El Comité Ejecutivo Regional del Sindicato Confederación Española de Policía (CEP) en Cataluña ha presentado su disconformidad en forma de alegaciones formales contra la incoación del procedimiento de declarar el edificio que alberga Jefatura Superior de Policía de Cataluña como Lugar de Memoria Democrática.
Ello ha dado lugar al incido de una reconfiguración del centro de trabajo de los policías. La CEP, que cuenta con la protección del despacho Durán & Durán Abogados, denuncia que el expediente adolece omisiones esenciales y que se ha tramitado sin garantías y con graves defectos jurídicos.
Además, sostiene que se desatiende las garantías en materia de salud laboral, pues el procedimiento se ha iniciado sin una nueva evaluación psicosocial, pese a que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales obliga a revisar riesgos cuando cambian las condiciones de trabajo.
«Clima de hostilidad y señalamiento público»
El pasado 22 de julio el Gobierno declaró la sede de la Jefatura Superior de Policía, de Barcelona, ubicada en la Via Laieatana, como Lugar de Memoria Democrática por ser un espacio donde se han cometido «crímenes de lesa humanidad o contrarios a los derechos humanos» y por ser «nodo principal de la tupida red de espacios y cuerpos represivos de la dictadura» de Francisco Franco en Cataluña.
Desde la CEP denuncian desde hace años «un clima de hostilidad y señalamiento público», según reza el comunicado. Desde la incoación como Lugar de Memoria Democrática «agrava ese estigma, convirtiendo su centro de trabajo en un símbolo de confrontación política».
«Los policías nacionales están hartos de ser utilizados como moneda de cambio en pactos políticos. No somos culpables de un pasado que no nos pertenece y exigimos
respeto a nuestra labor en democracia», denuncia el sindicato.
La denuncia se articula sobre la base de tres pilares jurídicos fundamentales: el incumplimiento flagrante de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), la falta de objetividad y proporcionalidad en la fundamentación del expediente y la utilización indebida de calificaciones penales de máxima gravedad sin respaldo judicial firme.
Vulneración de la normativa de Prevención de Riesgos Laborales
La acción administrativa del Ministerio ha sido objeto de crítica por su omisión en el cumplimiento de los deberes de protección de la salud laboral de los funcionarios. En el comunicado, la CEP subraya que el procedimiento se inició sin la preceptiva nueva evaluación psicosocial, a pesar de que la LPRL exige la revisión de riesgos cuando se modifican las condiciones de trabajo.
La incoación pública, acompañada de una notable repercusión mediática, ha generado un riesgo psicosocial evidente. Este riesgo se manifiesta a través del señalamiento, la estigmatización y el deterioro del clima laboral, constituyendo un incumplimiento flagrante de la LPRL al ignorar el derecho de los agentes a la protección de su salud.
Un «uso político» de la Ley de Memoria democrática
En segundo lugar se denuncia un uso torticero de la Ley 20/2022 (Ley de Memoria Democrática) dado que su finalidad de pedagogía democrática y pluralidad ha sido pervertida supuestamente para estigmatizar centros de trabajo en activo y sacrificar la dignidad de los policías nacionales.
De este modo, lamentan desde la CEP que esta estrategia responde a intereses políticos y no a criterios de memoria plural.
El Sindicato de policía de Cataluña califica el expediente de manipulación histórica y contrario a los principios de objetividad y proporcionalidad, pues el relato se centra exclusivamente en el uso franquista del edificio ocultando más de cuatro décadas de servicio democrático a la ciudadanía desde 1978.
Esta falta de objetividad se ve comprometida por la centralidad otorgada al informe del historiador y expolítico Xavier Domènech quien tiene conocidos sesgos partidistas y declaraciones de fuerte carga ideológica contra la Policía Nacional siendo «inaceptable basar un procedimiento administrativo de este calado en un dictamen que compromete la credibilidad y neutralidad del expediente», según se lee en el comunicado.
Exceso en la calificación jurídica
El punto de mayor controversia jurídica reside en la inclusión en el expediente de referencias a supuestos delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.
El sindicato subraya que esta tipificación penal, de máxima gravedad jurídica, se utiliza sin respaldo judicial ni fundamento probatorio, ya que ningún tribunal español ni internacional ha dictado resolución firme que califique los hechos vinculados a Vía Laietana bajo esa tipificación.
Marcos Veiras, responsable jurídico de la CEP en Cataluña, señala: «no se puede convertir un procedimiento administrativo en un juicio paralelo porque utilizar acusaciones de delitos gravísimos sin sentencia judicial es un exceso ideológico que solo persigue reforzar la estigmatización del edificio y de los policías que hoy trabajan en democracia».
«Si el Gobierno mantiene este ataque, acudiremos a los tribunales para exigir no solo el respeto a la legalidad, sino también el resarcimiento económico que corresponde a los policías estigmatizados por esta decisión política», advierte el CEP.
Gracias al respaldo del despacho Durán y Durán Abogados, el sindicato verá reforzado su defensa integral de los derechos de los policías nacionales en este procedimiento.
