Una ley de amnistía es el secuestro de la democracia

La concesión de la amnistía por parte del PSOE al separatismo, más allá de consideraciones y valoraciones políticas, supone un nuevo golpe de Estado, un golpe a la democracia española y la desaparición, de facto, del Estado de derecho.

Mucho se ha escrito sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la concesión de una amnistía que no está contemplada en nuestro ordenamiento jurídico. Pero poco se plantea que el verdadero riesgo de los pactos que incluye nos llevará, inexorablemente, a la pérdida de los valores básicos de una democracia, a la destrucción de los pilares esenciales de un Estado de derecho: la libertad, la igualdad y la justicia.

Pero, ¿qué significa ser un Estado de derecho del que tanto se habla últimamente?

Cuando un país adopta los principios del Estado de derecho se está sometiendo al imperio de la ley. Es decir, que nadie debe estar por encima de las normas y que el “poder” se encuentra también sometido a ellas.  Y sometido significa que debe actuar conforme a las normas, aplicables a todos los ciudadanos sin distinción y que, por tanto, su vulneración conlleva consecuencias.

El “poder” no está exento de responsabilidad.

A su vez, el derecho, el conjunto de normas de las que se dota la sociedad, debe elaborarse de acuerdo al principio de legalidad. Esto es que sean capaces de poner límites al poder, que este actúe conforme a normas preestablecidas.

Lo contrario nos llevaría a una concepción de Estado totalitario donde las normas se dictan para proteger la actuación de los poderes públicos sin sometimiento de este a nada ni a nadie.

La ley no puede ser un instrumento para que el poder público de turno lleve a cabo sus intereses partidistas. Las normas deben tener la suficiente solidez para proteger a la democracia, deben ejercer la función de control y mantener el equilibrio para que las instituciones de un Estado puedan calificarse de democráticas.

Si habéis llegado hasta aquí adivinaréis que la actuación del gobierno en funciones, las negociaciones con los que perpetraron un golpe de Estado en 2017 en Cataluña, se encuadran dentro de lo que podríamos denominar un “Estado con derecho” donde el poder público no sólo no está sometido a la ley como el resto de ciudadanos, sino que dicta normas para su propia conveniencia, para sus propios intereses.

LAS NEGOCIACIONES ESTÁN LEGITIMANDO EL GOLPE DE ESTADO DE 2017

Sí, existen normas, pero estas no cumplen la función que deben tener para ser consideradas democráticas. No olvidemos que las dictaduras, todas, tienen normas, dictan leyes y no por ello dejan de ser Estados totalitarios sin derechos, sin libertades, sin justicia y sin igualdad.

Las negociaciones, lo que se conoce de ellas al menos, están legitimando no sólo el golpe de Estado, sino aplicando las leyes de desconexión que en el 2017 los mismos socialistas denostaron el Parlament de Cataluña.

Están llevando a cabo una secesión de facto, vulnerando la Constitución. Están deslegitimando a los tribunales, borrando sus sentencias, acordando la desaparición de procesos penales en trámite y otorgándoles una impunidad no sólo borrando el pasado sino permitiéndoles cometer esos mismos delitos a futuro.

Entre esas cesiones se encuentra la creación de un CGPJ en Cataluña designado por el Govern de la Generalitat que nombrará a los jueces y tribunales en esa región; las vías férreas que provocará la desconexión en movilidad con el resto de España; la cesión de los inmuebles del Estado a la Generalitat entre los que se encuentran la comisaría de Policía Nacional, las casernas de la Guardia Civil y los cuarteles del ejército, lo que supondrá la desaparición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y del Ejército de Cataluña.

Sin entrar aquí en la condonación de deuda y otras medidas que irán apareciendo en los próximos días.

Y todo ello tiene más de un poder totalitario que democrático. Y para llevarlo a cabo deben controlar no sólo la legislación, sino también el poder judicial y los medios de comunicación.

En España, desde hace años, el informe GRECO viene advirtiendo que no existe una verdadera independencia judicial cuando el poder político designa el gobierno de los jueces.

Un CGPJ que designa magistrados, que incoa expedientes de sanción, que gestiona el día a día de lo conforma ese poder judicial. Desde hace años muchos juristas venimos reclamando la necesidad de modificar la designación de ese CGPJ.

Y cierto es que a ningún gobierno le ha preocupado ni interesado llevar a cabo una modificación legal que no tiene mayor coste que el de liberar al poder judicial de las intromisiones del poder político.

Hubo una propuesta encima de la mesa presentada en el Congreso por el partido liberal Ciudadanos, pero que lamentablemente no consiguió ver la luz ante la oposición del resto de partidos de la Cámara Baja.

UNA CAMPAÑA CONTRA LA JUDICATURA

A esa falta de independencia del CGPJ se le suma una campaña orquestada desde el poder contra la judicatura. Se señala sin ningún tipo de pudor al juez o magistrado que cuestiona actuaciones del poder, olvidando que es precisamente ese papel de control un principio básico de las democracias liberales.

Esa campaña, como la de blanquear el proceso de la amnistía, no sería posible sin la connivencia de los medios de comunicación públicos, financiados con los impuestos de todos los españoles pero que ejercen de instrumento de comunicación para la instauración del nuevo régimen.

Y también los privados, hiper subvencionados por el poder, que para seguir subsistiendo olvidan las bases del periodismo para convertirse en voceros del poder público.

Unas acciones que cumplen, casi a rajatabla, los principios propagandísticos de Goebbles.

No es baladí lo que esta ocurriendo en España ni debemos sentirnos indiferentes. Nos afecta a todos, porque nos afectará en nuestras libertades, en nuestras carreras, en nuestra decisión de donde vivir, en el acceso a la vivienda, en el crecimiento económico.

Y nos afecta a todos porque perderemos lo que tanto nos ha costado conseguir: una democracia plena.

La amnistía y todo lo que ella conlleva de vulneración de los principios fundamentales de un Estado de derecho provocará la desaparición de facto de la democracia.

Quedará secuestrada hasta que la sociedad civil sea capaz de liberarla.

Y debemos ser capaces de hacerlo si queremos dejarles a nuestros hijos una sociedad mejor, más justa, más libre y más igualitaria. Si no lo hacemos, la herencia que recibirán será la de estar sometidos a un poder totalitario, en el que carecerán de derechos y libertades.

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