Desde hace semanas la gran mayoría de Colegios Profesionales de la llamada “Zona Ministerio” y los abogados adscritos al turno de oficio, vienen realizando concentraciones, manifestaciones y comunicados, a la vista de que la Ministra de Justicia, Sra. Delgado, no ordena el pago de los módulos justificados desde Noviembre de 2018
Badajoz, Cartagena, Ponferrada, Zamora y tantos otros Colegios que han salido a la calle a protestar ante ese maltrato continuo y reiterado desde el Ministerio. Maltrato a unos profesionales que realizan una labor social, como es la prestación de asesoramiento jurídico a aquellos que carecen de medios económicos, y la realizan 24 horas al día, los 365 días del año, con una profesionalidad y diligencia dignos de admiración.
Estamos acostumbrados a escuchar las continuas y reiteradas quejas desde esa “Zona Ministerio” pero, ¿qué ocurre en Cataluña? Porque podríamos pensar que la generosa Generalitat está al corriente de pago con los abogados catalanes.
Pero la realidad es otra bien distinta: los abogados catalanes llevan si percibir los módulos justificados en enero, febrero y marzo de 2019.
La Generalitat adeuda todo el 2019 a los abogados catalanes
¿Y qué hacen los Colegios Profesionales de Cataluña y el Consell de l’Advocacia Catalana? Pues podríamos decir que nada, salvo emitir un escueto comunicado a principios de febrero, responsabilizando del impago a la falta de presupuesto.
Seria de esperar que nuestros Colegios Profesionales, nuestro Consell, dedicará sus esfuerzos en que la Generalitat no sólo abonara puntual y mensualmente lo justificado en el mes corriente, sino que luchara porque los módulos de pago fueran dignos, y no permitir que no se haya realizado incremento según el IPC desde 2010, o se haya eliminado trabajos, necesarios en un proceso, de los módulos indemnizatorios.
Y, mientras nuestros Colegios callan, mientras nuestro Consell calla, la Generalitat :
Reabre el Diplocat, ese instrumento de propaganda separatista que ya todos conocemos gracias al Juicio que se está celebrando estos días ante el Tribunal Supremo, un organismo que es receptor de millones de dinero público, pese a no tener presupuestos
Desembolsan 420.000 € para volver a poner en marcha la llamada “embajada” en Washington.
Aprueba una aportación de 20,4 millones de euros para la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales.
Por tanto, no es que no estén aprobados los presupuestos, no es que estén pendientes de no se qué trámites administrativos para hacer la prórroga, sino que la Generalitat destina el dinero que debería estar destinado a cubrir los servicios sociales, como es el turno de oficio, a lo único que es prioritario para este Govern, el “procés”
Y, mientras, los abogados, los que defendemos cada día a los ciudadanos, no vamos a callar, no vamos a guardar silencio ante un atropello más de este Govern a los derechos sociales
