Hace mucho, demasiado tiempo que el actual Tribunal Constitucional viene no sólo extralimitándose en sus funciones sino ejerciendo de brazo ejecutor de las querencias del gobierno de turno.
Como otras instituciones del Estado, el Tribunal Constitucional ha sido pervertido por un sistema de partidos donde las prioridades han dejado de ser el respeto a las normas y a los tribunales, la honestidad en el ejercicio de sus funciones y el bienestar del ciudadano como fin último de sus acciones.
Nunca antes el Tribunal Constitucional se convirtió en portada de periódicos, no por su labor de control de la constitucionalidad de las normas, sino por participar de una guerra entre partidos que han colonizado el alto tribunal llevándolo a una falta de credibilidad y de honestidad que provoca que sean cuestionadas todas sus resoluciones.
Vaya por delante, sin entrar en un estudio exhaustivo de las atribuciones del Tribunal Constitucional, que no forma parte del Poder Judicial. Ergo no es una última instancia a la que recurrir para revocar sentencias de tribunales inferiores. No. Es el Tribunal Supremo la última instancia dentro del Poder Judicial.
El Tribunal Constitucional es, debe ser, un órgano de control sobre la constitucionalidad de las normas que crea jurisprudencia en cuanto a la interpretación de la Constitución. Y ello debe hacerlo desde la objetividad y atendiendo no sólo al texto sino al espíritu de la Constitución.
Y nunca, nunca, debe sentirse tentado a interpretarla siguiendo las directrices de uno u otro partido político. Eso supondría y supone una acción inconstitucional del propio Tribunal.
Dejando de lado la controvertida sentencia que revocaba la condena de los ERE y que ha propiciado que la Audiencia Provincial de Sevilla considere elevar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo ocurrido la pasada semana con la llamada Ley de Amnistía es el colofón que convierte en inconstitucional al propio Tribunal.
Durante meses hemos asistido a como se tramitaba una Ley de Amnistía coredactada por los propios beneficiarios. Como se filtraba que en la redacción del prólogo de la ley había participado el propio presidente del Tribunal Constitucional, Conde-Pumpido.
Hemos asistido a que desde el gobierno se anunciase, semanas antes, cuando iba a ser la resolución y su contenido. Y finalmente, a lo que es la mayor regresión institucional, la sentencia sobre la “constitucionalidad” de la Ley de Amnistía.
Y no sólo porque no ha esperado a la resolución del TJUE sobre las cuestiones prejudiciales en trámite, sino porque da valor a una norma que es una ruptura con los principios básicos constitucionales.
Es evidente que las prisas de Conde-Pumpido obedecen, únicamente, a la necesidad de un gobierno, el de Sánchez, de cumplir con las exigencias impuestas por los que ahora se van a beneficiar de la amnistía para mantener a ese gobierno.
Unas exigencias que han venido anunciadas a bombo y platillo y que el presidente del TC ha cumplido: sentencia antes de verano.
Y unas prisas que vienen también derivadas por el temor a que desde el TJUE se decretase la no adecuación al derecho comunitario de la amnistía.
Con esta deriva, el Tribunal Constitucional ha abierto una puerta que nos puede abocar a un oscuro foso donde la excepcionalidad sea la norma, donde otros que vengan después puedan utilizar esa misma vía con idénticos fines.
Abre un régimen jurídico paralelo, perverso, desigual, contrario a los pilares básicos de un Estado de derecho y creando un grupo de privilegiados que, hagan lo que hagan, estarán por encima de las leyes aunque sus acciones sean de extrema gravedad.
El Tribunal Constitucional ha roto con el mandato constitucional de igualdad ante la ley. Ha roto con los principios básicos para los que se creó el alto tribunal. Ha roto, en definitiva, con los pilares fundamentales de nuestra Carta Magna.
Un tribunal que ha roto con todo para servir a los intereses de un partido y sus acuerdos políticos
Va siendo hora que la sociedad rompa con un Tribunal In-Constitucional y que exija su reforma en la elección de sus miembros, su despolitización. Es hora de exigir ética, honestidad e independencia.
Es hora de una revolución cívica que nos lleve a limpiar las instituciones y a recuperar su credibilidad. Es imperativo que esto ocurra para que vuelvan a servir al bien común y no a los intereses partidistas.
