La Asociación Profesional de Guardias Civiles (UnionGC) ha denunciado hoy el aumento de agresiones físicas, con y sin arma, a agentes de la Benemérita.
Según informa, en la comisión permanente de riesgos laborales, celebrada ayer en la Dirección General de la Guardia Civil, se expuso el informe de siniestralidad relativo al segundo trimestre de 2021, que refleja un incremento de cerca del 5% relativo a agresiones físicas a los agentes con respecto al mismo trimestre de 2020 y superan también las del primer trimestre de este año.
UnionGC ha pedido ahora los datos concretos por comunidades.
Según informa a Confilegal el presidente de esta asociación, Marcelino García Bermúdez, se están dando agresiones en la disolución de botellones. También hace referencia al aumento de las mismas en el Campo de Gibraltar, Cataluña y el País Vasco.
UnionCG destaca que «en ordenamientos de nuestro alrededor las penas previstas para los delitos de atentado a agente de la autoridad son mucho más gravosas que en las recogidas en nuestro Código Penal en su versión actual».
Por ejemplo, señala que en Francia se establece una pena de tres años de cárcel y una multa que supera los 40.000 euros.
Marcelino García recuerda que hasta la reforma operada en 2015 en nuestro Código Penal se contemplaba una pena de uno a tres años de prisión, que fue rebajada en dicha fecha y el mínimo son 6 meses.
«Dada la quiebra del principio de autoridad palpable que hay en la sociedad de hoy en día», UnionGC considera «insuficientes» las penas previstas para este tipo de delito, «puesto que pueden resultar inocuas para aquel ciudadano que lo perpetre, amén de no comprender ningún mensaje disuasorio, ya que podría entenderse que sale relativamente barato el agredir a un agente de la autoridad».
UnionGC propone que las posibles soluciones para mitigar los ataques y atentados a los agentes de la autoridad pasen por incluir a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dentro de las definiciones de autoridad del artículo 24 del Código Penal o bien equiparar las penas que contempla el artículo 550 tanto para autoridades como para agentes.
Por otra parte, también reclama que los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sean colectivos susceptibles de protección por delitos de odio.
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