La Fiscalía del Tribunal de Cuentas sostiene que el hecho de que la Generalitat de Cataluña no se manifieste como perjudicada por la actuación de 34 excargos del Govern «no impide la actuación» del órgano fiscalizador para reclamar 5,4 millones de euros en concepto de responsabilidad contable por el supuesto uso irregular de fondos de la Generalitat de Cataluña para las ‘embajadas catalanas’ y el Diplocat.
En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal jefe de sala Miguel Ángel Torres desestima el recurso presentado por Rosa Vidal Planella, exinterventora de la Generalitat, quien alegaba que en el presente caso «no ha habido perjuicio de tercero», dado que la Administración catalana «ha comparecido para manifestar que no existe perjuicio para la misma».
El Ministerio Público defiende que tal situación «no impide la actuación de la delegada instructora» y se reafirma en jurisprudencia de la propia Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas.
Además, subraya que el acta de liquidación complementaria por el que se fija la fianza a los excargos del Govern «hace referencia a la existencia de presuntos perjuicios causados a la Hacienda de la Generalitat de Cataluña».
En este sentido, el fiscal también recuerda que en el procedimiento que se sigue en el órgano fiscalizador «existen otras partes legitimadas para el ejercicio de la acción contable que están personadas en las presentes diligencias», en referencia a la acción pública –ejercida por Sociedad Civil Catalana y Asociación de Abogados Catalanes– y el propio Ministerio Fiscal.
El Tribunal de Cuentas reclama a 34 ex cargos del Govern –incluidos los expresidentes catalanas Carles Puigdemont y Artur Mas y los líderes independentistas condenados e indultados Oriol Junqueras y Raül Romeva–cantidades individuales por conceptos concretos que aprobaron cuando estaban en sus respectivos puestos de trabajo. Todos deben responder al total de forma solidaria hasta los 5,4 millones de euros.
PLAZO PARA DEMANDAS
Según recoge la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, una vez que se hayan abonado las cauciones y se resuelvan los recursos se dará traslado de la pieza y demás actuaciones al representante de la entidad del sector público perjudicada -en este caso la Generalitat– y las demás acusaciones para que dentro del plazo común de 20 días presenten demanda.
Si no se llega a presentar, se conferirá traslado al Ministerio Fiscal –por el mismo plazo– para que la formule si así lo considera oportuno; en caso de que tampoco presentase escrito, el órgano de la jurisdicción contable a cargo del litigio ordenará de oficio el archivo de los autos.
Una vez finalizada esta instrucción, continuará el procedimiento en el Departamento Segundo de Enjuiciamiento, en manos de la juez Margarita Mariscal de Gante –ministra de Justicia del primero gobierno de José María Aznar–, a la que por turno le correspondió este asunto.
