunos en el periodo de guardia las medidas civiles de los hijos e hijas del progenitor investigado por un delito de violencia de género.

DÉFICIT DE FUNCIONARIOS

Otro desafío va a ser como llevar a cabo con el déficit de funcionarios, la revisión de los asuntos en los que se ha dictado una sentencia de determinación de la capacidad, la antigua incapacidad judicial total o parcial para el gobierno de su persona y sus bienes, como así nos exige la Ley 8/2021 de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, que ha entrado en vigor el pasado 3 de septiembre.

Les hablo de cientos de asuntos en los que se ha dictado la sentencia en la que se declaró la incapacidad total o parcial de demandado y se les realiza un seguimiento, así como los asuntos en trámite en los que no se ha dictado Sentencia y los asuntos de nueva entrada.

Les hablo del galimatías que significa un déficit de funcionarios del Juzgado, como el que tuvo que sufrir en el que sirvo en los meses de diciembre de 2020 a abril 2021.

El Juzgado llegó un momento en el que sólo contaba con dos o tres funcionarios y no se cubría el mínimo para poder hacer la guardia semanal, a pesar de ejercer las competencias exclusivas de familia y de violencia sobre la mujer, que requiere de una especial atención y de urgencia en la tramitación de asuntos.

Quizás la nueva ministra de Justicia tenga el desafío de la digitalización de la Administración de Justicia y la formación necesaria a los funcionarios para llevarla a cabo pero, en nuestro día a día, para los emplazamientos o notificaciones, todavía se utiliza el papelito rosa, el envío por correos con acuse de recibo.

Sí, ese que se utilizaba hace 30 años y del que seguimos dependiendo para contar los plazos y saber si se admite o no una demanda, contestación a la demanda, un escrito, un recurso, etc.

Pero no es lo único que nos ancla en el pasado, cuando todavía utilizamos la valija para pedir informe al Ministerio Fiscal o la notificación de asuntos porque no está habilitado LEXNET.

VIDEOCONFERENCIAS

Otro desafío es celebrar una declaración judicial por videoconferencia con el Juzgado de otra Comunidad Autónoma con la que no es compatible el sistema, y tenemos que invocar como si de espíritus se tratara, constantemente con frases como “¿hay alguien ahí?”, “¿me escucha alguien?”.

O cuando hay que ver o imaginarse a la persona a través del sistema de videoconferencia, pero escucharla con el altavoz del teléfono fijo de la sala de vistas porque es muy difícil que funcionen el audio y el video correctamente.

Otro reto pendiente es el señalamiento de las vistas, declaraciones y actos judiciales pendientes que quedan por realizar cumpliendo los protocolos por COVID-19, cuando las dependencias judiciales solo permiten cuatro personas de aforo en la Sala de vistas, dos personas en la sala donde se toman las declaraciones judiciales y una persona en la sala de espera o entrada al Juzgado; y todo ello para que no se produzcan aglomeraciones de personas en las dependencias judiciales.

Así que escucharé atentamente los discursos y las memorias del acto de apertura del año judicial.

Las estadísticas inexpresivas y descontextualizadas, que son el día a día de compañeros desbordados por la carga de trabajo y la falta de medios.

Oiré los pomposos párrafos sobre el valor de la Justicia, las palabras vacías de contenido, el recurso a las figuras literarias, las citas celebres, pero estoy segura de que allí no estarán los problemas que a diario nos encontramos los jueces de a pie, pero que sin duda serán muy útiles para repetir en el discurso del año siguiente porque como Bill Murray en la película del “el día de la marmota”, así nos sentimos con los males de la Administración de Justicia.

Otras Columnas por Begoña Tárrega: