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Pegar a un policía ‘sale barato’, por ello el colectivo reclama mayor respaldo judicial
El policía de Sevilla al que un separatista le rompió la nariz tras la manifestación de la asociación Jusapol en Barcelona el pasado 29 de septiembre./ Jusapol Alcalá de Guadaíra

Pegar a un policía ‘sale barato’, por ello el colectivo reclama mayor respaldo judicial

Hasta 7 sindicatos advierten en Confilegal que "despachando el asunto con una sanción económica irrisoria estamos dándole vidilla a estos agresores"
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08/10/2018 00:15
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Actualizado: 08/10/2018 08:42
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¿Por cuánto sale pegar a un policía? “Por 30 euros, y si el agresor es reincidente, por 50. ¿Acaso no van a hacer campeonatos para ver quién nos da la patada o el puñetazo más fuerte?”, contesta furioso en Confilegal Alfredo Perdiguero, secretario general del Sindicato Independiente de la Policía Española (SIPE).

Esta lacra se ha convertido en el pan de cada día de nuestros agentes.

Sólo en la última semana un separatista le ha roto la nariz a un policía en una manifestación de Jusapol en Barcelona; un joven que pasó por el programa ‘Hermano mayor’ ha agredido a varios en Santomera (Murcia); un conductor se dio a la fuga en Zaragoza mientras su hermana agredía a los policías que les dieron el alto por conducir sin carnet; y ha sido detenido un dirigente de Leganemos acusado de agredir a un agente durante un desahucio en la localidad madrileña de Leganés.

Una situación que contrasta con la de países como, por ejemplo, Estados Unidos, donde el respeto a las autoridades es muy alto.

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En Nueva York resistirse a una detención puede costar hasta un año de cárcel.

Si un policía resulta herido durante el arresto, la sentencia puede ser de hasta 15 años, y si resulta herido de gravedad, la condena puede llegar a los 25 años, según un análisis del portal hopesandfears.com sobre los códigos penales de ocho países.

Nuestro Código Penal prevé penas de entre dos y cuatro años de prisión para el delito de atentado a agente de la autoridad (artículo 550) y multas de tres a seis meses.

«El problema en España es que los jueces rebajaban el delito a falta, que desaparecieron del CP en la reforma del 2015, y a partir de entonces a delito leve», denuncia Perdiguero, e insiste en «que pegarle a un Policía se sancione con 30 euros es una vergüenza”.

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Lamenta lo “barato” que sale y exige «que se aplique la ley como hay que aplicarla, se endurezcan las penas» y «no se rían de los agentes y de la autoridad». “Muchos de ellos lo que piensan es llego a saber que me sale tan barato y le pego dos o tres tortazos”, apunta indignado.

Este subinspector se pregunta por qué motivo ponen a los agresores una multa “tan ridícula” cuando es un delito penado con cárcel, y “por qué no condenan a nadie a prisión”.

El Sindicato Unificado de la Policía (SUP), la Confederación Española de Policía (CEP), la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la Unión de Guardias Civiles (UnionGC), la Asociación Española De Guardias Civiles (AEGC), y la Asociación Militar de Guardias Civiles (AMGC) también han mostrado en este diario su «preocupación” por la «la falta de respeto” que hay hacia los policías y guardias civiles, y el «bajo reproche penal que tiene el atentado a agente de la autoridad».

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Todos ellos ahondan en la necesidad de proteger a quienes nos protegen y que no caigan en el vacío estas agresiones, porque “despachando el asunto con una sanción económica irrisoria estamos dándole vidilla a estos agresores”.

La CEP dice que lleva años advirtiendo al Consejo de la Policía, a la Fiscalía General del Estado y al Congreso de los Diputados de «que se está desprotegiendo a los agentes y que es prácticamente cotidiano ya no sólo la resistencia, sino el atentado en cualquier intervención».

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El secretario general de la CEP, Antonio Labrado, destaca también que no sólo les mueve la protección jurídica de los incidentes de orden público. En este sentido, recuerda uno vivido durante 2017 y buena parte de 2018 en la comarca del Campo de Gibraltar (Cádiz), en donde los grupos organizados de tráfico de drogas han empleado una «violencia inusitada» contra la Policía Nacional cuando se han interceptado alijos en la costa o durante su transporte en tierra firme.

Indica que los traficantes emplean esa violencia para no perder la mercancía y asegurarse los beneficios con su venta pero, por otra parte, dice que esa actitud demuestra que son conscientes del “escaso reproche penal” que esas agresiones tienen.

Tanto policías como guardias civiles son atacados en las persecuciones a los narcotraficantes. Sufren “embestidas premeditadas” y esos ataques se producen “todas las semanas”, según ha relatado recientemente en Confilegal José Cobo, secretario nacional de prensa de la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), y denuncia que se tienen que enfrentar a los delincuentes “sin medios materiales ni humanos”. 

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Un todoterreno ‘lanzadera’ utilizado por unos narcos que embistieron a una patrulla de la Guardia Civil en La Línea de la Concepción (Cádiz) el pasado julio para tratar de evitar que los agentes interceptaran el alijo./ EP

Cobo indica de que la condena por los vuelcos “depende de si el juez lo considera un atentado a agente de la autoridad”, porque “las defensas argumentan que el coche era robado, que iban despistados, y puede salirles sólo por un delito de daños y de lesiones”.

Labrado hace hincapié en que “se debilita el principio de autoridad en una zona en la que la delincuencia organizada ha tratado de hacerse impune, sin éxito, ejerciendo la violencia contra las Fuerzas de Seguridad del Estado”.

Por otra parte, el portavoz de la CEP destaca que uno de los asuntos que forman parte de la agenda de reformas legislativas del Gobierno y de otros partidos es la modificación de la Ley Orgánica 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana, denominada por algunos como ‘Ley Mordaza’.

“Una norma muy importante para que el trabajo de los policías nacionales pueda desarrollarse en un contexto de civismo y respeto, puesto que contempla sanciones administrativas para aquellos comportamientos que dificulten nuestros cometidos y que no sean de tanta gravedad como para alcanzar la relevancia de un delito. Nos referimos a las faltas graves, de desobediencia y resistencia a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, la negativa a identificarse ante requerimiento policial o el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de los policías que puedan poner en peligro su integridad (salvando el derecho constitucional de libertad de información)”, explica.

El CEP subraya que esa Ley Orgánica “es fundamental” y “que el mantenimiento de esas sanciones, en línea con lo que ocurre en otros países, es una herramienta administrativa necesaria y que protege a los policías frente a quienes traten de obstaculizar, entorpecer o
condicionar nuestro trabajo”.

“Eliminar estas sanciones perjudicaría la labor policial en defensa de la seguridad ciudadana y daría más sensación de impunidad a los violentos”, advierte.

Por su parte, José Cobo, secretario nacional de prensa de la AEGC, pide el endurecimiento de las penas para los ataques a los agentes en el Código Penal y ser considerados autoridad.

Explica que “pegar a un médico o maestro, que son autoridad, sale más caro que agredir a un guardia civil o policía, que son agentes de la autoridad. Es de uno a cuatro años de cárcel, mientras que para un agente de 6 meses a tres años”.

‘NOS HICIERON SER TAN PERMISIVOS CON EL 15-M QUE AHORA SE PASAN POR EL PITO DEL SERENO A LA POLICÍA’

Alfredo Perdiguero explica que está notando esta falta de respeto al Cuerpo sobre todo desde las actuaciones del 15-M en Madrid. Los agentes tuvieron que aguantar «escupitajos, peinetas en las narices, despelotes de algunas chicas y que se les measen en las botas».

«Nos hicieron ser tan permisivos con ellos, que ahora se pasan por el pito del sereno a la Policía”, critica.

Recuerda que Alfredo Pérez Rubalcaba, entonces ministro del Interior en el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, “reconoció que dio la orden de inacción por parte de la Policía”.

También destaca que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, dijo en 2012 que “se emocionaba viendo pegar patadas a un antidisturbiso”.

“Si él se emociona, qué va a hacer su gente”, pregunta y dice que “si a eso le sumas que, según los fiscales, en tiempos de Rubalcaba se debió pasar como una orden velada en la cual se rebajase el atentado a agente de la autoridad -que tiene pena de cárcel-, a falta -que no existe en el Código Penal- y que se condenara a 30 euros de multa al que agrediera a un policía… de aquellos barros, tenemos estos lodos”.

«El fiscal propone y el juez condena. El resultado son entre 30 y 50 euros», añade.

Por otra parte, también critica que “el consejero de Interior catalán, Miquel Buch, dijese el otro día que iba a hacer investigaciones para ver quién había sido más o menos violento en las cargas policiales”. “Qué poca vergüenza que un mando político-policial, un responsable de la Policía, en vez de ponerse de parte de sus agentes quiera buscar a ver quién ha sido el más violento de ellos en la carrera policial, expresa Perdiguero, y añade que «eso es incontrolable”.

Asimismo, destaca que en estos días atrás, en Barcelona, los mossos han tenido que cargar porque no quedaba más remedio.

También apunta que “teniendo un responsable de la comunidad tan irresponsable como Torra que alienta a los violentos, qué vas a esperar de un mando político”, en referencia al consejero.

Este pasado sábado unos 4.500 mossos se manifestaron en Barcelona por la «dignidad y seguridad de todos”. Durante el recorrido gritaron consignas como «Buch dimisión» y, al pasar por delante de la Jefatura de la Policía Nacional en la Via Laietana, aplaudieron a los agentes que custodiaban la puerta.

‘DENUNCIAS FALSAS POR TORTURA Y MALTRATO’

A la problemática de las agresiones se suma, además, que los agentes, según aseguran los sindicatos, se enfrentan a denuncias falsas.

Cuentan que desde hace unos años «se ha puesto de moda que en muchas intervenciones se denuncie al agente por detención ilegal o por agresiones», y que también «se da de forma constante el ir a juicio como denunciante, y acabar como denunciante y denunciado».

“Esto ya pasaba en tiempos de ETA, que por sistema denunciaban torturas en la detención”, apunta Cobo.

Perdiguero explica que se están dando denuncias falsas por tortura y maltrato. Informa que cuando tienen una persecución, en muchos casos tienen que correr, y que cuando enganchan al sujeto van al suelo con él y “se lesiona tanto el agente como el fulano, que en muchos casos lo que hace es denunciar al policía”.

Aunque los agentes dan parte de las lesiones de ambos, “el malo o le recomiendan o sabe que si denuncia que las lesiones se las ha ocasionado el policía puede que al final salga impune de su posible delito y, en cambio, el agente sancionado».

Dice que también hay casos en los que el policía va a juicio como testigo y sale imputado.

Perdiguero ha venido denunciando desde hace años que en dos juzgados de instrucción de Madrid, en cualquier intervención policial, “iban más a por los agentes que a por los delincuentes», y reclamaba más respaldo judicial en las actuaciones policiales.

Preguntado ahora al respecto dice que últimamente no hay ninguna queja.

“Don Ramiro, el del 6, se ha jubilado”, añade contento. Se refiere a Ramiro García de Dios (Palma de Mallorca, 1946), titular de uno de los dos juzgados a los que se refería.

García de Dios fue durante 30 años titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid y uno de los primeros jueces de control del Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche, en el que ejerció durante ocho años.

Colgó la toga el pasado febrero, y varios sindicatos policiales celebraron su marcha:

«Por fin»; «Un referente en la lucha… en la lucha contra los policías por hacer su trabajo»; «¡Vaya ejemplar!», «No lo digas muy alto no sea que en la próxima remodelación del gobierno le den la cartera de Interior» fueron algunos de los comentarios a esos tuits.

Según cuenta Alfredo Perdiguero, “al policía que le tocase un juicio con Don Ramiro, aún teniendo muy bien hecha la intervención y el atestado temía por dónde pudiera salier este hombre”.

El SIPE no era el único sindicato que decía que había «desasosiego» en el Cuerpo ante «jueces que valoran más las declaraciones del detenido que las de los policías». También lo denunció en su día José María Hernández, entonces portavoz de UGT en la Policía Municipal de Madrid.

REPROCHAN AL GOBIERNO Y A GRANDE-MARLASKA SU ‘FALTA DE APOYO ANTE LAS AGRESIONES’

Otra queja de los sindicatos es la falta de apoyo del Gobierno y el Ministerio del Interior ante las agresiones que sufren, como condenaron, por ejemplo, el pasado julio tras el asalto masivo de la valla de Ceuta por parte de 602 inmigrantes ilegales, subsaharianos.

Los ilegales emplearon cal viva, palos, cizallas, objetos cortantes, esprays como lanzallamas e incluso cócteles molotov, y dejaron a 22 guardias civiles heridos, con quemaduras químicas, ojos inflamados, contusiones y trastornos respiratorios.

Uno de los guardias civiles heridos:

“Nunca ha habido tantos agentes heridos en un salto a la valla y no tuvieron ni una palabra de apoyo ni de Interior, ni de la Guardia Civil, ni del Gobierno. Todas fueron a favor de los inmigrantes”, recrimina el portavoz del SIPE.

También critica que ‘anden missing’ respecto a las agresiones del sábado 29 de septiembre tras la manifestación de Jusapol en Barcelona.

El agente al que rompieron la nariz, un policía nacional de Sevilla conocido como Trejo, fue operado el pasado jueves. “Ni desde el Gobierno ni de Interior lo han llamado para infundirle ánimo”, critica Perdiguero.

Una imagen del agente:

Alberto Baena, portavoz de la Asociación Militar de Guardias Civiles (AMGC), avanza en este diario que su sindicato presentará esta semana una denuncia por los hechos ocurridos el 29-S en Barcelona. Entiende que hubo “vulneración de derechos fundamentales, acoso y agresiones a los guardias civiles y policías nacionales”.

Cabe destacar que Jusapol, la asociación convocante de esa manifestación, ha pedido la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su “silencio cómplice” ante lo ocurrido en aquella jornada.

El pasado jueves celebró una concentración frente a las sedes del PSOE de toda España para reclamar su dimisión por «no condenar» las agresiones a policías nacionales y guardias civiles sufridas en la manifestación. También exigió que se ejecute de forma «real» la equiparación salarial frente a los policías autonómicos.

El pasado miércoles, los agentes volvieron a sufrir un nuevo episodio de ‘acoso’ separatista, a guardias civiles y sus familias.

Unos 400 independentistas se plantaron ante la casa cuartel de Calella, en la Ciudad Condal, al grito de “fuera las fuerzas de ocupación” y llamándolos “torturadores”, entre otras cosas.

‘ESTÁN BUSCANDO UN MUERTO INDEPENDENTISTA, QUIEREN UN MÁRTIR PARA DAR PENA’

Alfredo Perdiguero recuerda que en la manifestación del día 29, “como se ve en las imágenes gritaron a los agentes os voy a cortar el cuello, y dice que ha hablado con muchos de los manifestantes y que todos cuentan que los separatistas buscaban a toda costa el enfrentamiento.

También le trasladaron que si no llega a ser por los Mossos d’Esquadra hubiese habido muchas más cosas graves de las que pasaron. No obstante, Perdiguero ve mal que levantaran el servicio cuando acabó la manifestación y “pasó lo que pasó”.

Indica que lo más difícil de controlar en una manifestación es el final, cuando la gente se dispersa, y que todos los accesos de la plaza estaban tapados por independentistas, que dejaron sólo una vía de salida.

Perdiguero considera que “los separatistas están buscando un muerto de los suyos”. “Quieren tener un mártir para dar pena”, sentencia.

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